“Ya la primera línea vandálica está amenazando a la ciudadanía”: Uribe tras los disturbios en protestas pro Palestina

Tras dos días de protestas en Bogotá, Medellín y Cali en apoyo a Palestina, que comenzaron de manera pacífica, pero derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques a bienes públicos y privados, bloqueos viales y disturbios frente a la sede de la ANDI, el expresidente Álvaro Uribe publicó en su cuenta de X: “Ya la primera línea vandálica está amenazando a la ciudadanía” y pidió “un Gobierno firme que respete el derecho a la protesta e imponga toda la autoridad para evitar la violencia”.

Las declaraciones del exmandatario Álvaro Uribe Vélez suelen enfocarse en la seguridad ciudadana, la defensa del orden público y la oposición a lo que considera una proliferación de políticas que debilitan la autoridad del Estado.

Las movilizaciones reunieron a decenas de jóvenes en puntos como la calle 72 y la sede de la ANDI. Coberturas periodísticas registraron episodios de vandalismo: grafitis, lanzamiento de objetos contra un CAI y hostigamientos a unidades policiales, así como daños a bienes privados en sectores aledaños.

El desbordamiento de la protesta obligó a desplegar mecanismos de control y a la intervención de unidades antidisturbios. Para dispersar a los manifestantes, se usó agua a presión y gases lacrimógenos en algunos episodios.

La afectación en la movilidad fue inmediata. TransMilenio informó desvíos preventivos y suspensiones parciales en rutas por cierres viales en la calle 72 con carrera 11, en Chapinero, y en zonas cercanas a la Universidad Distrital, lo que, según la entidad, impactó a miles de usuarios en la mañana y la tarde.

La ANDI y gremios como el Consejo Gremial Nacional expresaron su “rechazo” al asedio y pidieron garantías para empleados y afiliados; AmCham Colombia señaló que la protesta no ampara la estigmatización ni la paralización de una organización por motivos ajenos a su misión. Líderes empresariales advirtieron sobre la polarización que rodeó las movilizaciones y exigieron actuaciones que protejan la convivencia y los bienes.

En paralelo, aparecieron denuncias políticas sobre la supuesta participación de terceros en la convocatoria. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, aseguró que un contratista vinculado a la Presidencia estaría detrás de la organización de algunas acciones que terminaron en disturbios; la denuncia motivó llamadas a la Procuraduría y a la Fiscalía para aclarar responsabilidades y determine si hubo coordinaciones irregulares. Las autoridades competentes anunciaron revisiones preliminares.

En el terreno político, la jornada alimentó el debate sobre los límites de la protesta y la responsabilidad del Estado. Voces de la oposición responsabilizaron al Gobierno por lo que definieron como “llamados que polarizan”, mientras sectores sociales y activistas insistieron en separar las convocatorias pacíficas de los hechos vandálicos protagonizados por grupos reducidos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió claridad y acciones para proteger a trabajadores y transeúntes.

Esas movilizaciones se enmarcan en un ciclo de protestas internacionales por la intervención de fuerzas israelíes contra una flotilla humanitaria que buscaba llegar a Gaza; en Bogotá la convocatoria tomó fuerza en redes y terminó generando tensiones entre quienes llaman a la protesta pacífica y grupos que optaron por tácticas de choque contra la fuerza pública o instalaciones privadas.