Tras atentado a Miguel Uribe Turbay, le piden al Gobierno desistir del ‘decretazo’ de la consulta popular: “no es momento”

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, emitió un comunicado instando al gobierno del presidente, Gustavo Petro, a que desista de la consulta popular, ya hundida en el Senado y con intenciones del Ejecutivo de imponerla por decreto.

“Los señalamientos personales, lenguaje confrontacional y desilvanada respuesta del presidente alimenta un clima hostil que no es compatible con la responsabilidad del cargo”, señaló el presidente del Partido Liberal.

“Este no es un momento para ahondar las divisiones ni para alimentar tensiones políticas que pongan en riesgo la estabilidad institucional. La democracia exige serenidad, respeto por las reglas y un compromiso colectivo con el bien común. Pese a este contexto de dolor y conmoción, el Gobierno nacional ha insistido en sacar adelante, de manera ilegítima, una consulta popular que profundiza el clima de confrontación y erosiona el orden democrático. Incluso después del atentado contra el senador Miguel Uribe, el Gobierno ha reiterado públicamente que continuará adelante con la convocatoria de la consulta popular. Estas afirmaciones, lejos de convocar a la reflexión nacional, minimizan el impacto del atentado e insisten en una ruta de confrontación política en un momento de profunda sensibilidad democrática”, agregó.

En entrevista con SEMANA, Eduardo Montealegre, el nuevo ministro de Justicia de Petro, reveló los detalles del polémico decreto de la consulta popular: “La votación sería el 7 de agosto”. Previo al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, el nuevo jefe de la cartera dijo que la consulta popular va o va.

“Será el 7 de agosto de 2025. Es un hecho simbólico, es la Batalla de Boyacá, es nuestra independencia”, agregó Montealegre.

Bajo dicho contexto, el expresidente Gaviria dijo que el Gobierno debe desistir, dada la coyuntura del país.

Su pronunciamiento completo:

Comunicado del Expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal Colombiano

Sobre la violencia política y la defensa del orden constitucional

Expresamos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad con la familia de Miguel Uribe Turbay. Su figura representa una generación comprometida con Colombia y con los valores democráticos. Su voz, aun en la diferencia, ha defendido la posibilidad de una nación donde sea posible disentir con respeto, tender puentes y construir desde el diálogo. Nada justifica la violencia política como respuesta a las ideas.

Lo ocurrido no es solo una tragedia personal, es una amenaza directa a la democracia y al respeto por la diferencia. En un momento como este, resulta imprescindible rechazar no solo los actos de violencia, sino también la retórica pública que los alienta o los legitima. Los señalamientos personales, lenguaje confrontacional y desilvanada respuesta del presidente alimenta un clima hostil que no es compatible con la responsabilidad del cargo.

Este no es un momento para ahondar las divisiones ni para alimentar tensiones políticas que pongan en riesgo la estabilidad institucional. La democracia exige serenidad, respeto por las reglas y un compromiso colectivo con el bien común. Pese a este contexto de dolor y conmoción, el Gobierno nacional ha insistido en sacar adelante, de manera ilegítima, una consulta popular que profundiza el clima de confrontación y erosiona el orden democrático. Incluso después del atentado contra el senador Miguel Uribe, el Gobierno ha reiterado públicamente que continuará adelante con la convocatoria de la consulta popular. Estas afirmaciones, lejos de convocar a la reflexión nacional, minimizan el impacto del atentado e insisten en una ruta de confrontación política en un momento de profunda sensibilidad democrática.

El Procurador General de la Nación hizo un pronunciamiento contundente durante la Asamblea de la Asociación Bancaria, conminando al Gobierno a respetar el concepto desfavorable del Senado a la convocatoria de la consulta. Con razón advirtió que el Ejecutivo no ha logrado demostrar que se cumpla el requisito exigido por el artículo 104 de la Constitución, que exige “previo concepto favorable del Senado”. Como explicó el Procurador, no hubo concepto favorable, sino una decisión negativa del Senado. Pese a ello, el Gobierno ha anunciado su intención de expedir un decreto de convocatoria, en un acto abierto de desacato institucional.

El episodio en que el Ministro del Interior increpó al Secretario del Senado con gritos y manoteos —al punto que la senadora Pizarro tuvo que interponerse físicamente— refleja el nivel de presión que se ejerce desde el Ejecutivo. A ello se suma la presentación de una nueva solicitud al Congreso, con preguntas adicionales sobre reforma a la salud, en un contexto de evidente improvisación. Todo esto subraya el afán del Gobierno por desconocer la vía institucional.

La posición del Procurador General —quien fue Secretario del Senado por más de una década y fue ternado por el propio Presidente Petro— es especialmente significativa. Recordó que la Procuraduría tiene funciones disciplinarias sobre los ministros que firmen un decreto inconstitucional, incurriendo en faltas disciplinarias y penales. La presión presidencial no exime a cada ministro de su responsabilidad individual ante la ley.

Aún más preocupante resulta que el Presidente haya condicionado la permanencia de sus ministros a la firma del decreto de convocatoria, declarando públicamente que “ministro que no lo firme se va”. Esta amenaza no solo vulnera el principio de autonomía del gabinete, sino que constituye una forma de presión indebida en el marco de la legalidad democrática.

El Procurador también hizo un llamado a la serenidad institucional y a permitir que la administración de justicia se pronuncie. El Ejecutivo no puede usurpar funciones de los jueces ni de las altas cortes. Como lo señaló el Consejo de Estado, la negativa del Senado constituye un acto definitivo, y, por tanto, la convocatoria unilateral por decreto carece de legitimidad constitucional.

A pesar de ello, el Gobierno ha invocado una reciente decisión judicial, resultado de una tutela, que ordena repetir la votación en el Senado. Esta tutela ha sido presentada como aval para insistir en la consulta, pero no anula la decisión negativa previamente adoptada por la Cámara Alta, ni suple el requisito de concepto favorable exigido por la Constitución.

A su vez, el Presidente de la Corte Constitucional reiteró que este tribunal tiene jurisdicción previa sobre las acciones y decretos equiparables a normas de rango legal, dejando en claro que no es admisible someter el orden constitucional a decisiones posteriores a la votación popular. Su posición respalda el consenso jurídico e institucional que ha emergido esta semana frente al intento del Gobierno de violar abiertamente la Constitución y pisotear los principios del Estado social de derecho.

El Presidente ha intentado justificar sus acciones afirmando que “el poder presidencial es poder del pueblo”, desdibujando peligrosamente los límites de su mandato constitucional. No puede erigirse en única voz del pueblo para invalidar los contrapesos institucionales. La democracia se construye desde el pluralismo, no desde la imposición.

Todos coinciden en que los recursos públicos deben destinarse a prioridades reales del país, y no a una consulta que solo busca revivir la fallida “Constitución Petro” a través de mecanismos que eluden los controles constitucionales. Cuando se ataca la legitimidad del Congreso y se alienta la polarización desde el poder, se profundiza el ambiente de confrontación que propicia actos de violencia como el que hoy lamentamos.

Presidente Petro, usted juró cumplir y respetar la Constitución de 1991. Le instamos a honrar su juramento. No menoscabe el Estado de derecho. Quebrantar la regla fiscal también representa una desviación grave de sus deberes como jefe del Estado. Aún hoy, usted no ha atendido las deficiencias que padecen millones de colombianos pobres y desposeídos —las mismas personas en nombre de las cuales dice gobernar—. Su política de “paz total” necesita un redireccionamiento sustantivo, o nos enfrentaremos nuevamente a los peores momentos de nuestra historia reciente.

La polarización impulsada desde el Ejecutivo es incompatible con la construcción de paz. El momento exige responsabilidad, respeto a la institucionalidad y compromiso con la democracia.

Cesar Gaviria Trujillo

Director del Partido Liberal Colombiano

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025.