Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, publicó un documento y pidió “ayuda al activismo ciudadano para ejercer vigilancia e investigar autoría de la sentencia”

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó este viernes, 1.º de agosto, un fuerte cuestionamiento sobre la reciente sentencia judicial contra su padre, con la que lo condenaron a 12 años de prisión domiciliaria, al señalar presuntas irregularidades en la elaboración del fallo. A través de su cuenta de X, pidió al “activismo ciudadano” ejercer vigilancia e investigar la autoría del documento.

“El archivo de la sentencia contra Álvaro Uribe no es el original. Los metadatos muestran que solo transcurrió un minuto y 11 segundos entre creación y edición”, escribió. Además, puso en duda que la jueza Sandra Heredia hubiera podido redactar un fallo de 1.115 páginas en apenas 15 días y afirmó que el contenido es “idéntico a la teoría del magistrado Reyes”.

Tomás Uribe también denunció que la sentencia cita un documento (AEI0047) de la Sala de Instrucción que no habría sido publicado oficialmente, y cuestionó si actores políticos como el magistrado César Reyes o el exfiscal Eduardo Montealegre “participaron en la elaboración de la sentencia” o han mantenido contacto con la jueza Heredia.

“¿Participaron el magistrado Reyes o el ministro de Justicia de Petro Dr. Montealegre en la elaboración de la sentencia? ¿Mantuvieron contacto con la juez Heredia o mantienen contacto con jueces de otras instancias relevantes para el proceso?“, se cuestionó Uribe en la publicación.

“Por favor, enviar información por DM”, concluyó Tomás Uribe en lo que fue un llamado a la ciudadanía a aportar pruebas que permitieran corroborar sus hipótesis.

La condena

En un documento de 1.114 páginas quedó consignado el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La sentencia, que fue leída este viernes, señala la responsabilidad penal del exmandatario en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La jueza 44 de conocimiento de Bogotá fijó la sentencia en 12 años de prisión. Igualmente, se le impuso la inhabilidad para ocupar cargos públicos y el pago de una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes.

La jueza le concedió al exmandatario la detención domiciliaria. Para esto, se tuvo en cuenta la dirección que anexó el procesado en el expediente.