Senadores indicaron que tienen todo listo para debatir la Ley del Sometimiento, aunque con varias críticas

El martes 21 de febrero, desde el Senado de la República, los legisladores indicaron que tienen todo preparado para empezar a debatir el proyecto de la Ley de Sometimiento.

La Comisión Primera de Senado será la encargada de tramitar la Ley de Sometimiento, la cual buscará que las organizaciones criminales de gran impacto se sometan a la justicia, para que sean un gran paso de cara a la política de ‘paz total’ propuesta por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa está en revisión del Consejo de Política Criminal previa a su radicación formal.

En su interior, la ley incluye un sistema de condiciones para el desmantelamiento de las estructuras criminales, teniendo como eje central a las víctimas, la participación de sus redes de apoyo y las economías ilegales.

El senador de la Alianza Verde, miembro de la Comisión Primera de Senado y ponente del proyecto, Ariel Ávila, indicó que esta ley contempla penas más altas a las que se establecieron con la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el paso. En ese orden de ideas, afirmó que serán de entre seis a ocho años de cárcel, sumado a cuatro años de justicia restaurativa para un total de entre 10 y 12 años de condena.

Otro aspecto importante de esta normativa radica en que si la persona de estas estructuras cumple la condena total y el grupo armado al que pertenecía firma el acta colectiva de sometimiento a la justicia, podrá ser dejado en libertad.

Durante su intervención, Ávila puntualizó que: “la ley tiene ocho puntos centrales: Uno es que tenemos doble candado para evitar colados; un primer candado es que una vez la estructura armada criminal de alto impacto firme un acta de sometimiento colectivo y se comiencen a firmar las actas de sometimiento individual”.

Por otro lado, manifestó que esas actas la recibiría el Alto Comisionado para la Paz y, posteriormente, estarán a disposición de la inteligencia de la policía, inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia. Las autoridades competentes serán las responsables de excluir personas, dependiendo de la información recolectada en las firmas. Después de este filtro, las listas son suministradas a la Fiscalía General de la Nación, la cual también tendrá competencias para excluir a quienes considere que no cumplen con los requisitos para adherirse a la normativa.

“La palabra extradición no se incluyó, no se realizó ningún cambio al tratado de extradición, no se menciona la garantía de no extradición. Lo que se estableció es que llegado el momento y avanzado el proceso, es posible que los dos ejecutivos, el Gobierno Colombiano y el de Estados Unidos, conversen sobre el tema”, aclaró el senador.

Por su parte, la Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó a través de sus redes sociales su inconformismo frente a este proyecto. En su cuenta de Twitter, señaló que con esta ley habrá una excarcelación masiva de las bandas criminales. “Los narcos están de fiesta, terminarán pagando menos cárcel que los paramilitares y el Gobierno los autoriza a quedarse con parte de su patrimonio y, más grave aún, no se establecen sanciones severas en caso de incumplimiento, solo se les retiran los beneficios”, sostuvo la congresista.

También afirmó que el hecho de aprobar el proyecto implicará que se les da un beneficio que representa el pago por delinquir. Según lo señalado por Valencia, los criminales se podrán quedar con el 6 % de las rentas obtenidas en la ilegalidad. “Además, el Gobierno quiere negociar con las bandas criminales durante todo su mandato; 3 años de plazo para someterse a la justicia, ¿vamos camino a la Gobernabilidad? ¿Licencia para delinquir sin respuesta del Estado?”, puntualizó.

Adicionalmente, el senador Alfredo Deluque también dio su punto de vista frente a este proyecto, indicando que el articulado un tránsito complejo en el Congreso: “Esperamos que el debate sea positivo y abierto y, sobre todo, que no tenga cabida la impunidad”, afirmó en su intervención.

Cabe mencionar que el presidente del Senado, Roy Barreras, ha sido uno de los principales defensores el proyecto. En la jornada del 21 de febrero reiteró que la aprobación del mismo es fundamental para combatir el narcotráfico y avanzar en el cumplimiento de la ‘paz total’.

“El proyecto de desmantelamiento de estructuras criminales es un gran paso en el sentido correcto, en el propósito de la ‘paz total’ que quiere el presidente Gustavo Petro para Colombia. Gracias por preservar Justicia Ordinaria. La radicación del proyecto acaba con negociaciones oscuras”, recalcó. En las últimas horas, desde el Legislativo le pidieron al Gobierno Petro que, una vez se radique la iniciativa, haya mensaje de urgencia para tramitar de manera expedita esa iniciativa.