POLÍTICA
Senado exige medidas estructurales ante grave crisis del sector arrocero: pérdidas millonarias y miles de familias al borde del colapso
El senador Carlos Julio González Villa advirtió que el paro arrocero refleja un colapso económico inminente en el Huila y Tolima. Una proposición de su autoría, aprobada en el Senado, exige al Gobierno la adopción de medidas urgentes y control político.
El paro arrocero no da tregua y tiene prácticamente incomunicado el sur con el centro del país. En algunos municipios del Huila y el Tolima la obstrucción en las carreteras es total. Pasan los días y el Gobierno y los arroceros no parecen ponerse de acuerdo, mientras las pérdidas en todos los sectores económicos son millonarias.
El Senado aprobó una proposición presentada por el senador Carlos Julio González Villa que exige respuestas urgentes y estructurales frente a la crisis del sector arrocero colombiano, cuyos efectos ya amenazan la estabilidad económica de miles de familias.
La razón principal de la crisis actual del sector arrocero es la drástica caída en el precio del arroz paddy, que se ha ubicado muy por debajo de los costos reales de producción, los cuales superan los 9 millones de pesos por hectárea.
Esta diferencia ha generado pérdidas promedio cercanas a 1,5 millones de pesos por cada hectárea sembrada, llevando a miles de familias campesinas a una grave situación.
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“El paro arrocero es la expresión de un sector que ya no resiste más. No se trata solo del arroz, se trata de la estabilidad económica, la seguridad alimentaria y la confianza en las instituciones. Defender al arroz es defender la vida rural, el trabajo digno y la soberanía alimentaria del país”, expresó González Villa.
Sin embargo, el problema no se reduce únicamente al precio. Existen factores estructurales que han profundizado la crisis y revelan un deterioro prolongado del sistema productivo nacional.
Entre ellos, la avalancha de importaciones subsidiadas que saturan el mercado local, desplazando la producción nacional. A esto se suma el contrabando descontrolado, que debilita el comercio formal y rompe las condiciones de competencia.
La concentración del poder en manos de la agroindustria molinera también ha derivado en prácticas abusivas que manipulan los precios en detrimento del productor.
Además, la situación se ve agravada por el sobreendeudamiento crónico de los agricultores, que enfrentan enormes barreras para acceder a créditos justos y oportunos.
Frente a este panorama, el senador González Villa ha planteado líneas de acción decisivas para atender la crisis.
“La más importante es la exigencia al Gobierno Nacional de adoptar medidas estructurales de manera inmediata. Entre estas se destaca la propuesta de establecer un precio mínimo regulado que garantice la rentabilidad del productor y lo proteja frente a la especulación y los abusos de mercado”, indicó.
También se plantea la necesidad urgente de aplicar salvaguardias comerciales y ejercer un control riguroso contra el contrabando, en defensa de la producción nacional.
Otra de las acciones clave es la creación de un Sistema Nacional de Mercadeo Agropecuario, que permita regular el mercado, romper con las prácticas oligopólicas existentes y garantizar una cadena de comercialización justa y transparente.
Junto con esto, se propone un plan de alivio financiero que permita a los productores acceder a crédito con condiciones favorables y periodos de gracia, aliviando así la asfixia económica que enfrentan actualmente.
González Villa también propuso la conformación de una Comisión Accidental integrada por congresistas de los departamentos más afectados, con el objetivo de hacer seguimiento a la mesa de negociación, servir como canal directo de interlocución con las regiones y proponer acciones legislativas que apunten a una solución de fondo.
Y como parte de las acciones propuestas, plantea convocar a un control político al Gobierno Nacional, citando a las ministras de Agricultura, Hacienda, Comercio e Interior, así como a la Superintendencia de Industria y Comercio.
“El propósito de esta citación es que rindan cuentas al Congreso y al país sobre el incumplimiento de los acuerdos firmados con el sector en 2024 y 2025, detallen las acciones adoptadas y previstas frente a la emergencia actual”, puntualizó González Villa.
