Se acabó la luna de miel: la reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán evidencia una crisis en su relación con el Concejo de Bogotá

El ambiente en el Concejo de Bogotá no está para nada fácil y, al parecer, los cabildantes se han puesto en la tarea, casi dos años después, de pasarle revista al plan de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán. Un escenario que pareciera no favorecerle mucho a la próxima discusión de la reforma tributaria del alcalde o, como la llaman desde la administración, “el Acuerdo para la Equidad y la Inversión”.

El alcalde Galán radicó un proyecto de Acuerdo ante el cabildo distrital con el que pretende modificar las reglas del juego con las que los bogotanos pagan sus impuestos, además de crear el Estatuto Tributario Único Distrital, que simplificará los procesos impositivos y creará un marco normativo que brinde seguridad jurídica al nuevo modelo.

Aunque la promesa del alcalde Galán con este proyecto es lograr atraer más de 77 billones de pesos en inversión y crear cerca de 200.000 empleos formales en los próximos años, lo cierto es que parece ser que las mayorías que tenía en el Concejo de la ciudad ya no están tan firmes con la alcaldía, lo que podría poner en riesgo el futuro de ese proyecto.

La propuesta contempla tres grandes frentes: por un lado, la simplificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que pasará de 13 a 4 tarifas y beneficiará principalmente a micro y pequeñas empresas, junto con un ajuste al impuesto predial que reducirá la carga para más de la mitad de los hogares de estratos 1, 2 y 3.

A esto se suman incentivos a nuevas inversiones productivas en 92 sectores estratégicos, como industria, salud, TIC e industrias creativas, mediante exenciones progresivas del ICA por hasta 10 años, con el objetivo de atraer capital extranjero, generar empleo y dinamizar el PIB.

Finalmente, el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto busca consolidar a El Dorado como un polo logístico y empresarial, ofreciendo un régimen especial de beneficios tributarios a grandes inversiones que se traduzcan en proyectos estratégicos y la creación de miles de puestos de trabajo.

En el análisis de estos tres puntos cabe de todo. Pero lo principal es que tanto amigos del gobierno distrital como quienes se han declarado en oposición desde el inicio aseguran que en el proyecto no está clara la forma en que las modificaciones beneficiarán a las micro y pequeñas empresas, ni a las economías populares; en cambio, bajo la lupa del Concejo, sí es muy beneficiosa para el “capital privado y extranjero” de gran tamaño.

Pero la discusión técnica no es la única ni la más grave, porque esa se dará naturalmente en el debate; lo que preocupa aquí es que las fuerzas políticas del Concejo no están caminando al ritmo del alcalde.

Por ejemplo, esta semana uno de sus alfiles clave, el vicepresidente de la corporación, Juan David Quintero, se declaró en independencia después de ser uno de los más fieles al proyecto de Galán, incluso siendo parte de la coalición de gobierno entre En Marcha y el Nuevo Liberalismo.

Quintero aseguró que se aparta de la administración por el incumplimiento al plan de desarrollo, la crisis de las basuras y por sus diferencias con la reforma tributaria que pretende el alcalde.

En ese mismo terreno de juego están otros concejales como María Victoria Vargas, del Partido Liberal, que también retiró sus banderas y se declaró en independencia. Pero ella fue más allá y aseguró que es una “falta de respeto” que Galán los cite a su despacho para explicarles el proyecto luego de que no los habría querido recibir en todo el tiempo que lleva de administración.

Aunque el alcalde todavía tiene fuerza en las mayorías, lo cierto es que varios, en la sombra, tienen reparos con la reforma tributaria, con el incumplimiento del Plan de Desarrollo y con la forma en la que la administración ha llevado las relaciones con el Concejo.

Ahora bien, el otro monstruo que presiona el trámite de la reforma es el tiempo. Las sesiones ordinarias acabarán el próximo 7 de septiembre y la administración no ha podido presentar el proyecto y abrirlo a observaciones; el próximo lunes es el plazo máximo para que los ponentes radiquen su ponencia y tendrán que hacerlo sin que la administración lo haya presentado oficialmente.

De no ser así y teniendo en cuenta las recusaciones e impedimentos y la falta de quorum que hay en el Concejo por estos días de fin de mes, la administración tendría que esperar hasta noviembre, cuando se abran de nuevo las ordinarias, para discutir el proyecto en plenaria y, eso, contando con que logren pasar el primer debate antes del cierre de septiembre.