Salud Hernández-Mora revela las tensiones que se viven en una mina, en Boyacá, que fue propiedad del esmeraldero Hernando Sánchez. Esta es la historia

No todos lamentaron su muerte. Algunos la celebraron. Pero los entrevistados coincidieron en que el asesinato de Hernando Sánchez en el norte de Bogotá, el pasado domingo 6 de abril, por el disparo de un francotirador, no tiene relación con la convulsa situación que vive en la actualidad Coscuez, la mina que en los 70 producía el 90 % de todas las esmeraldas que se vendían en el mundo.

Enclavada en el municipio de San Pablo de Borbur, en el occidente de Boyacá, atraviesa tiempos tormentosos por el enfrentamiento entre los mineros tradicionales y la empresa Fura Gems, con sede en Dubái. En 1995 la multinacional compró Coscuez al fallecido Sánchez, venta que algunos de sus paisanos le reprocharon por haberlo hecho a sus espaldas y dejarlos sin el sustento.

Y gracias a la ampliación de 30 años del plazo inicial de la concesión, tendrán hasta 2050 para extraer los 60 millones de quilates del valioso mineral que, según la Federación Nacional de Esmeraldas, aún guardan las entrañas de Coscuez.

Y no son los únicos que escarban esa tierra. Miles de mineros informales se lanzaron a buscar esmeraldas por los alrededores de la propiedad de Fura Gems. El aluvión humano provocó que la Policía Nacional realizara operativos para cerrar las bocaminas, una intervención que derivó en disturbios.

“Tengo 59 años y conozco Coscuez desde hace 38 años”, explica un minero de Borbur, que prefiere mantener el anonimato. “El sustento de nosotros es la minería, no sabemos hacer nada más”. Los nuevos dueños, asegura, al principio permitieron trabajar a la comunidad en lugares que no interferían con su explotación. Eran unos 1.200 mineros de San Pablo Borbur y Otanche y abrían huecos en las laderas mientras la empresa perforaba cientos de metros de profundidad con tecnología de punta.

Pero los extranjeros, a su juicio, incumplieron el acuerdo y el multitudinario arribo de gentes de otras partes y de Venezuela, desbordó la situación y mandaron a Unimic (Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Criminal) para desalojarlos.

“Somos un combo de gente que nos mantenemos guaqueando, no somos delincuentes”, agrega el minero, resumiendo el sentir general. “No queremos un conflicto con la Policía ni con Fura ni con nadie. Aquí ya hubo una guerra tremenda, un derramamiento de sangre muy duro. Hoy día esto es tranquilo y así queremos que siga”.

Se refiere a la llamada guerra de las esmeraldas, con miles de muertos, que enfrentó a los patrones del momento —Carranza, Triana, Molina, Murcia, Gacha— hasta que firmaron una paz que cumplirá 35 años en julio próximo. “En la época dura, de extrema violencia, unos terminaron en el cementerio, otros en la cárcel y a otros les tocó irse. Algunos fuimos pájaros (escoltas de un patrón) con fusil”, admite un nativo de San Pablo de Borbur. “Pero la guerra se acabó, fue un proceso de paz de palabra, de los patrones con la ayuda de la Iglesia, sin intervención de los gobiernos. Y vivimos en paz desde entonces”.

Por eso no entienden que hayan mandado a Unimic. “Ese cuerpo policial es para combatir la maquinaria amarilla, en zonas de minería ilegal de oro que financian a grupos al margen de la ley. Acá ni tenemos esos grupos armados, ni maquinaria grande. La gente trabaja con taladros, ventiladores y extractores pequeños”, señala Óscar Yair González, de Sintraesmeralda. “Acá son unos 7 mil mineros desplazados de pueblos del Occidente de Boyacá porque es el único sitio donde aún hay mina para la gente”, anota González. “Todos viven de la ilusión de sacar una esmeralda y poder tener una casa, una vida mejor”.

A media hora del casco urbano de San Pablo de Borbur, en Coscuez, se encuentran mujeres jóvenes y adultas, y hombres de la tercera edad escarbando y lavando el estéril de los cortes. No pierden la esperanza de encontrar una piedra verde que se les haya pasado desapercibida a todos los anteriores eslabones de la cadena minera. Aunque lo normal será dar con chispitas (diminutas esmeraldas) para hacer el mercado del día, si han tenido suerte, o irse con las manos vacías.

También los que trabajan en los 150 o 200 túneles que existen en toda el área sueñan con un golpe de fortuna. En lugar de salario, los planteros (inversores que destinan un mínimo de 100 millones de pesos en madera para afianzar los túneles, en maquinaria y explosivos) les dan la comida y dormida en campamentos, así como el 15 % del valor de las esmeraldas que saquen, y les permiten quedarse con las chispitas.

Pero ahora todos andan inquietos por las intervenciones de la Policía. “Ya nos quitaron dos ventiladores y demoramos cinco días en recuperarlos”, dice un minero y señala dos camionetas policiales a unos quinientos metros de distancia, en un corte vecino. Cargan la maquinaria incautada y se marchan. “Les tocará ir a la inspección de policía de Santa Bárbara (vereda cercana) para pagar y que los devuelvan”.

Entretanto, al pie de la montaña, a escasos metros de varios huecos, una retroexcavadora de Fura Gems recoge el estéril. “Ellos hacen túneles gigantes, cabe una volqueta, no como en nuestros cortes, que tenemos que ir agachados en un espacio reducido. La de ellos es minería a gran escala y, la nuestra, a pequeña escala”, alega un minero local. “Se llevan las esmeraldas de nuestra región, que muchos trabajamos desde niños, a un país que ni conocemos”.

También critican la política laboral de la compañía. “La única forma en la que nosotros hemos logrado que den unos puestos, pocos, a la comunidad, es con paros”, afirma Albeiro León, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector El Silencio. “La empresa no quería contratar gente de la región porque alegaban que somos guaqueros, creen que porque tenemos conocimiento de la extracción de minerales llegamos a la multinacional a robarles las esmeraldas”.

Lo mismo piensa Fabián González, un universitario natural de Borbur. “Aunque nos preparemos como profesionales, prefieren contratar gente externa de la región. Dicen que somos como nuestros padres, como nuestros abuelos, como nuestros ancestros, que nos robamos la esmeralda. Y que vamos a hacer trampas y no vamos a permitir que trabajen con tranquilidad”.

Fura Gems, por su parte, ha transmitido que el 80 % de su fuerza laboral es local, que benefician de manera indirecta a más de 20 mil personas de San Pablo de Borbur y Otanche, y aportan el 15 % de sus ingresos brutos en regalías y un porcentaje idéntico en inversión social. Pero la empresa no decide el destino de los fondos y la mayor parte se queda en el camino, no llegan a la región.

“No tenemos agua potable, las vías están mal. La multinacional lleva 6 o 7 años y no se ve un plan de trabajo social que impacte. A ellos solo les importa la esmeralda”, alega Yolima Cruz, líder de la Fundación Mujeres con propósito de Boyacá. “Hay unas 500 mujeres en la minería artesanal en Coscuez”.

Considera que las mesas de diálogo entre todas las partes será la única manera de encontrar una salida a una problemática social que viene de lejos. Y admite que requiere años cambiar la mentalidad de pobladores con alma de mineros, que cada mañana amanecen pensando que ese día tendrán un golpe de suerte y hallarán la deseada esmeralda. Aunque luego malgasten el dinero en trago y fiesta.

Y aunque los asesinatos en Bogotá de potentes esmeralderos empañen la imagen de una región estigmatizada por una guerra pasada, “esta zona tiene muchos tesoros ocultos que la gente no conoce, no solo las esmeraldas. Y la paz que tú vives acá es muy bonita”, señala Álex Mayorga.

Hijo de un esmeraldero ya fallecido, retornó a Borbur, donde nació, para explotar una finca agrícola. Es consciente de lo difícil que resulta cambiar una cultura minera impresa en el ADN local. El aguacate, el cacao y el turismo serían alternativas en una bella y pacífica región montañosa, de un verde intenso, cuna de la esmeralda, uno de los símbolos del país.