Rechazo nacional por plan pistola contra policías y soldados: van 18 asesinatos en diferentes regiones

Hay alerta máxima en Colombia por el plan pistola que activaron los grupos armados ilegales en contra de los miembros de la fuerza pública en diferentes regiones. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, 18 uniformados han sido asesinados en las últimas dos semanas y avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Hay rechazo nacional.

La información preliminar advierte que el Clan del Golfo está pagando altas cantidades de dinero a cambio de atentar en contra de soldados y policías, mientras que las disidencias de las Farc y el ELN lo están haciendo por cuenta propia. El hecho más reciente, adjudicado a los hombres de alias Calarcá, dejó a seis militares muertos en el departamento de Guaviare.

Diversos sectores de la política se han pronunciado por esta ola de violencia y emitido duras críticas a la política de la paz total del Gobierno nacional, pues se ha considerado que las estructuras delincuenciales habrían utilizado las negociaciones para fortalecerse y ahora contarían con supuestos imperios para enfrentarse a la fuerza pública con mayor contundencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reprochó los beneficios del Ejecutivo a los ilegales: “Antioquia, los criminales son eso, criminales y asesinos. Los nuevos ataques a la fuerza pública en el departamento demuestran que tenemos razón. La paz total fracasó. De nada ha servido contemporizar con bandidos”, redactó en su cuenta de X en las últimas horas.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se pronunció sobre la más reciente masacre de militares a manos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, a quien el presidente Gustavo Petro les otorgó la suspensión de operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública: “A estos seis héroes los mataron en nombre de la paz total de Petro. El cese bilateral decretado por Gustavo Petro tiene por consecuencia esta tragedia que enluta al país. El país no puede seguir viendo cómo se premia bandidos mientras matan soldados”.

Los hechos también han sido rechazados por el Gobierno nacional: “Asesinar a un militar o a un policía es un grave delito que, según la legislación colombiana, acarrea penas de hasta 37 años de prisión, independientemente de que los grupos armados ilegales digan que cumplen el Derecho Internacional Humanitario. Hoy más que nunca debemos actuar con fortaleza, cohesión, resiliencia y vigor para seguir protegiendo a Colombia”, agregó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.

Igualmente, la bancada del Pacto Histórico se manifestó: “Rechazamos enérgicamente estos actos violentos que atentan contra la vida, la seguridad y la integridad de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, trabajan por la protección de todos los colombianos. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones necesarias que permitan identificar y judicializar a los responsables”.

También habló la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, refiriéndose al ataque de los seis militares en Guaviare: “Condolencia impotente ante el dolor irreparable para los familiares de los soldados asesinados. Recuperar con vida a los soldados secuestrados y hacer justicia con los criminales es el deber del Estado y las instituciones. Ojalá nada distrajera la atención a trivialidades”.

Para acelerar el proceso de investigaciones, el Ministerio de Defensa y las administraciones departamentales están dispuestos a pagar altas sumas de dinero a cambio de información que facilite el desarrollo de las investigaciones. Las situaciones más críticas se mantienen en Antioquia, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Guaviare.