Política
Protegidos de la UNP, en riesgo: intimidaciones, secuestros y asesinatos afectan a custodiados por el Estado
Uno de los casos es el de Nawar Jiménez, víctima de feminicidio, quien pertenecía a una comunidad sujeto de protección.
Las personas que han solicitado protección al Estado colombiano están terminando secuestradas o asesinadas sin que las instituciones del país les brinden la protección que necesitaban.
El caso más reciente se documentó con el feminicidio de Nawar Jiménez, una mujer trans y lideresa social de El Carmen de Bolívar, quien fue asesinada el pasado 22 de mayo, en zona rural del municipio, y quien había participado en los procesos de reparación colectiva para la comunidad LGTB de ese departamento.
Desde septiembre de 2024 comenzó un proceso para estudiar el nivel de riesgo de Jiménez y solo hasta abril de 2025, siete meses después, se firmó la resolución en la que se constató que la comunidad LGTBI del municipio de El Carmen de Bolívar tenía un nivel de riesgo extraordinario, entonces, se determinó adoptar medidas de protección para estas personas. Esa evaluación fue de carácter colectivo.
El documento que constató el nivel de riesgo de esa comunidad fue firmado por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, el 15 de abril de este 2025, pero la medida de protección que determinaba que los representantes de esta comunidad debían tener protección especial, que se brinda con herramientas como un vehículo de seguridad y escoltas, no fue suficiente para cuidar la vida de Jiménez.
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Otro caso es el del director de Codechocó, Arnlold Alexander Rincón López, quien fue secuestrado el pasado 26 de abril mientras se transportaba por zona rural de Chocó, pese a que había denunciado que era blanco de amenazas y solicitó un refuerzo en su esquema. Al momento del secuestro solo contaba con un esquema de protección integrado por dos escoltas y un vehículo convencional sin blindaje.
Esos casos recuerdan al del periodista Jaime Vásquez Giraldo, quien fue asesinado en abril de 2024, en Cúcuta, después de denunciar casos de presunta corrupción relacionados con el PAE. El estudio de seguridad de Vásquez determinaba que tenía un nivel de riesgo “extraordinario”.
“Las resoluciones que definen el nivel de riesgo y las medidas de protección correspondientes emanadas del Cerrem se demoran hasta dos meses para ser firmadas y continuar su trámite”, se lee en una queja que presentó ante la Procuraduría el presidente del sindicato Asep, Yesid Barragán Ríos.
El Cerrem es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de la UNP y en este se detalla qué nivel de afectación tienen los solicitantes de protección para, de esta forma, determinar qué medidas se deben tomar para los solicitantes de protección.
Pero, ¿por qué se están presentando casos en los que las medidas de protección duran más de lo esperado? La UNP le dijo a SEMANA que el lapso para realizar el estudio de los casos que llegan a la entidad es de diez días hábiles. Sin embargo, ese periodo no siempre se cumple, lo que termina demorando las medidas de protección.
“Este término no siempre se cumple, toda vez que se presentan situaciones que no están en control de la Unidad Nacional de Protección. Como ejemplo, se tiene registro que las entidades a las que se les consulta sobre la información de los evaluados no siempre contestan en términos, y toman las solicitudes de la UNP como una petición formal con tiempo de respuesta de 10 días hábiles. Además, debe tenerse en cuenta el tiempo desde que el analista de riesgo toma contacto con el evaluado, para adelantar la entrevista “in situ” y la fecha de realización de está”.
Una vez la Unidad Nacional de Protección tiene conocimiento a través de los canales formales sobre un hecho en contra de uno de sus protegidos (entre ellos el secuestro), se activan los protocolos de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1066 de 2015, por lo que se activa reevaluación de nivel de riesgo por hechos sobrevinientes, en procura de establecer la situación actual de riesgo de la persona", dijo la UNP.
Además, según la entidad, cuando una persona beneficiaria de protección es víctima de sucesos que afecten su integridad, como secuestros o asesinatos, el hecho es puesto en conocimiento del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM.
