Precandidatos y líderes nacionales coinciden en el rol estratégico de la seguridad privada en Colombia

Durante el VIII Congreso Nacional de Seguridad, organizado por Confevip, destacados líderes políticos y precandidatos presidenciales compartieron un diagnóstico común: la seguridad privada es un actor estratégico que debe ser articulado con las políticas públicas de cara al próximo periodo presidencial 2026-2030.

Frente a un auditorio compuesto por más de 250 empresarios del sector y representantes de los más de 400.000 trabajadores que hacen parte de la seguridad privada en Colombia, figuras como Vicky Dávila, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Roy Barreras y Camilo Romero presentaron sus visiones para enfrentar una de las mayores preocupaciones del país: la creciente inseguridad urbana, el fortalecimiento del crimen organizado y el debilitamiento institucional.

En sus intervenciones, los invitados coincidieron en destacar que el sector de seguridad privada no solo es un importante generador de empleo —más del 1.2 % del PIB y cientos de miles de puestos de trabajo—, sino que debe jugar un papel activo en la prevención del delito, la vigilancia del entorno y el fortalecimiento de la convivencia.

Por su parte, la periodista y líder del movimiento Valientes, Vicky Dávila, fue enfática al señalar la responsabilidad del actual Gobierno en el deterioro de las condiciones de seguridad.

“Si tenían tantas ideas, ¿por qué no las ejecutaron? Hoy, Colombia está más insegura que nunca”, expresó Dávila, al mismo tiempo que llamó a integrar de manera decidida al sector privado con la Fuerza Pública para proteger al ciudadano y anticiparse a la criminalidad.

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia denunció el impacto del narcotráfico en el debilitamiento del Estado: “Colombia produce hoy más de 2.300 toneladas métricas de cocaína. Eso es gasolina para los grupos ilegales”.

Propuso una política de drogas cero, el fortalecimiento de la relación entre la comunidad y la Fuerza Pública, y el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para articular esfuerzos con el sector privado. “En nuestro gobierno, los delincuentes no van al Congreso. Van a la cárcel”, subrayó.

El exalcalde Enrique Peñalosa, con experiencia en gestión urbana, planteó un enfoque basado en sanciones progresivas, aumento de la capacidad penitenciaria y refuerzo de las fuerzas especiales.

“Nos falta un derecho constitucional esencial: el derecho a vivir sin miedo”, afirmó Peñalosa, donde fue enfático al señalar que se necesita un liderazgo probado que traduzca los diagnósticos en acciones concretas.

Desde una mirada más estructural, el presidente del Partido de la U, Roy Barreras, propuso una alianza nacional entre el Estado y el sector privado. Si bien reconoció que la seguridad privada no puede solucionar los problemas estructurales de orden público, insistió en que debe ser un aliado activo dentro de una política integral, urbana y tecnológica. “El Estado ha sido un mal socio. Ha llegado tarde o no ha llegado. Hay que cambiar eso”, enfatizó.

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, apostó por un enfoque amplio que incluya no solo la seguridad ciudadana tradicional, sino también la seguridad digital y la seguridad humana.

Planteó la necesidad de una revolución tecnológica e inclusiva en el sector de vigilancia, que potencie a los trabajadores en lugar de reemplazarlos. “La seguridad no puede seguir siendo vista solo desde la criminalidad. Hay que abordarla con justicia social, tecnología y transparencia”, sostuvo.

El Congreso concluyó con un mensaje contundente: Colombia necesita una política de seguridad moderna, articulada, basada en tecnología de punta y con una visión profundamente humana.