Política
Petro y su campaña presidencial no están totalmente salvados en su investigación por presunta financiación irregular en el CNE
Aunque el mandatario esté temporalmente bien librado, un fallo administrativo contra los directivos de su campaña lo dejaría mal parado y demostraría que se voló los topes electorales en 2022.
Esta semana, el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia, se anotó un golazo en el alto tribunal y logró, contra viento y marea, que las mayorías de ese tribunal suspendieran temporalmente la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña en 2022.
Fernández le lanzó un salvavidas a Petro y, a juicio de los opositores al Gobierno, le devolvió el favor, porque Petro lo ternó ante el Congreso para que llegara a la Corte Constitucional.
El presidente había perdido todos los round ante jueces, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que coincidían en negarle sus pretensiones de frenar el proceso en su contra en el CNE porque, según él, el tribunal electoral no tiene las competencias para investigarlo.
En lo que coincidían estas instancias judiciales era en que el CNE tenía la competencia para investigar al presidente, pero eminentemente administrativa. En otras palabras, en el peor de los casos, el CNE no podía sancionarlo o retirarlo de sus funciones como jefe de Estado, pero sí dejar el precedente y enviar el caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que sigue sin entregar mayores resultados de su investigación por el mismo caso.
El magistrado Fernández consiguió quitarle a Petro su principal dolor de cabeza, porque el CNE no podrá investigarlo, al menos temporalmente, y el proceso por presunta financiación irregular caduca en julio de 2025.
Pero Petro no tiene todo el escenario ganado en el Consejo Nacional Electoral.
Él se quitó de encima el tormento del CNE, al que atacó y señaló de perseguirlo, pero no lo logró el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, los demás directivos de la contienda y los partidos políticos Unión Patriótica, la Colombia Humana, entre otros.
SEMANA confirmó que, esta semana, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ponentes de la investigación contra Petro, proferirán un auto de traslado en el que se congelará la investigación exclusivamente para Petro, pero seguirán adelante con el resto de personas. Antes, esperarán a que la Corte Constitucional los notifique de la decisión. Hasta este viernes 25 de abril, los togados del CNE estaban informados exclusivamente por un comunicado de prensa.
La etapa probatoria en el Consejo Nacional Electoral finalizó y esta semana también se decretarán los 15 días hábiles para que se surtan los alegatos, que podrían producirse a finales de mayo de 2025.
En otras palabras, la sala plena del Consejo Nacional Electoral tiene entre junio y julio para proferir una decisión, porque en agosto la investigación caducará. Y, si la votación final sale en contra, Ricardo Roa y los directivos de la campaña podrían terminar sancionados y eventualmente por fuera de sus cargos.
Así Petro no haga parte de la investigación, tras la decisión de la Corte Constitucional, un eventual fallo en contra de los directivos de su campaña jugará un papel adverso contra el presidente porque, al fin y al cabo, la campaña fue exclusivamente para elegirlo a él en 2022.
