Política
Petro defendió en el Congreso su polémico proyecto que otorgaría beneficios a peligrosos cabecillas: “Qué temor”
El jefe de Estado dijo que socializó su controversial iniciativa en la Corte Suprema.

En el extenso discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, le salió al paso a la ola de críticas que ha recibido uno de los proyectos que se presentará en el Legislativo para su debate.
Tiene que ver con el proyecto que diseñó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que busca otorgar beneficios a peligrosos cabecillas de bandas criminales.
Sobre esa iniciativa, el jefe de Estado indicó que existe temor en Colombia sobre la justicia restaurativa. Afirmó que su objetivo es conocer la verdad por encima de un castigo derivado en la prisión.
El presidente Gustavo Petro defendió el proyecto de su Gobierno que otorgaría beneficios a cabecillas de bandas criminales: “Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ivJpK0rVAc
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 20, 2025
“Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Qué temor. Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace dos años”, dijo el mandatario. “Deben haber cambiado algunos de sus miembros (de la Corte Suprema), pero creo que piensan igual. Que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo”.
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Hace varios días, SEMANA reveló detalles del proyecto que propone considerables rebajas de penas a criminales, un porcentaje de entrega de bienes para quienes se sometan a la justicia y hasta una nueva oportunidad para reincidentes.
El proyecto ofrecería acuerdos con los peligrosos cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Los que cumplan con los parámetros de la paz total llegarían a la Fiscalía y a los jueces para dar inicio a su proceso de sometimiento.
Los beneficios estarían encaminados al Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, los Comuneros del sur (disidencia del ELN) y hasta algunas disidencias de las Farc que cumplan con esas condiciones. En esta ocasión, no se tendría en cuenta el estatus político, sino que cumplan con los requisitos del DIH.
Para recibir dichos beneficios penales, la estructura criminal primero tendría que negociar con el Gobierno para definir si entra o no a este nuevo proyecto de paz. Se concluirá con acuerdos directos con los jefes de dichas organizaciones para que entreguen información detallada sobre cómo están conformadas sus redes de apoyo, su arsenal de guerra y hasta tendrían que aceptar un cese inmediato al fuego.