Petro abrió debate sobre fumigación aérea previo a informe sobre certificación de Colombia: “La alternativa no puede ser envenenar campesinos”

El Gobierno de Gustavo Petro abrió la puerta a lo que el presidente tanto había criticado: la fumigación aérea de cultivos ilícitos. El mismo jefe de Estado aseguró que implementará esa medida en las zonas en las que la población civil ataque a las Fuerzas Militares, y la decisión se conoce en un escenario en el que la seguridad de los uniformados ha estado en jaque en repetidas ocasiones.

No hay que mirar lejos en el calendario para encontrar los más crueles ataques a los soldados. La semana anterior, dos uniformados fueron incinerados en Villagarzón, Putumayo, cuando intentaron destruir un laboratorio de coca, y otros 45 más fueron secuestrados en El Tambo, Cauca, a manos de la población civil, que habría sido instrumentalizada por grupos narcotraficantes.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Hay un punto claro en este debate: en Colombia está prohibido fumigar y, por lo pronto, el mandatario está haciendo una propuesta inconstitucional.

La fumigación aérea se ha entendido como un mecanismo efectivo para acabar con los cultivos ilícitos, aunque sus críticos advierten que esta solo logra desplazar las zonas que están sembradas con hoja de coca. Además, los productos utilizados en esas tareas pueden generar afectaciones para la salud humana y de los animales que habitan en esas zonas campesinas.

Según documentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025, citando cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de uso ilícito se incrementaron en un 10 % de 2022 a 2023. Ese año se identificaron 253.000 hectáreas sembradas en cultivos que son más productivos que los registrados años atrás.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, afirmó que “el nuevo enfoque en la política antidrogas de Gustavo Petro quedó en nada” y lo acusó de querer regresar a la ciudadanía a las realidades que vivieron durante otras administraciones. “Lo ve como una forma de venganza y de revancha contra las comunidades y eso lo hace todavía más deleznable”, aseguró Losada.

La fumigación aérea utilizando derivados del glifosato es inconstitucional. Una sentencia de la Corte Constitucional le dijo “no” a la utilización de ese mecanismo por las dudas que hay sobre el vínculo de ese producto con los daños sobre la salud humana, pues el herbicida estaría relacionado con la aparición del cáncer. “La alternativa no puede ser envenenar a campesinos porque eso sería un error y ya está demostrado científicamente y prohibido jurídicamente”, consideró el senador Ariel Ávila.

La propuesta de Petro fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien defendió que ahora hay una mejor tecnología para evitar daños ambientales y mejores capacidades para focalizar las fumigaciones. El Gobierno está pensando en utilizar drones y no avionetas, como había sido común en otras administraciones, para que esos aparatos sobrevuelen las zonas con cultivos rociando químicos.

La aspersión aérea de los cultivos ilícitos fue prohibida en 2015, cuando Juan Manuel Santos estaba en la Casa de Nariño. Durante la administración de Iván Duque el expresidente intentó mantener la constitucionalidad de las aspersiones en medio de las críticas que encabezaba el entonces senador de oposición, Petro, pero no logró avanzar en esa discusión.

“El desmonte de la aspersión aérea en 2015 fue un grave error que disparó los cultivos ilícitos. Sin esta herramienta, combinada con erradicación manual y desarrollo alternativo, no habrá reducción estructural. Colombia necesita consenso institucional para retomarla con nuevas tecnologías”, sostuvo el expresidente Duque.

En mayo de 2024, el presidente Petro aseguró que los campesinos colombianos tuvieron que padecer “los venenos de la fumigación”; luego, en abril de ese mismo año, calificó como un “éxito” la decisión de su Gobierno de trasladar el enfoque de la política antidrogas de la fumigación a la incautación. “¿Sabían ustedes que vale más la fumigación con glifosato de una hectárea que la hoja de coca que hay allí? ¿Qué tal que esos recursos fueran a la familia campesina?”, escribió en un trino de marzo de 2019.

Ahora Petro propone hacer lo que en el pasado cuestionó, idea que llega en un escenario en el que Colombia está a la espera de que Estados Unidos publique el informe sobre los países certificados y descertificados en la lucha contra el narcotráfico. El incremento de los cultivos ilícitos y la tensa relación que ha tenido el actual Gobierno con la Casa Blanca vaticinan una mala nota en ese reporte para la Casa de Nariño.