Persecución en Ferrocarriles Nacionales: contratistas estallan contra la directora (e), Luz Fany Vaca. La acusan de maltratos y de embolatarles sus cuentas de cobro

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que presta servicios de salud a los pensionados del sector, es una entidad que por lo general pasa desapercibida. Sin embargo, en medio de la negociación de apoyos políticos a los gobiernos de turno, sale a relucir por su alto presupuesto y sospechas de irregularidades.

El gobierno del presidente Gustavo Petro no es la excepción. Jhon Mauricio Marín Barbosa fue director del fondo desde enero de 2018 y se mantuvo en el cargo en tres administraciones distintas, incluyendo la actual, como ficha del Partido de la U. En abril de este año dejó este empleo para ser presidente de Fiduprevisora, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

A pesar de los intentos, el Gobierno no pudo designar a Jorge Luis Céspedes, ficha de los conservadores, como director de la entidad. Su cercanía a figuras como el senador Carlos Trujillo, Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara, y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías hicieron que la Presidencia descartara el nombramiento.

La dirección se mantuvo en interinidad, pero Marín dejó a Rubén Méndez Pineda, un colaborador cercano, como secretario general. El funcionario permaneció en su cargo hasta que Luz Fany Vaca Gutiérrez fue nombrada directora general encargada el pasado 23 de mayo, quien tendría cercanía con los conservadores.

De acuerdo con funcionarios del fondo, la nueva directora hizo cambios drásticos al día siguiente de su llegada, como declarar insubsistente a Méndez por supuestas rencillas personales e indicios de irregularidades en contratación.

Este medio conoció que se prepara el nombramiento de Carlos Tovar Orozco, exconcejal del municipio de Distracción, La Guajira, por el Partido Conservador. Tal situación se tradujo rápidamente, según los testimonios, en la persecución a 80 contratistas que Vaca relaciona con la Secretaría General y la anterior administración.

SEMANA conoció denuncias de varios contratistas que reportan demoras de hasta dos meses en el pago de sus mensualidades, aislamiento, exigencias que no están previstas en el contrato, amenazas y hasta gritos en medio de los cambios realizados.

“El ambiente de la oficina se volvió tenso. A mis compañeros los han tratado muy mal. Tengo entendido que tiene un problema personal con el anterior secretario general. Todos los que hacemos parte de esa área estamos entre ojos. Muchos llevan dos meses sin pagarles las cuentas de cobro. Las mías están retenidas desde mayo”, manifestó un trabajador que se comunicó con este medio pidiendo la reserva de su identidad.

De acuerdo con los contratistas, mensualmente deben realizar un informe y un supervisor revisa el cumplimiento de sus funciones. De ser avalado, se debe proceder con el pago. A pesar de esto, Vaca habría pasado por encima de lo estipulado y emitió una circular en la que asegura que para el trámite de las cuentas de cobro se debe tener su “visto bueno”.

Este medio conoció que Vaca pide entrevistarse con cada uno de los contratistas antes de pagarles, proceso que no ha sido ágil y por el cual varios han salido afectados. “Ella llama de un día para otro. Hay que estar pendiente apenas nos llame. Todo muy lento”, dijo otro trabajador.

Las citaciones a esas reuniones se hacen de manera verbal. “Nos hizo dejar los celulares afuera”, manifestó alguien que ya sostuvo la reunión con Vaca. Además, a pesar de lo estipulado en la ley, les exige cumplimiento de horario y asistencia obligatoria.

“Algunos que no viven en la ciudad están siendo obligados a trasladarse por presión de la directora. No tienen cómo pagar arriendo y comida”, dijo otra persona afectada.

En términos de maltratos, los trabajadores reportan que el 24 de mayo, un día después de su nombramiento en encargo, Vaca le gritó a una colaboradora y le exigió ubicarse “donde no la viera”. Incluso, los contratistas aseguran que la nueva administración habría amenazado a una trabajadora embarazada con suspender su contrato, dado que su condición de alto riesgo no permitía su traslado a las oficinas.

“Ella estaba en alto riesgo, ella tenía un permiso para trabajar remoto. Le dijo que no. Que le paraba el contrato y, cuando ella pudiera volver, se reactivaba”, narró una persona enterada de la situación.

La persecución hace que los contratistas, obligados a cumplir con sus funciones, trabajen con desánimo y miedo por las represalias que la nueva dirección podría tomar en su contra. Muchos deben pedir prestado y empeñar objetos para vivir y cumplir con las nuevas obligaciones, que no están estipuladas en sus contratos. SEMANA intentó obtener una respuesta de Luz Fany Vaca, pero la directora encargada de la entidad prefirió no comentar al respecto.