Pacto Histórico da espaldarazo al presidente Gustavo Petro y fija postura frente a la consulta popular por decreto

Mientras que más de ocho partidos políticos expidieron un comunicado conjunto en el que rechazan el anuncio del presidente Gustavo Petro, de convocar una consulta popular vía decreto, la bancada del Pacto Histórico salió a respaldar plenamente al mandatario.

Esa postura no genera sorpresa alguna ya que todos los integrantes de ese movimiento llegaron al Legislativo a través de los votos de Gustavo Petro y su única salida es respaldar las posturas del mandatario.

En un comunicado aseguran que el presidente Gustavo Petro tiene todas las facultades para tomar dicha decisión y que serán los colombianos quienes decidan en las urnas el futuro de la reforma laboral.

“El comité político nacional del Pacto Histórico expresa su respaldo al presidente Gustavo Petro en su decisión legítima, valiente y constitucional de recurrir a la convocatoria por decreto de la consulta popular. Que sea el pueblo el que defina el carácter y rumbo de las reformas sociales que han sido sistemáticamente saboteadas por una clase política que impide las transformaciones que requiere el país”, dicen en el comunicado.

Aseguran que Gustavo Petro no está actuando de manera arbitraria y que las decisiones que toma son democráticas. Una vez más, aseguran que hay un bloqueo institucional de parte del Congreso de la República, y por esa razón es que se toman ese tipo de decisiones desde la Casa de Nariño.

“El presidente Petro, tal y como juró, está en el deber de defender la Constitución y las leyes frente a una clase política con representación en el Senado que no quiere que el pueblo se exprese. Como bancada de gobierno, respaldamos al presidente y nos colocamos del lado del pueblo de Colombia y sus legítimos derechos democráticos”, reiteran.

Argumentan que su respaldo es por unos “vicios de trámite” que tuvo la consulta popular en el Senado y que esa situación es suficiente para considerar que la corporación no se pronunció de fondo sobre la petición del Ejecutivo.

Por ahora, se conoce que en los próximos días se haría público el decreto con el que se convocaría el mecanismo de participación ciudadana y que a finales de julio o principios de agosto los colombianos serían llamados a las urnas.

Sin embargo, al ser expedido el documento seguramente se dará un amplio debate jurídico sobre la legalidad de la convocatoria, por lo que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tendrían la última palabra en esta materia.