POLÍTICA
Otra queja contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara por transmitir, en vivo, su consejo de gobierno
Esta queja se suma a la demanda que ya interpuso en contra del mandatario, el congresista del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui.
![Presidente Gustavo Petro](https://www.semana.com/resizer/v2/BJQ2HAFS6BC3NLEOYHLK2FWAYA.jpg?auth=97673a90509ccc9e37829f490b7a87385afd1e7f84790a6d0f693a834f50abb4&smart=true&quality=75&width=1280&height=720)
El consejo de ministros adelantado por el presidente Gustavo Petro este martes, 4 de febrero, le generará al mandatario más de un problema jurídico.
Dos días después, empezaron a llegar algunas demandas y quejas disciplinarias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el órgano legislativo competente para investigar al jefe de Estado.
SEMANA conoció que el ciudadano Santiago Suárez Morales instauró una queja disciplinaria ante el Congreso porque, según él, “se habrían presentado presuntas irregularidades que pueden configurar faltas disciplinarias o incluso infracciones constitucionales”.
![Gustavo Petro durante el consejo de ministros.](https://www.semana.com/resizer/v2/D4JZW7EWIFD7LD47GEREG2I43A.jpg?auth=79d5931c8300ff685fa77f91dcc5848e0e07b02bf8576d0aa176c776be554c95&smart=true&quality=75&width=1280&fitfill=false)
Según Suárez, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 (Código Procedimiento Administrativo), y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), la información del Estado es pública, salvo en casos específicos en los que su divulgación afecte la seguridad nacional, el orden público o la deliberación interna del gobierno.
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Tras exponer su argumentación jurídica y sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema, Santiago Suárez le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que admita su queja disciplinaria contra el presidente por presunta vulneración del principio de reserva de información gubernamental y posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Además, “se adelante la investigación correspondiente para determinar si el presidente incumplió las disposiciones legales relacionadas con la reserva de la información del consejo de ministros”. Y pidió que se le notifique a los órganos de control, como la Procuraduría, para que adelanten las investigaciones disciplinarias pertinentes.
Esa queja disciplinaria se suma a la demanda que ya interpuso en contra del Jefe de Estado el congresista por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui.
“Radicaremos una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara por el delito de revelación de secreto. La sesión del consejo de ministros tiene reserva legal, y en ese mismo consejo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, divulgó información sensible que compromete la seguridad nacional. ¡Una irresponsabilidad inadmisible que pone en riesgo a todo el país!”, escribió el dirigente político en sus redes sociales.
Agregó: “Petro no puede ventilar información de seguridad nacional en consejos de ministro que tienen carácter reservado violando el Artículo 9 de la Ley 63, vamos a recurrir a la Comisión de Acusación para que se pronuncie por esta enorme falla”.
![Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, en el consejo de ministros adelantado en Bogotá](https://www.semana.com/resizer/v2/KJO7XUWVYNCHLNMW6K25LYVGP4.jpg?auth=6c26049dcdefa733fecb4f02a971720f0612d622be78203e01a544e1ae275359&smart=true&quality=75&width=1280&fitfill=false)
Ante la avalancha de acciones judiciales que podrían caerle encima al presidente, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le lanzó un salvavidas. La reconocida abogada explicó que las seis horas de exposición en televisión nacional no se trataron de un consejo de ministros, sino de un balance por parte del jefe de Estado.
Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático se pegaron del supuesto balance y el monólogo del presidente durante su consejo para radicar, por separado, una solicitud a RTVC para que les permitan ejercer su derecho a la réplica, tal como lo contempla el Estatuto Anticorrupción.
Las cartas están dirigidas a Hollman Morris, director de RTVC, quien deberá elevar consulta jurídica al Consejo Nacional Electoral; el tribunal que tendrá la última palabra.