Nueva EPS: se cumple un año de su intervención por parte del Gobierno Petro. Aumentan las quejas y los pacientes están sin medicamentos

La entidad prestadora del servicio de salud más grande del país, la Nueva EPS, cumple un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud sin que se conozca el estado actual de sus cuentas y con un alza constante en las quejas de sus pacientes.

Esa entidad tiene inscritos a 11,6 millones de usuarios, lo que la hace la EPS de la que más personas dependen en Colombia. Además, cuenta con una participación del Estado y es la llamada a recibir a los afiliados de las otras entidades que salen del mercado por cuenta de la crisis en el sistema de salud.

Desde la intervención no se conocen los estados financieros de la entidad, esta ha tenido a dos agentes interventores en lo que va de esa gestión y las instituciones prestadoras del servicio, especialmente las de carácter público, les están cerrando la atención a sus afiliados por las demoras en los pagos, como ha sucedido con clínicas y hospitales en Antioquia y en el Valle del Cauca.

Nueva EPS responde que su agente interventor, quien por lo pronto es el vocero de la entidad y también delegado de la Superintendencia Nacional de Salud, no está disponible para entrevistas, y las dudas sobre el estado de la compañía persisten.

Lo que se sabe de la compañía ha sido gracias a la información que mediante derechos de petición y hasta tutelas les ha entregado esa entidad a congresistas como Jennifer Pedraza, Andrés Forero y Paloma Valencia. Las pesquisas de los legisladores tuvieron que llegar hasta los estrados judiciales en los que los jueces fallaron a favor del derecho de los legisladores a acceder a la información de esa EPS.

A los pacientes no se les están entregando los medicamentos en gestoras farmacéuticas como Audifarma y el gremio que las representa, Fenalco, responde que esas demoras se deben a la cartera vencida hasta por 600 días de las EPS. Las IPS le han cerrado parcial o totalmente 329 servicios, las quejas de sus usuarios se duplicaron entre enero de 2024 y enero de 2025, pasando de 21.476 a 40.828, y esta sería, según la representante Pedraza, la que acumula mayor deuda: a los hospitales les debe aproximadamente 4 billones de pesos y 600.000 millones de pesos a los gestores farmacéuticos.

Según el representante Forero, hay “opacidad” en los datos que reporta la entidad porque los agentes interventores no han presentado los estados financieros. Esas dudas sobre la situación financiera se traducen en afectaciones en la atención a los pacientes, como está sucediendo con los usuarios de servicios renales, pues la información obtenida por ese congresista indica que la cartera vencida de Nueva EPS con las IPS que prestan esta atención está llevando a que se cierre la prestación de servicios. Los datos que recopiló Forero indican que solo entre abril y diciembre de 2024 la deuda pasó de cero pesos a 64.000 millones a un plazo de 180 días, dejando en riesgo a 8.500 pacientes.

En todo 2024, los afiliados presentaron 86.504 tutelas y a marzo de 2025 ese indicador se ubicó en 27.253, según información obtenida por la senadora Valencia. El Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS y su caso refleja el de las otras entidades intervenidas.

De acuerdo con las estadísticas obtenidas por Valencia, a partir de derechos de petición, las quejas en las nueve EPS intervenidas subieron 25 por ciento y todas ellas sumaron una cartera vencida de 17,1 billones de pesos hasta febrero de 2025, una deuda en la que Nueva EPS tiene la mayor participación (60 por ciento). Los datos dejan una dura realidad para los pacientes: problemas constantes en la atención que se traducen en un deterioro de su salud tras un año de una caótica intervención.