Nueva denuncia contra la senadora Isabel Zuleta por ‘tarimazo’ de Petro en Medellín

La congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que abra una investigación contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por las presuntas irregularidades que habría cometido en el marco del ‘tarimazo’ que protagonizó el presidente Gustavo Petro con los cabecillas de las estructuras criminales más temidos de la capital de Antioquia.

El argumento de Holguín es que, presuntamente, Zuleta habría cometido el delito de abuso de función pública al solicitarle al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de nueve peligrosos delincuentes hasta el centro administrativo de La Alpujarra, donde se reunieron con el jefe de Estado y protagonizaron un acto público que sigue generando una gran polémica entre la opinión pública.

Avalado en esa solicitud, el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia encargado del Inpec, firmó la resolución que facilitó el transporte de los criminales desde la cárcel La Paz del municipio de Itagüí hasta el centro de Medellín. Precisamente, lo que se cuestiona es si Zuleta tiene las facultades para emitir estos pedidos y si el uniformado actuó con base en la norma.

“El hecho jurídicamente relevante que motiva la imposición de la denuncia en contra de la senadora Zuleta se concreta en la solicitud que presentó al Inpec, y que sirvió de fundamente a esta entidad para permitir la salida de su lugar de reclusión de los mencionados jefes de las estructuras criminales a un evento público realizado el 21 de junio, sin contar con las atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo”, se lee en la denuncia.

La interpretación de la senadora del Centro Democrático es que Zuleta, al elevar la solicitud de salida o remisión de los privados de la libertad, se habría extralimitado en el ejercicio de sus funciones propias de su condición de parlamentaria, y específicamente de su rol como representante del Gobierno nacional en los diálogos con las estructuras delincuenciales de Medellín y de los demás municipios que componen el Valle de Aburrá.

Para ella, la irregularidad no solo estaría en manos de la congresista del Pacto Histórico: “Sin desconocer la responsabilidad que le asiste al funcionario del Inpec por extender un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley, atendiendo una solicitud de quien carecía de competencia o atribuciones para exigir la remisión o salida de los privados de la libertad de su sitios de reclusión”, por lo que pidió que también sea investigado por aparente prevaricato por acción.