María Fernanda Cabal anunció demanda contra el nuevo “decretazo” con el que Petro le quita funciones al Consejo de Estado

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció este lunes que en las próximas horas interpondrá una demanda contra el decreto 0799 de julio de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la norma “viola la Constitución y la ley” y representa “una amenaza directa al Estado de derecho”.

El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, modifica la competencia judicial para conocer las acciones de tutela interpuestas contra el jefe de Estado. Según el nuevo esquema, dichas acciones ya no serán conocidas por el Consejo de Estado, como venía ocurriendo hasta ahora, sino que pasarán a jueces de circuito ordinarios.

Para la congresista, esta medida no es una reforma menor, sino un “golpe silencioso a la justicia”, que vulnera principios constitucionales como el del juez natural y desconoce el trámite legal que debe seguir cualquier modificación al funcionamiento de la administración de justicia.

“El presidente no tiene competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto. La Constitución, en su artículo 152, exige que cualquier norma que afecte la administración de justicia se tramite como ley estatutaria, aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional”, expresó Cabal en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Además, la senadora cuestionó que esta decisión elimine el rigor técnico con el que se venían tramitando tutelas de alta complejidad, al permitir que ahora cualquier juez ordinario, “sin especialización ni experiencia”, pueda fallar en casos que involucren al presidente y asuntos sensibles como seguridad nacional o erradicación de cultivos ilícitos.

“El régimen no quiere contrapesos. Quiere impunidad, silencio y obediencia”, concluyó Cabal, quien ha sido una de las voces más críticas del gobierno Petro desde su llegada al poder.

Y siguió: “Petro busca controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas. El régimen no quiere contrapesos. Quiere impunidad, silencio y obediencia”.

Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni el Ministerio de Justicia se han pronunciado oficialmente sobre los señalamientos. No obstante, expertos constitucionalistas han advertido que la medida podría ser demandada ante el Consejo de Estado por vicios de forma y fondo.