Investigación
Los secretos del tarimazo de Gustavo Petro con los peores criminales de Medellín: buscan quedar libres, y hay alarma porque podrían incidir en las elecciones del 2026
SEMANA revela la historia desconocida de la presencia de los peores criminales de Antioquia en un acto público con Gustavo Petro. Buscan un cambio en la ley para quedar en libertad, y hay alarma porque podrían incidir en las elecciones de 2026.
La imagen del presidente Gustavo Petro compartiendo tarima en La Alpujarra con los jefes de las estructuras criminales más peligrosas de Medellín y del Valle de Aburrá generó repudio nacional.
SEMANA revela lo que hay detrás de esa escandalosa puesta en escena que tiene como telón de fondo una negociación con promesas de beneficios judiciales y un posible pacto político de cara a las elecciones de 2026, lo cual enciende las alarmas. El país podría estar frente a una especie de Pacto de La Picota, el mismo que se denunció antes de las elecciones de 2022, esta vez con delincuentes de alta peligrosidad que viven a sus anchas en la cárcel de Itagüí.
De acuerdo con una de las personas que delegó Petro para hablar con esos criminales, cuya identidad pidió omitir, este proceso consiste en una “conversación dentro de cuatro paredes desde hace dos años” y pocos colombianos saben realmente qué es lo que se está pactando.
Lo ilustrado hasta ahora ante la opinión pública es que las estructuras tienen la disposición de reducir su participación en delitos, y lo estarían demostrando con los homicidios y las extorsiones en varios sectores de la capital antioqueña y sus alrededores, pero debajo de la mesa hay negociaciones secretas para el país y cuyos alcances podrían abrirle campo a la impunidad.
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SEMANA estableció con participantes de este proceso, tanto del Gobierno como de las bandas criminales, que el Ejecutivo –representado por la senadora Isabel Cristina Zuleta– está dispuesto a tramitar beneficios judiciales a los delincuentes, incluyendo libertades exprés para que puedan estar en la calle de día y pasen la noche en prisión.
Los cabecillas han propuesto impunidad completa para ellos y sus subalternos, y no desprenderse de gran parte de sus fortunas para poder sobrevivir junto a sus familias. Al parecer, no ha habido una negativa de los representantes de Petro, pero sí una advertencia: “No existe marco jurídico”.
La senadora Zuleta, del Pacto Histórico, trató de destrabar el problema y, al parecer, la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, “fue la piedra en el zapato y enemiga del proceso”, reconoció uno de los compañeros de mesa de la senadora. Si bien hubo presuntas presiones para que Buitrago cambiara de opinión y tramitara el cambio en la ley, ella se habría negado y prefirió salir del cargo.
La exministra respondió a SEMANA que nunca se opuso a la creación de un marco jurídico y sospecha, más bien, que no les habría gustado la propuesta que hizo y que envió al escritorio de Petro en noviembre de 2024: “Pusimos sobre la mesa la necesidad de un marco jurídico, pero no un marco jurídico de absolución total, ni un marco jurídico que permita decir que no cometieron nada. El marco jurídico tiene que ser de sometimiento a la jurisdicción ordinaria. Esa es mi propuesta desde el día uno y hasta hoy”.
Fuentes del Gobierno Petro le confirmaron a SEMANA que la “indisposición” de la entonces ministra frente a la paz urbana de Medellín, más otros temas coyunturales, llevaron al presidente a pedirle la renuncia, aceitada con aparentes imposiciones de los cabecillas del Valle de Aburrá y las constantes quejas de la congresista Zuleta, quien lidera los polémicos diálogos.
Constreñimiento electoral
La llamada “paz urbana” cambió de tono el sábado 21 de junio. El acto de Petro en Medellín, que desató un escándalo nacional, fue calificado por los delincuentes como un respaldo a sus peticiones y mejoró el ambiente de la negociación, afectado en los últimos meses por las posiciones inamovibles de Ángela María Buitrago.
Los voceros de las bandas tienen el panorama claro: quieren libertad a cambio de reducir los delitos, dejar de azotar a los barrios del Valle de Aburrá y entregar las armas. Sin embargo, el tiempo está corriendo y se agotan las posibilidades. Ellos creen que los “tropiezos” del Gobierno Petro han enredado la situación.
Para que la Casa de Nariño les cumpla a las organizaciones criminales, se debe presentar ante el Congreso de la República un marco jurídico que les dé piso a los beneficios prometidos por el Gobierno, y este no cuenta con los votos suficientes en la próxima legislatura para sacarlo adelante. En efecto, esa batalla se daría al calor de las elecciones de 2026.
Fuentes cercanas a los cabecillas le revelaron a SEMANA que la garantía para que el “espacio de conversación sociojurídico” avance y se materialicen los pactos son los resultados que se obtengan en las próximas elecciones, tanto legislativas como presidenciales. Según ellos, el escenario más conveniente es que los números sean a favor del proyecto político de Petro. Los cabecillas estarían dispuestos a dar esa lucha.
El primer paso se piensa ejecutar en los próximos meses, con base en información suministrada por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los delegados del Gobierno Petro están haciendo gestiones para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorice la salida por horas de los cabecillas, en medio de la campaña electoral que se avecina, para que puedan tener contacto con sus bases y la población civil en los barrios. “Pueden ser de dos a tres horas, pero que salgan”, contó una de las fuentes.
Lo que buscan el Gobierno Petro y los delincuentes es que la ciudadanía conozca qué es lo que se está tratando de pactar y lo que viene para el proceso, aunque en la sombra estaría una precampaña que buscaría favorecer al Pacto Histórico con el fin de asegurar un marco jurídico en el próximo cuatrienio.
Para el exsecretario de Seguridad de Medellín y actual concejal Andrés Tobón, del movimiento Creemos, estas organizaciones sí tendrían el poder para ejercer presión electoral y proteger sus objetivos. “Es un riesgo latente. Ellos no tienen la legitimidad social, pero si se trata de un ejercicio de constreñimiento y amenaza, que ejerzan el uso de la violencia, existe el riesgo de un beneficio electoral en función de quienes ellos quieran”, dijo.
Las movidas de Zuleta
Isabel Cristina Zuleta, la senadora del Pacto Histórico, es la coordinadora del espacio de conversación entre el Gobierno Petro y los cabecillas. Desde que tomó las riendas de un proceso que completa dos años, no se ha salvado de polémicas, y su fuerte temperamento ha generado problemas entre los interlocutores.
Ella le habla al oído al presidente Petro y tiene la confianza absoluta de los cabecillas. Su afán es dar resultados y que no se cierre la negociación. Prueba de ello serían los supuestos mensajes que le envió a la fuerza pública en mayo pasado para que se reversara un operativo que, a juicio de ella, podría causar traumatismos en la mesa de diálogos.
Se trató de unas indagaciones de la Dijín e Interpol de la Policía en contra de las personas más cercanas a José Leonardo Muñoz, alias Douglas, el líder histórico de la Terraza, uno de los brazos criminales urbanos más temidos de Colombia.
Por filtraciones que llegaron a la mesa sobre las posibles capturas que golpearían a su familia, Douglas dirigió mensajes amenazantes a la Alcaldía de Medellín, y la senadora Zuleta habría emitido comunicaciones a la fuerza pública para que no se materializaran las detenciones, de acuerdo con un paquete de información que remitió la Alcaldía de Federico Gutiérrez a la Fiscalía.
El plan de la Dijín e Interpol era capturar a cinco personas y solo se hicieron efectivas cuatro de ellas. El ‘peso pesado’, el hijo de alias Douglas, requerido por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, logró fugarse y hoy está esquivando la justicia mientras su padre empuja beneficios penales con el Gobierno Petro.
SEMANA conoció que la Alcaldía le pedirá a la Fiscalía que examine si la senadora Zuleta incurrió en algún delito a la hora de interferir, supuestamente, en este operativo. “Era algo muy cerrado, todo se concentró en Bogotá para no tener filtraciones, pero mire esto, creemos que hubo una irregularidad”, mencionó un funcionario que estuvo al tanto del golpe que se le iba a propinar a la Terraza.
También hay información que advierte que, posiblemente, la congresista Zuleta estaría comunicando ante el Gobierno Petro que la Policía y la Fiscalía estarían siendo “instrumentalizadas” en la capital de Antioquia por el alcalde Federico Gutiérrez, en el marco de su estrategia contra la delincuencia y los efectos se estarían sintiendo en la mesa de paz urbana.
Esta no es la única acusación en contra de la senadora. El concejal Andrés Tobón la denunció ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia por aparente abuso de función pública, luego de que SEMANA reveló que fue ella quien ordenó la salida de la cárcel de los cabecillas de las bandas criminales para asistir al polémico acto del presidente Petro en La Alpujarra.
La pieza clave es una resolución firmada el pasado 19 de junio por el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez, director encargado de Custodia y Vigilancia del Inpec, en la que se lee: “La Dra. Isabel Cristina Zuleta, coordinadora para la construcción de paz urbana Medellín y Valle de Aburrá, solicita el traslado de los privados de la libertad”. Allí se enumeraron a nueve delincuentes de alta peligrosidad, que compartieron escenario con el jefe de Estado y manifestaron, según dijeron, su interés de transitar a la legalidad.
El argumento del concejal Tobón y varios abogados consultados por SEMANA es que la senadora Zuleta no tiene competencia para darle este tipo de órdenes al Inpec. Quien lo puede hacer es un juez. En consecuencia, también se denunció ante la Fiscalía al teniente coronel Ramírez y a la coordinadora de Asuntos Penitenciarios del Inpec, Luz Adriana Cubillos, por el presunto delito de prevaricato por acción, por darle el visto bueno a la salida de los cabecillas, pues “la autorización no provino de ninguna autoridad judicial competente, como sería el caso de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad”.
SEMANA contactó a Zuleta para conocer su posición frente a esta información, pero no respondió los mensajes. Quien se ha referido a su trabajo es el presidente Petro, defendiéndola en su cuenta de X: “Isabel Zuleta es de las mujeres más valientes que conozco. Es víctima de la violencia que desataron las mafias en Antioquia, y representa la esperanza y la paz”.
Empresas del crimen
Las evidencias recopiladas por la Policía y la Fiscalía contradicen la versión de Petro sobre los cabecillas que lo acompañaron en la tarima el pasado sábado: “En Medellín yo no subí delincuentes a la tarima (…). Se olvidan de un principio de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación”, manifestó Petro.
Según información conocida por SEMANA, las pruebas que reposan en largos expedientes dan cuenta de que algunos de ellos siguen delinquiendo y sus empresas del crimen las estarían dirigiendo desde la cárcel La Paz, en Itagüí, mientras supuestamente negocian con el Gobierno Petro. Las autoridades los acusan de extender sus tentáculos criminales por todo el país y de hacer alianzas con estructuras trasnacionales para traficar droga, afianzar redes de trata de personas y multiplicar el llamado gota a gota por toda América Latina.
El Gobierno Petro está hablando con los representantes de las bandas de los Chata, el Mesa, la Terraza, los Pachelly, los Pesebreros, Niquía Camacol, Aranjuez Anillo, la Raya, los Triana, la Agonía y Trianón, entre otras. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el común denominador de todas estas organizaciones delincuenciales es que operan en el Valle de Aburrá, asesinan, extorsionan, secuestran, roban y contrabandean.
El crimen en la capital de Antioquia es diferente al del resto del país y allí radica la complejidad del diálogo que sostiene el Gobierno Petro. Estos criminales funcionan como empresas, tienen negocios legales y pactos ilegales; ambos escenarios multiplican sus ganancias y lo que desean, presuntamente, es que la negociación termine dándole apariencia de legalidad a todo lo que han conseguido en las últimas décadas, con base en los testimonios de hombres de confianza de los cabecillas a los que accedió SEMANA.
La banda del Mesa nació en el norte del Valle de Aburrá, se extendió por diferentes municipios de Antioquia y aterrizó en Bogotá, donde se conoce como los Paisas. Su misión principal es inundar las calles de droga y cobrar extorsiones a todas las cadenas productivas para financiar a sus hombres. Al parecer, hizo alianzas en los últimos meses para llevar cocaína a Europa y es el principal dolor de cabeza del Clan del Golfo en los pueblos, pues le disputa las rentas del narcotráfico. Expertos en seguridad pronostican que su nivel de crecimiento lo podría convertir en un grupo armado organizado.
La Terraza es la segunda estructura criminal urbana más temida de Antioquia. Además del tráfico de sustancias ilícitas, se encarga de controlar las extorsiones, ordenar homicidios, regular la explotación sexual comercial de personas y establecer cuáles productos se deben vender en los barrios, desde el proveedor del licor hasta la marca de arepas. Como es una estructura, las bandas que dependen de ella deben acoger su reglamento y aplicarlo al pie de la letra.
Las otras organizaciones criminales funcionan de la misma manera, en un nivel más local: venden marihuana, cocaína, perico, heroína y tusi; lotean tierras baldías; actúan como jueces y establecen castigos; instrumentalizan a los menores de edad para cometer delitos; tienen vigilantes para prevenir robos y alertar sobre la presencia de la fuerza pública; y cobran “impuestos” de seguridad, que en realidad son extorsiones, por parquear carros en la calle, a las empresas de transporte público y a los negociantes.
Nadie se atreve a calcular la fortuna que tienen estos grupos, pero se sospecha que, juntos, podrían aproximarse a la del Clan del Golfo. Su estrategia de testaferrato es que sus empresas y negocios estén a nombre de familiares o personas de confianza para no llamar la atención de las autoridades. Según las cifras que maneja el mismo Gobierno Petro, conocidas por SEMANA, se sospecha que más de 8.000 personas están adscritas a estas organizaciones delincuenciales, sin contar con sus grandes redes de apoyo.
El prontuario
Hay ocho voceros principales de las estructuras criminales de Medellín y del Valle de Aburrá, algunos de los cuales estuvieron en la tarima junto a Petro, frente a la Alcaldía y la Gobernación y a pocos pasos del Palacio de Justicia de Antioquia. SEMANA revela sus perfiles criminales.
Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, es el cabecilla de los Chata y fue capturado en 2017. Carga con una condena de 16 años por los delitos de falsedad material en documento público, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Su voz tiene protagonismo en la negociación. Tom estuvo en el mismo escenario con el presidente.
Igual ocurrió con Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo. Es uno de los cabecillas del Mesa, principalmente en temas financieros, y forma parte de la llamada “junta directiva” de la Oficina de Envigado. Fue capturado en 2018 y paga una condena de 14 años por concierto para delinquir agravado. Se cree que es uno de los más poderosos líderes que propone la “paz urbana”.
Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero, es el jefe del Mesa. Se encuentra en libertad condicional, pero le impusieron una condena de ocho años en el marco de una investigación por extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, falsedad material en documento público, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. Tras salir de la cárcel La Paz, se creyó que asumiría la vocería de la negociación en el espacio público, pero su figura ha levantado ampollas entre sus compañeros.
Otro de los cabecillas que compartió tarima con Petro fue José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, líder principal e histórico de la Terraza. Fue capturado en 2009 y recibió una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo. Es una de las voces más respetadas por los criminales en medio de los diálogos de paz.
Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya, es miembro de primer nivel de la Terraza, pero subordinado de alias Douglas. Fue detenido en 2014 y condenado a 19 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Su posición en la mesa dependería de las directrices de Douglas.
Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, es cabecilla de los Pachelly, que opera desde Bello y el norte del Valle de Aburrá. Fue detenido en 2020 por concierto para delinquir agravado y recibió una pena de siete años de prisión.
Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, es el cabecilla de la estructura criminal Robledo, también conocida como los Pesebreros, con control absoluto de las rentas criminales en el occidente de Medellín. Este hombre fue capturado en 2022 y tiene una condena de siete años por concierto para delinquir agravado.
Finalmente, Mauricio de Jesús Morales Múnera, conocido con el alias del Abogado, está en libertad. “Penalista dedicado a la defensa de miembros de las estructuras criminales de Pachelly, el Mesa y Niquía Camacol”, contó una fuente que conoce el comportamiento de las estructuras ilegales en Antioquia. Él es sindicado de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva y concierto para delinquir”; fue condenado a 12 años de prisión por falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal y peculado por apropiación.
Además de estas personas, hay ocho voceros suplentes, cuyos nombres siguen aterrorizando a Medellín: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias el Compa; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Barbas; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo; Rodrigo Henao Acevedo, alias Alber; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; y Carlos Augusto Correa López, alias la Raya.
El tarimazo de Petro con algunos de los peores criminales de Colombia, afincados en la cárcel de Itagüí, donde al parecer están recluidos a sus anchas y con todo tipo de beneficios y lujos prohibidos por la ley, es apenas la punta del iceberg de una negociación oculta que hasta ahora sale a la luz.
A poco más de un año de concluir, el Gobierno Petro está en una carrera contrarreloj para demostrarles a los cabecillas que los pactos se pueden hacer realidad, al amparo de la supuesta paz urbana en Medellín. Sin embargo, la realidad es una: no hay un marco jurídico que les otorgue un estatus a estos cabecillas que, ante todo, buscan quedar en libertad, y, como si fuera poco, pretenden incidir ahora en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 para garantizar que esos eventuales beneficios se concreten, mientras miles de sus víctimas claman por verdad, justicia, reparación y no repetición. Algunos de ellos siguen delinquiendo desde la cárcel, bajo esa mano tendida del Gobierno Petro.
