Lluvia de elecciones en Colombia: este es el panorama inédito que enfrentará el país a partir del segundo semestre del año. Habrá campaña permanente

Aunque el presidente Gustavo Petro y su Gobierno pusieron a los ciudadanos a hablar de la consulta popular, que posiblemente se votará en agosto de este año, la realidad es que el país entró en una campaña política permanente por cuenta de la gran cantidad de elecciones que se avecinan en 2025, 2026 y 2027. No hay antecedentes en la historia del país sobre tres años consecutivos con un amplio número de jornadas electorales que, sin duda, pondrán al país en una permanente campaña electoral y confrontación política entre diferentes sectores.

En medio de la tensionante polarización, estas elecciones prometen agudizar aún más los debates políticos y sociales. Por ejemplo, en 2025, están programadas 19 elecciones atípicas, de las cuales ocho ya tienen fechas establecidas y se está a la espera de que se fije el día para las demás.

Esta cifra podría llegar a 30 si se tiene en cuenta que hay varios procesos de apelación por nulidades en elecciones, entre ellas la del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, o la del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

El próximo 30 de marzo habrá elecciones en Chiriguaná (Cesar), el 6 de abril en Apartadó (Antioquia), el 4 de mayo en Duitama (Boyacá), ese mismo día están programadas jornadas en Nuevo Colón y La Victoria (Boyacá), el 18 de mayo en Oiba (Santander), ese mismo día se harán en Coyaima (Tolima) y en La Jagua del Pilar (La Guajira).

Cada una de estas elecciones tiene un costo diferente que varía de acuerdo con el censo electoral y a las mesas de votación. En todo caso, unas atípicas pueden costar unos 5.000 millones de pesos en los casos en los que se debe hacer menor gasto.

Pero esas no serán las únicas convocatorias a las urnas. Después, se espera la consulta popular del Gobierno Petro, que costará unos 800.000 millones de pesos en fecha aún por definir. Se calcula que podría ser en agosto próximo.

Posteriormente, el 19 de octubre, se realizará la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Ocho días después, es decir el 26 de octubre, nuevamente los ciudadanos podrán acudir a las urnas, según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, mediante la resolución 00701, para “la realización de las consultas populares o internas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo”.

Los partidos y movimientos políticos deben notificar al CNE su interés de hacer una consulta interna antes del 26 de julio. Por ahora, ninguna colectividad ha hecho la manifestación formal, pero se da por descontado que el Pacto Histórico hará uso del mecanismo para elegir al candidato petrista y definir listas al Congreso. Si el progresismo da este paso, seguramente otras colectividades harán el mismo ejercicio para evitar que ese espacio se convierta en un escenario político únicamente para la izquierda. A fin de cuentas, serían unas primarias en las que se empezarían a contar los sectores y habrá reposición de votos.

En el primer trimestre de 2026, el tema electoral continuará porque el 8 de marzo se hará la elección del nuevo Congreso de la República y también se harían consultas interpartidistas de cara a las presidenciales con la finalidad de definir posibles alianzas.

Dos meses después, el 31 de mayo de 2026, se hará la primera vuelta presidencial, donde los colombianos podrán elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Sin embargo, si no hay ganador en esa elección, la segunda vuelta sería el 21 de junio.

Una vez concluida la elección presidencial, el país entrará en la fase de campaña para las elecciones de 2027, en las que los colombianos elegirán a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. La atención se centra, por ahora, en lo que ocurrirá en 2025 con la consulta popular, pues diferentes sectores han dicho que el Gobierno Petro activó un plan electoral con el fin de tomar impulso frente a las legislativas y presidenciales de 2026.

Desde Cambio Radical aseguran que sencillamente el Ejecutivo quiere hacerse contar y usará el mecanismo como plataforma para impulsar las listas al Congreso y el candidato presidencial de 2026. Algo similar a lo que hizo Claudia López con la consulta anticorrupción en 2018, que movió fibras, pero no logró el umbral. No obstante, sacó provecho político y ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2019.

La Ley de garantías

En medio de todo este panorama hay algo de lo que poco se ha hablado y es que el país podría entrar en una especie de parálisis por cuenta de la ley de garantías que entra en vigencia cuatro meses antes de cada elección. Es decir, en noviembre de 2025 iniciará la primera aplicación de la medida por las elecciones al Congreso. Se mantendrá por la elección presidencial y casi que todo 2026 habrá una restricción.

Esa medida prohíbe a las entidades del Estado hacer contratos directos o convenios interadministrativos. El efecto también llegaría a las regiones, porque muchos alcaldes y gobernadores se abstienen de celebrar contratos. Los mandatarios quedarán más de ocho meses con los brazos cruzados para ejecutar sus planes de desarrollo.

Los partidos tienen interés en ganar en las atípicas, buscarán hacer campaña en la consulta popular por el Sí, por el No o por la abstención. Sumado a ello, las consultas internas podrían ser una gran vitrina para las elecciones al Congreso y de paso visibilizar las posibles candidaturas presidenciales. Aunque algunos puedan decir que es la dinámica de cada cuatro años, en esta ocasión el ambiente político es diferente y el país atraviesa una crisis fiscal y de seguridad en las regiones.

En todo caso, aunque siempre se ha dicho que la democracia no tiene precio, todos estos comicios generarán un millonario gasto que deberá ser garantizado por el Gobierno Petro, por medio del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de cumplir con los calendarios electorales.