Política
Laura Sarabia y los otros ministros que no firmaron el ‘decretazo’ del presidente Petro. ¿Qué hay detrás?
El presidente Gustavo Petro anticipó que los ministros que no firmaran el decreto, debían salir del Gobierno. Por diferentes circunstancias, varios funcionarios no plasmaron sus nombres.
El presidente Gustavo Petro expidió este miércoles el decreto donde convoca a los colombianos a las urnas a votar la consulta popular, pese a que el Senado le cerró la puerta a esta posibilidad. Antes de emitir el documento, el jefe de Estado anticipó que despediría a los ministros que no plasmaran su firma en él porque no estarían alineados con los objetivos del Ejecutivo.
Una vez se hizo público el archivo, se conoció que varios funcionarios, titulares de carteras, no pusieron su nombre. Se trata de la canciller Laura Sarabia; el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada; y tampoco apareció del recién nombrado ministro de Justicia e impulsor del decreto, el exfiscal Eduardo Montealegre.
Sobre Sarabia, SEMANA conoció que estaba fuera del país y la reemplazó en el decreto la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio. Sarabia, desde hace 20 días, programó una visita a Bruselas donde cumple agenda de Gobierno.
A ella la está acompañando el ministro de Minas y Energías, por lo que a él lo sustituyó en el decreto el ministro encargado, José Luciano Sanín.
Lo más leído
Frente a la ministra de Ambiente, se reveló que está en Niza, Francia, participando en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, donde se esperaba la llegada del presidente Gustavo Petro, pero que no asistió por el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. A la funcionaria la reemplazó en el decreto Christian David Díaz.
En cuanto al ministro de Justicia recién designado por el primer mandatario, Eduardo Montealegre, todavía no se hace efectivo su nombramiento, pese a que ya estaría cumpliendo sus funciones. A él lo sustituyó el ministro encargado, Augusto Alfonso Ocampo, quien también actúa como secretario jurídico de la Presidencia.
Las personas que plasmaron la firma en el decreto deberán enfrentar una batalla legal, pues ya fueron denunciados por el aparente delito de prevaricato.
El decreto de convocatoria de la consulta popular también fue demandando, con la justificación de que el Senado negó la iniciativa el pasado 14 de mayo y el jefe de Estado, pasándose por encima del Congreso y los tribunales, llamó a las urnas a los colombianos.
Si todo sale como está planeado por parte del Gobierno nacional, el próximo 7 de agosto se realizará la consulta con 12 preguntas, todas relacionadas con la reforma laboral. Pero todo podría cambiar en las próximas horas, pues el presidente estaría dispuesto a reversar la consulta si el Senado le aprueba la reforma que ya tiene el visto bueno de la Cámara de Representantes.
