Las Fuerzas Armadas están sin plata: SEMANA destapa la alarmante desfinanciación que amenaza la seguridad del país y les da ventaja a los grupos criminales

El Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y las Fuerzas Militares, en todos los rincones de Colombia, afrontan una grave crisis económica que hasta ahora sale a la luz en toda su dimensión. SEMANA revela los resultados de una investigación periodística de cuatro meses que constata que la seguridad nacional está en riesgo por el rezago operativo de las instituciones, la falta de inversión para enfrentar las amenazas actuales y el aparente desorden en sus finanzas.

Todo esto mientras los grupos criminales se fortalecen, hacen alianzas internacionales y usan el dinero de los negocios ilícitos, como el narcotráfico, para desestabilizar al Estado y sembrar el terror. Los uniformados están asfixiados.

Los escandalosos números que prueban los aprietos financieros de las fuerzas fueron obtenidos por esta revista mediante una docena de derechos de petición y 357 interrogantes dirigidos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas; informes de los entes de control, y entrevistas con los altos mandos en las últimas 16 semanas en varias regiones del país.

El común denominador es que la plata entregada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro es insuficiente, y si no se hace un ajuste lo más pronto posible, el orden público se seguirá deteriorando aún más y las autoridades no tendrían la capacidad para responder.

Aunque la Casa de Nariño destinó 33 billones de pesos para que las fuerzas operaran durante 2025, hubo un recorte presupuestal sustancial en las zonas con mayor presencia de actores delincuenciales, lo que las ha puesto en desventaja frente al enemigo.

De acuerdo con testimonios recopilados por SEMANA, los uniformados se han visto en la obligación de sacar dinero de su propio bolsillo para costear labores de inteligencia, recompensas, patrullaje y persecución, mientras que algunos mandatarios en Antioquia y Santander han impuesto nuevas cargas tributarias para tratar de solventar las necesidades primarias.

El Ejército le informó al Gobierno Petro que requería 22 billones de pesos para operar durante 2025 y recibió 12 billones de pesos; a la Policía le asignó 14 billones de pesos, cuando lo que se requiere son 23 billones; la Armada solicitó 4,6 billones de pesos y le consignaron 3 billones; a la Fuerza Aeroespacial llegó menos plata que el año anterior, 2,6 billones de pesos, y el Comando General de las Fuerzas Militares percibió 186.000 millones de pesos, pero el 80 por ciento se dedicó al funcionamiento y el restante a actualizar sus capacidades, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa.

Por si fuera poco, de los 33 billones de pesos, no se cuenta con 921.000 millones de pesos porque están congelados debido a la crisis fiscal que afecta al Estado. El Ministerio de Defensa aclaró que este escenario ha obligado a las fuerzas a aplazar la adquisición de bienes y servicios por 148.451 millones de pesos; está pausado el fortalecimiento del desarrollo humano en la fuerza pública en todo el país por 152.147 millones de pesos, y está en veremos la construcción de una nueva sede para el sector de seguridad y defensa de las Fuerzas Militares, en una primera etapa, calculada en más de 341.000 millones de pesos.

Según los altos mandos de las Fuerzas Armadas consultados por SEMANA, la tijera ha implicado una reducción en la movilidad de las tropas, un déficit en el equipamiento de las instituciones, retrasos en el mantenimiento de aeronaves, inconvenientes en las labores de inteligencia y una desactualización de capacidades frente a los nuevos retos del conflicto armado, marcado por el avance de la tecnología al que han migrado los grupos armados ilegales, amenazando la estabilidad del Estado.

Si bien el principal músculo financiero de estas instituciones es el aporte anual del Gobierno nacional, tienen previstas otras seis fuentes presupuestales que en 2024 sumaron 1,5 billones de pesos, y se espera que para 2025 representen una cifra similar. Sin embargo, expertos en la materia aseguraron que esta ayuda alterna tampoco resuelve los graves problemas financieros que enfrentan las Fuerzas Militares y la Policía en Colombia, por lo que se requiere una inyección económica adicional del Ministerio de Hacienda, pero el Estado se apretó el cinturón este año por el déficit fiscal.

Crisis en el éjercito

Según los documentos en poder de SEMANA, el Ejército le comunicó al Ministerio de Defensa que para poder actuar contra el crimen en 2025 requería 22 billones de pesos, justificado en el crecimiento exponencial de los grupos criminales, que ya delinquen en 28 departamentos con 17.500 hombres alzados en armas. Ese pedido contempló el sostenimiento (5,4 billones de pesos), protección (2,5 billones de pesos), mando y control (1,7 billones de pesos), fuegos (2,4 billones de pesos), inteligencia (354.522 millones de pesos), y movimiento y maniobra (9,3 billones de pesos).

Pese a la necesidad, solo se remitieron 12 billones de pesos: 11 billones de pesos para funcionamiento y apenas 735.000 millones de pesos para inversión. Es decir, esta plata solo alcanza para cubrir el 54 por ciento de las demandas y dejó a la institución en un alto grado de vulnerabilidad frente a las estructuras ilegales.

A raíz de este panorama, el Ejército ordenó ajustar las cuentas y se recortaron las finanzas en el 43 por ciento de sus divisiones, brigadas y comandos en Antioquia, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés, Cesar, La Guajira, Chocó, Casanare, Boyacá, Tolima, Santander, Huila, Quindío, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Putumayo, Amazonas, Córdoba y Sucre. En algunas de estas zonas operan a sus anchas las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Asimismo, concretamente, en esos departamentos han ocurrido 205 atentados terroristas en lo que va corrido de 2025, donde han sido asesinados 48 uniformados (de los 80 que se contabilizan en todo el país).

Los casos son alarmantes. Con base en estadísticas aportadas por el Ejército sobre el presupuesto para 2025, la Cuarta Brigada, que atiende a 91 municipios de Antioquia, recibió apenas 32 millones de pesos (no se incluye nómina) para enfrentar la expansión del Clan del Golfo, que ya se ha tomado el 53 por ciento del departamento y amenaza con una guerra entre las bandas narcotraficantes que no se sometan a sus reglas.

A la Brigada Contra el Narcotráfico, con jurisdicción en el Caquetá y que le hace contrapeso a la producción de la cocaína en esa zona del Amazonas, le asignaron 57 millones de pesos; a la Quinta División, que cubre 369 municipios del Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y Tolima, le suministraron 84 millones de pesos; a la Primera División, que protege algunos sectores del Caribe y frena la multiplicación de grupos armados ilegales, llegaron 94 millones de pesos, y al Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia le aportaron 32.000 millones de pesos, la cifra más baja de los últimos seis años.

En el terreno, los uniformados le contaron de manera extraoficial a SEMANA el alcance de esta reducción: “El Ejército, en este momento, no tiene cómo pagar los servicios públicos en todas las regiones porque no hay dinero y están viendo de dónde sale. Los soldados que se encuentran en el área de operaciones deben recibir en el año tres dotaciones y solo están recibiendo dos porque no hay recursos. No hay gasolina para horas de vuelos de los helicópteros. Lo único que se ha mejorado es la bonificación de los soldados; pero de resto, no hay recursos”.

Entre tantos dolores de cabeza, a la institución le preocupa que sus aeronaves están obsoletas (la flota AN-32, la flota Casa 212 y la flota UH-1N) y pidió más de 2,7 billones de pesos para reemplazarlas, sin que hasta la fecha el trámite esté avanzando en el Gobierno Petro.

Este escenario llevaría a la institución a un callejón sin salida, como ya está ocurriendo en la región de la Amazonía: “Por la falta de aeronaves, se está tomando la decisión de enviar a las tropas a la selva por tierra. Mientras hacen el recorrido, existe el riesgo de que las ataquen o que el enemigo se escape. No se obtiene la misma efectividad cuando se llega por aire que por tierra”, indicó un militar desde esa zona del país a SEMANA.

Esta situación es crítica, y así lo prueba un informe de la Contraloría al que tuvo acceso este medio. El Ejército está operando tres helicópteros UH-1N, pero este año salen del servicio y, por ahora, no tienen reemplazo; hay una docena de aeronaves en tierra esperando recursos para su mantenimiento; también se están sobrecargando equipos para trasladar tropas y suministros, pese a que no están diseñados para ese volumen de cargas.

Un alto mando del Ejército relató a SEMANA, bajo reserva por temor a represalias, los otros gastos que faltan por cubrir en la institución: “Sostenimiento, armas individuales de combate, material de asalto aéreo, paracaídas, unidades móviles de mantenimiento, mando y control, ciberseguridad, radios de comunicación, inteligencia, guerra electrónica, ciberinteligencia, protección, desminado militar, fuegos, artillería, movimiento y maniobra, movilidad terrestre y operaciones aéreas”.

SEMANA contactó al comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, para conocer las razones que lo llevaron a reducir el presupuesto en departamentos tan neurálgicos para el orden público nacional como lo son Antioquia, Caquetá, Huila, Tolima y Amazonas, y responder si la escasez de dinero ha afectado el desarrollo de las operaciones militares en el país, como lo referencian sus subalternos, los órganos de control e informes publicados por el Congreso de la República, pero no hubo respuestas hasta la publicación de este informe periodístico.

El hueco en la policía

La Policía recibió 14,7 billones de pesos para operar en 2025, pese a que sus necesidades fueron calculadas en 23 billones de pesos. Por fuentes externas obtuvo 2,3 billones de pesos adicionales, acumulando así 17 billones de pesos para todo el año.

De esta cifra, el 63 por ciento terminó en gastos de nómina, el 15 por ciento en gastos administrativos, el 12 por ciento en la salud, el 7 por ciento en bienes y servicios, el 2 por ciento en educación, el 1 por ciento en inversión, y tendría un presupuesto bloqueado que ascendería a 867.000 millones de pesos, lo que agrava las finanzas de la institución. Por esto, se tomó la decisión de pasar la tijera en las carteras de 16 dependencias, pero SEMANA estableció que son más.

En respuesta a un primer derecho de petición, la Policía reconoció los siguientes datos: una reducción del 27 por ciento en el presupuesto de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que persigue a los peores delincuentes del país y apoya a la Fiscalía en las investigaciones más complejas de desarrollar; a las operaciones policiales le asignaron 18.000 millones de pesos, cuando en 2022 fueron 60.000 millones de pesos; la inversión en tecnología cayó a 15.000 millones de pesos, mientras que en 2024 fue de 34.000 millones de pesos; las recompensas también tuvieron reducción: la Dirección de Inteligencia tiene un banco de apenas 106 millones de pesos para 2025 y ese rubro en la Dirección de Antinarcóticos no sobrepasa los 500 millones de pesos.

Estos datos no fueron incluidos en la respuesta de un segundo derecho de petición, en el que se confirmó la tijera en 16 dependencias más ubicadas en Caquetá, Chocó, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Montería, Neiva, Pereira, Popayán, Santa Marta y Tunja, donde se concentra el 24 por ciento de los homicidios ocurridos en 2025 en todo el país. También hubo reducciones en la Escuela de Aviación, la Escuela de Cadetes General Santander, la Escuela de Posgrados de la Policía y la Escuela de Suboficiales. De acuerdo con testimonios, el efecto se ha sentido en las capacidades logísticas y tecnológicas.

En el caso de la capital del país, la Policía Metropolitana recibió este año cerca de 32.844 millones de pesos para operar; es decir, hubo una reducción del 33 por ciento si se compara con las cifras de 2024. Gracias al presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Distrital, el golpe no se ha sentido tan fuerte, como sí ha ocurrido en otros rincones del país. Por ejemplo, el presupuesto de la Policía Metropolitana de Cali, que enfrenta al primer escuadrón urbano de la guerrilla de alias Iván Mordisco y el horror que siembran estos delincuentes en las calles de Jamundí, cayó 47 por ciento este año y la administración no tiene la capacidad de recomponer la cartera.

En el Caquetá, donde las disidencias de las Farc no tienen límites para delinquir y someten al cobro de extorsiones hasta a los mandatarios locales para cumplir con sus planes de desarrollo, las finanzas para el Departamento de Policía tuvieron una caída del 13 por ciento frente a lo recibido en 2024.

Con base en testimonios de uniformados consultados por SEMANA, han tenido que destinar parte de su salario para cumplir con las tareas que les asignan sus superiores, aunque el alto mando de la institución lo desconoce y hasta lo niega.

Por ejemplo, investigadores de la región Caribe cuentan que han hecho colectas para cubrir el pago de recompensas; en el Valle del Cauca se reporta que reúnen dinero y hacen rifas para arreglar los automotores de la institución; y en Antioquia los uniformados dicen que prestan sus equipos tecnológicos, como computadores y celulares, para poder avanzar en los procesos que les asignan: “Trabajamos con las uñas porque todo el apoyo y recursos están concentrados en Bogotá”, dijo uno de ellos.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dio fe de las dificultades que están enfrentando los policías en su ciudad. Advirtió que el Gobierno Petro no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas y que su administración ha costeado algunas necesidades primarias, pero que detrás de ello habría un efecto en la moral de los uniformados: “No solamente es el recorte, es la desmotivación, que es lo más grave. Yo encuentro una fuerza pública desanimada, desmotivada. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en Bucaramanga por la seguridad”. La versión de la Policía es que el recorte presupuestal no ha afectado el desarrollo de las operaciones y prueba de ello son los golpes que le han propinado a la criminalidad en todo el país, tanto en el número de las capturas como en la incautación de sustancias ilícitas.

Finalmente, otra de las novedades en la Policía es el recorte a la formación en el exterior: “Se restringieron los gastos relacionados con la educación, en materia de cooperación internacional, incluyendo el entrenamiento contra el multicrimen; se frenaron asuntos propios de la infraestructura, se tuvieron que recortar muchas cosas, frenar compras que aprietan el stock de la Policía”, reconoció un alto funcionario a SEMANA, quien pidió omitir su nombre.

Armada, en aprietos

La Armada también le comunicó al Gobierno Petro que requería 4,6 billones de pesos para cumplir con todas sus funciones durante 2025, pero le llegaron a la cuenta 3 billones de pesos, 84.222 millones de pesos menos de lo que le entró en 2024.

De lo que tiene a disposición, se distribuyó de esta manera: 2,5 billones de pesos para el funcionamiento de la institución y 500.637 millones de pesos restantes terminaron en inversión, el fondo que le permite renovar sus capacidades y sistemas de navegación anualmente, calificado por algunos almirantes consultados por SEMANA como “insuficientes” por el aparente deterioro que tendrían los equipos para defender la soberanía de Colombia y enfrentar a las estructuras ilegales que trafican a cielo abierto.

De acuerdo con los datos suministrados por la institución a este medio, hubo una reducción (frente a 2024) en las siguientes dependencias, claves para evitar el tránsito de embarcaciones cargadas de toneladas de cocaína: fuerzas navales de la Orinoquía (-10 por ciento), Caribe (-2 por ciento) y Pacífico (-5 por ciento); la Inspección General (-24 por ciento); la Ayudantía General del Comando de la Armada (-13 por ciento); las jefaturas de Inteligencia Naval (-9 por ciento), Material (-18 por ciento), Operaciones Logísticas (-38 por ciento), Operaciones Navales (-99 por ciento) y Planeación Naval (-58 por ciento); el Estado Mayor Naval de Personal (-63 por ciento); Acción Integral (-22 por ciento); y Desarrollo Humano (-34 por ciento).

Altos mandos de la Armada, que pidieron omitir sus identidades, narraron bajo reserva a SEMANA que los efectos se han sentido en los últimos meses, principalmente en el acceso al combustible, pues llenar un buque cuesta 8.000 millones de pesos y una lancha cerca de 200 millones de pesos: “No es algo nuevo.

En la Armada siempre sufrimos por falta de combustible y por falta de medios, principalmente por los medios aéreos. Siempre los recursos van a ser menores, inferiores a las necesidades”; “no hay plata para las fragatas de la Armada y hasta de los submarinos”.

Las cuentas no cuadran

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) recibió este año 2,6 billones de pesos para trabajar: 2,1 billones de pesos se destinaron para el funcionamiento de todas las entidades bajo su mando y solo 554.627 millones de pesos terminaron en inversión, un número menor, pese a las necesidades que tiene para renovar sus flotas. En un punto más equilibrado, la institución mermó el presupuesto en la Base Aérea Comando de la Fuerza, Bacof, en un 19 por ciento, si se compara con las estadísticas de 2024, que también fueron suministradas a SEMANA mediante un derecho de petición.

El Comando General de las Fuerzas Militares, bajo la comandancia del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, con un presupuesto anual de 186.412 millones de pesos, apretó su billetera en el Departamento de Control de Armas, Municiones y Explosivos –encargado de autorizar y controlar la posesión, el porte, la comercialización y el uso de armas, municiones, explosivos y sustancias químicas controladas– en un 48 por ciento, pasando de tener en 2024 finanzas por 5.316 millones de pesos a tener que maniobrar en 2025 con 2.800 millones de pesos.

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las reducciones estarían haciendo mucho daño: “El abandono se ha sentido de múltiples maneras, no solamente en las condiciones locativas en las que viven y trabajaban soldados y policías a lo largo del departamento, sino en carencias muy básicas; a nosotros nos ha tocado, incluso, ayudarles, por ejemplo, suministrándoles botas. Nos tocó crear una tasa de seguridad que nos va a permitir recoger, en los dos años y medio que nos restan de mandato, algo cercano al billón de pesos, y que va a tener foco en atender las carencias”.

En entrevista con SEMANA, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, reconoció el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas: “El presupuesto que habíamos pedido no fue autorizado porque no alcanzó la plata. El Gobierno había planteado una reforma tributaria, una financiación, al no ser aprobada, se tuvo que reducir el presupuesto”.

También reconoció que la escasez de dinero ha golpeado las operaciones. “Indiscutiblemente, afecta en ello. Somos conscientes como Ministerio, el Gobierno es consciente de ello, los comandantes somos conscientes de ello, pero ha habido inyecciones importantes, por ejemplo, 800.081 millones de pesos, que fue a través del decreto de conmoción interior; se han descongelado 336.000 millones de pesos y están en proceso de descongelar otros 90.000 millones”.

Alarmantes hallazgos

En medio de la crisis económica y las dificultades por la falta de dinero para financiar a las tropas, SEMANA accedió a un preocupante informe de la Inspección General del Ejército sobre materiales caducados en las bodegas de municiones, granadas y explosivos en los departamentos de Cundinamarca y La Guajira. Allí se registró: “Material de guerra vencido, incluso con fechas de vencimiento desde el año 2017; munición defectuosa; las granadas de 60 mm no tenían seguro, sin cargas y lotes no coinciden con los cargados en el (sistema)”.

Testimonios recogidos por los entes de control y por SEMANA advierten que elementos vencidos han terminado en operaciones militares, pese a las alertas internas en las Fuerzas Militares. “De acuerdo con el concepto técnico del fabricante, dicho material ya no puede ser utilizado ni en actividades de operación ni de entrenamiento por el riesgo que implica para la integridad de las personas”, se lee en el informe de la Inspección General del Ejército. Para la Contraloría, esto “puede conducir a un menoscabo patrimonial al Estado, representado en la inutilidad de la munición que se encuentra almacenada”.

En el mismo documento, también se advierte una preocupación por el estado físico de las estructuras donde se guardan estos elementos de guerra, lo que da cuenta del aparente abandono estatal: “Se presentan debilidades en los polvorines y lugares de almacenamiento del material de guerra, como oxidación de los containers, deterioro de las estructuras, humedad en techos y paredes, lo que no permite garantizar el cumplimiento de las condiciones óptimas en las que aquel se debe almacenar y conservar”.

A esto se suma la pérdida de altas cantidades de armamento y municiones que, supuestamente, estarían terminando en manos de las estructuras criminales. En una inspección al Fuerte Militar de Tolemaida y a la Brigada 10, que opera en el Cesar y La Guajira, se confirmó el faltante de cientos de proyectiles, misiles y granadas. Por este caso, las autoridades abrieron investigaciones en diferentes puntos del país.

De igual manera, en medio de la escasez de dinero, los órganos de control han llamado la atención sobre los gastos reservados de la fuerza pública, custodiados con normas de reserva que impiden su plena verificación y el estudio de la opinión pública. Hay denuncias, conocidas por SEMANA que advierten de viáticos legalizados con aparentes irregularidades y pagos de multimillonarias recompensas que, por la naturaleza del sistema, impiden saber quién las recibió y cuál fue el valor de la información aportada para tomar la decisión de desembolsar los dineros.

Finalmente, hay investigaciones en curso ante las sospechas de presuntos sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios en las Fuerzas Militares y de Policía durante el Gobierno Petro. SEMANA conoció que uno de los procesos está en el Ejército, donde la Contraloría descubrió una millonaria orden de compra para la adquisición de telas para uniformes camuflados con un supuesto sobrecosto que supera los 4.078 millones de pesos. Este caso está en investigación y la institución ya fue requerida para que brinde explicaciones por lo sucedido.

Los otros líos

El peso financiero de la seguridad no solo recae sobre el Ministerio de Defensa, las gobernaciones y las alcaldías. El Ministerio del Interior tiene el Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia (Fonsecon) que, en los últimos siete años, les aportó a las Fuerzas Militares y a la Policía cerca de 940.000 millones de pesos. A través de este fondo también se gestionan grandes proyectos y, al parecer, algunas ciudades capitales y municipios, buscando sistemas de videovigilancia, no han podido avanzar con sus propuestas por aparente falta de voluntad política.

La Alcaldía de Manizales tocó la puerta del Gobierno el año pasado y no encontró buenas noticias: “No lo aprobaron. Este año no se encontró receptividad para presentarlo. Se optó por hacer la modernización del sistema con recursos propios del municipio”.

La iniciativa también se impulsó desde la Alcaldía de Ibagué: “No, nada, nunca salió nada”, respondió a SEMANA la alcaldesa Johana Ximena Aranda. Pasó lo mismo con la Alcaldía de Montería, según contó un funcionario: “Con (Luis Fernando) Velasco se iba a adelantar ese proceso y (Juan Fernando) Cristo lo echó para atrás”.

Por intermedio de ese fondo, en alianza con entidades territoriales, también se gestiona la construcción de estaciones de Policía en 14 municipios del país. Un informe de la Contraloría advierte de retrasos y posibles irregularidades en las obras cuantificadas en más de 87.629 millones de pesos, ubicadas en Alto Baudó y Cantón de San Pablo, Chocó; Acacias, Meta; Ipiales, Nariño; Guateque y Rondón, Boyacá; Palmitos y Corozal, Sucre; Arboledas, Norte de Santander; Flandes, Tolima; Montería; El Carmen de Viboral, Támesis y Liborina, Antioquia.

Esta desoladora radiografía, construida por SEMANA a partir de derechos de petición, alerta sobre la voluntad política del Gobierno Petro con las Fuerzas Armadas, encargadas de defender a los colombianos, luchar contra el narcotráfico, combatir a los grupos criminales y proteger la soberanía nacional. El rezago es evidente.

Hoy, policías y militares luchan con las uñas, mientras las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo disfrutan las ganancias de las rentas criminales, extorsionan a diestra y siniestra, les sacan jugo a las cifras récord de cultivos de coca y expanden su poder criminal, ante la mirada atónita de los colombianos.