La plata corrupta de la UNGRD habría sido usada para impulsar el trámite de la reforma pensional del Gobierno Petro; esto fue lo que pasó

El trámite de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro habría sido ‘aceitado’ también con plata corrupta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

SEMANA conoció que Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, confesó en la Fiscalía que los 3.000 millones de pesos que le entregó al entonces presidente del Senado, Iván Name, hacia octubre de 2023, no solo tenían como fin que él agilizara la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, sino también que el congresista apoyara el trámite de las reformas del Gobierno, entre ellas la pensional.

Según fuentes cercanas a la investigación, Ortiz contó esa versión en su colaboración con la Fiscalía. En ese momento, ella manifestó estar dispuesta a ampliar su testimonio sobre cómo la plata corrupta de la UNGRD habría sido usada para persuadir a Name en relación con la reforma pensional.

El entonces presidente del Senado, según Ortiz, cumplió de inmediato con el primer compromiso que se pactó en un desayuno en su oficina, en la mañana del 13 de octubre de 2023, relacionado con la elección del nuevo magistrado en la Corte Constitucional.

A ese encuentro, habrían asistido Name, Ortiz, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, y Vladimir Fernández, quien era el secretario jurídico del Gobierno Petro.

Luego de ese encuentro, de acuerdo con las pruebas entregadas por la exconsejera presidencial en la Fiscalía, Name programó la plenaria para el 17 de octubre. Ese día, Fernández, quien era el secretario jurídico del Gobierno Petro, fue elegido magistrado de la Corte Constitucional.

El segundo compromiso, relacionado con el apoyo de Name a las reformas, entre ellas la pensional, se vio truncado en un comienzo, según la información en poder de SEMANA.

Name, luego de recibir presuntamente los 3.000 millones de pesos, se habría indignado con el Gobierno Petro. El entonces presidente del Senado le habría hecho saber a algunos altos funcionarios en la Casa de Nariño que se estaba filtrando información sobre el soborno que habría recibido.

“Iván Name tomó una represalia por eso y se demoró varios meses en agendar la pensional. Él le hizo el reclamo a algunas personas del Gobierno. Por eso, a finales del 2023, no incluyó el debate en la agenda”, relató a SEMANA una fuente vinculada directamente a la investigación por estos hechos y que pidió la reserva por seguridad.

En la Casa de Nariño, algunos funcionarios que conocían del soborno entregado al entonces presidente del Senado se alcanzaron a sentir “tumbados” por Name, dada la lentitud que él le impuso al trámite de la reforma pensional, contaron testigos de ese episodio.

En Palacio, nadie creyó en la versión de Name de la filtración del dinero que se le habría entregado y algunos lo interpretaron como una “estrategia” de él para negociar posiblemente más prebendas, según fuentes que investigan lo sucedido.

Sandra Ortiz confesó que le dio los 3.000 millones de pesos a Name, en dos entregas, los días 12 y 13 de octubre de 2023.

El dinero, según ella, se lo entregó a Iván Leonidas Name Ramírez, hijo del entonces presidente de Senado, por solicitud del propio congresista. Todo se dio en el apartamento del senador, en el norte de Bogotá.

Ortiz contó en la Fiscalía que coordinó la entrega con ‘Yuyis’, como llamó al hijo de Name, según los chats de WhatsApp revelados en exclusiva por SEMANA.

Así se concretó la ayuda

En el caso de la reforma pensional, la ayuda de Name solo se materializó a comienzos del 2024, de acuerdo con las fuentes consultadas por SEMANA.

Name habría accedido finalmente a apoyar el trámite de esa reforma, según fuentes de la Casa de Nariño, tras haber llegado a un acuerdo con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

SEMANA revisó las plenarias del inicio de la legislatura del 2024. Efectivamente, el 27 de febrero de ese año, Name agendó la discusión del proyecto de ley 293 de 2023 (reforma pensional), tal como consta en los archivos del Congreso.

Posterior a ello, en un hecho que levantó todas las sospechas, Name le entregó sorpresivamente el control de las plenarias a la vicepresidenta María José Pizarro, del Pacto Histórico, aliada del presidente Petro. En total, le dio el manejo de ocho de 13 sesiones.

La reforma pensional se aprobó el martes 23 de abril del 2024, en una plenaria que estuvo en manos de Pizarro. En ese momento, muchos se preguntaron por qué Iván Name, quien se mostraba supuestamente como un crítico del presidente Petro, se ausentó de la plenaria.

Sandra Ortiz ha señalado que está dispuesta a contar en la Fiscalía todo lo relacionado con los compromisos adquiridos por Iván Name.

La lupa de la Corte Constitucional

Este tema cobra una gran relevancia porque, el pasado viernes, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, le pidió a la sala penal y a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que le envíen todas las pruebas del escándalo de la UNGRD para analizar la constitucionalidad de las reformas del Gobierno Petro.

La Corte estudia la exequibilidad de la reforma pensional, cuyo trámite habría tenido vicios en el Legislativo ante la falta de debate en la plenaria de la Cámara, según los demandantes.

Si la Fiscalía escucha el testimonio completo de Sandra Ortiz, la Corte Constitucional tendría en sus manos una prueba contundente sobre lo que habría sido un soborno a Iván Name para apoyar la reforma pensional del Gobierno Petro.

En su petición, el magistrado Ibáñez Najar pidió copia íntegra de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad, e igualmente copia de la medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz.

El alto tribunal explicó que su petición se da en el marco de la demanda instaurada por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional y los sobornos que habrían recibido, no solo Iván Name, sino también el entonces presidente de la Cámara Andrés Calle (en su caso por 1.000 millones de pesos) y que tenían como finalidad que ambos apoyaran las reformas del Gobierno Petro, entre ellas la salud y la pensional.

“En razón a que en este contexto se enmarcan, entre otras, la reforma pensional, proyecto de iniciativa del Gobierno, que es objeto de la demanda en este proceso, el suscrito magistrado sustanciador advierte que las informaciones en comento se conocieron después de haberse decretado y practicado pruebas en este proceso”, señaló la Corte Constitucional.

A raíz del pedido del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta en X: “La reforma pensional fue engavetada siete meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo (...) Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia (...) Ahora veo que intentan convertir a Name en un sobornado por mí para pasar la reforma pensional”.

Sin embargo, en caso de que la Corte Constitucional acceda a la información que Sandra Ortiz pueda aportar en la Fiscalía, la reforma pensional sufriría un duro golpe de legitimidad.

En un hecho que ha sido muy cuestionado, el magistrado Vladimir Fernández, cuya elección se habría dado gracias a la plata corrupta entregada por Ortiz a Name, según ella, es hoy uno de los encargados de estudiar esa reforma pensional en el alto tribunal.