La JEP, criticada por “irrisoria” sanción a exjefes de las FARC por secuestro, le ordenó a la UNP “fortalecer sus esquemas de protección”

La Justicia Especial para la Paz le puso un puntillazo a la espera de casi siete años y profirió una sentencia contra los integrantes del secretariado de las FARC: los condenó a una sanción de ocho años por el delito de secuestro durante los últimos 30 años.

Tendrán que adelantar labores sociales de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, entre otras.

La sentencia indignó a las víctimas.

Aunque era un hecho que los exintegrantes de las FARC —a quienes la JEP señala de responsables de los secuestros de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Gechem, entre otro rosario de políticos— no pagarían prisión, se esperaba que la sentencia fuera, por lo menos, de 15 años.

Como si fuera poco, en uno de los apartes de la sentencia, los magistrados que profirieron la decisión, hablaron de la necesidad de redoblar los esquemas de seguridad para los excomandantes guerrilleros, quienes tendrán que desplazarse a varias regiones a cumplir sus sanciones restaurativas.

“Como complemento a la seguridad colectiva en terreno, es necesario fortalecer los esquemas de protección individual de los comparecientes durante el periodo de sanción. Actualmente, varios de los exmiembros del Secretariado de las FARC cuentan con medidas de seguridad asignadas por el Estado en su calidad de firmantes del acuerdo de paz o de congresistas del partido surgido de la reincorporación”, se lee en el fallo.

Según los magistrados, la Unidad Nacional de Protección (UNP), les ha brindado esquemas de escolta y protección frente a riesgos identificados.

“En vista de que la ejecución de las sanciones propias implicará su presencia frecuente en territorios posiblemente apartados y con desafíos de seguridad, resulta imperativo que dichos esquemas de protección se mantengan y, de ser necesario, se refuercen”.

En tal virtud, “se ordenará a la UNP que realice una evaluación individual de nivel de riesgo para cada uno de los siete comparecientes sancionados en el Caso 01, teniendo en cuenta el nuevo contexto de sus actividades restaurativas”.

Con base en esa evaluación, “la UNP deberá ajustar o aumentar las medidas de protección asignadas, por ejemplo, ampliando el número de agentes que integran la escolta, proporcionando vehículos blindados para los desplazamientos hacia las zonas de los proyectos, dotando equipos de comunicación satelital o botones de pánico, y en general garantizando que cada compareciente cuente con un esquema acorde a su riesgo particular”, pidió la JEP.

La Justicia Especial para la Paz insistió en que la protección a los sancionados es parte integral de las garantías ofrecidas por el Estado dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Su efectiva materialización constituye una condición para la permanencia de los comparecientes en el régimen de condicionalidad y en el cumplimiento de las sanciones que esta Sección les imponga. En consecuencia, el incumplimiento o la desatención grave de la seguridad de los comparecientes por parte de las autoridades encargadas podría llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado o dar lugar a medidas correctivas internas, dada la posición de garante que este ostenta respecto de ellos mientras cumplen la sanción”, remató.