La investigación contra Carlos Alberto Carreño, de Comunes, por supuestamente solicitar dinero a su UTL, se estancó. ¿Qué pasó?

El representante de Comunes Carlos Alberto Carreño, más conocido como ‘Sergio Marín’ en las antiguas Farc, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente haberles cobrado parte de su salario a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Las pruebas son contundentes, pues ya se han conocido algunos de los testimonios y documentos que habría en su contra y que lo relacionan con este hecho. En el expediente se encuentran declaraciones de testigos de primera mano, pagos electrónicos y otras pruebas que reposan en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el caso.

Sin embargo, la investigación se encuentra estancada, pues Carreño presentó una recusación en contra de la togada que aún no ha sido resuelta. Ese recurso está en el despacho del magistrado César Reyes, quien ha tenido diferencias con Lombana.

Gracias a un derecho de petición conocido por SEMANA, respondido el pasado 17 de septiembre, la Corte Suprema aseguró que existen dos investigaciones en contra de Carreño en el alto tribunal, una de ellas es la relacionada con los supuestos cobros a los miembros de su UTL. Sin embargo, lo más revelador del documento es que reconoce que desde el 23 de julio de 2025 se encuentra en el despacho del magistrado César Augusto Reyes la recusación que presentó Marín en contra de la magistrada Cristina Lombana, quien es la que ha investigado este caso y tendría las pruebas suficientes para determinar si Marín es responsable de esos hechos.

El tema no es menor: si Carreño llega a ser condenado por estos hechos podría convertirse en el primer miembro de trascendencia de las antiguas Farc que iría a la cárcel por algún delito, especialmente en medio de todos los cuestionamientos alrededor de las penas restaurativas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en contra del antiguo secretariado de las Farc.

¿Por qué después de prácticamente dos meses Reyes no ha resuelto la recusación contra Lombana? Según el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 60, si una recusación versa sobre un magistrado, decidirán los restantes magistrados de la Sala y se tendrán que cumplir los términos del Código, que aunque no habla de plazos concretos, sí pide que se resuelva prontamente. “Presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante providencia motivada”, dice el Código.

Este es otro detalle importante en el caso, pues si la recusación prospera, el siguiente en la lista en asumirlo sería el propio Reyes, pues es quien le sigue a Lombana en la Corte en orden alfabético, por lo que a él le tocaría esta papa caliente.

Públicamente, se sabe que Reyes y Lombana no han tenido las mejores relaciones, ya que entre ellos mismos se han presentado recursos en varios momentos. Uno de los más recientes fue por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Reyes, a su vez, es recordado por ser quien ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe cuando era senador. Fue, en ese entonces, cuando Uribe renunció a su curul para que su caso pasara a la Fiscalía. Además, en 2016 Reyes firmó un contrato con el Gobierno de Juan Manuel Santos en medio del acuerdo de paz como subgerente de la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda., el cual tenía como objetivo “acopiar y analizar la información jurídica de las personas que se encontraban privadas de la libertad (integrantes de las Farc), los delitos y las penas impuestas, así como sus condiciones carcelarias”, por lo que algunos interpretan que Reyes podría estar inhabilitado para llevar a cabo esta investigación si procede la recusación contra Lombana y llega a su despacho el caso de Marín.

Ese escenario parece poco probable, en parte porque Carreño ya había presentado una primera recusación en contra de Lombana en medio de la investigación con argumentos similares que también tuvo que ser resuelta por Reyes y salió a favor de Lombana. En ese momento, Carreño argumentó una “enemistad grave”; esa vez también se demoró dos meses en resolver el recurso, pues la recusación fue presentada el 5 de septiembre y resuelta hasta el 12 de noviembre.

Esta revista conoció información detallada de los argumentos que presentó Carreño para recusar por segunda vez a Lombana. El principal es prácticamente el mismo que ya había usado la primera vez, y es que la magistrada estaría inhabilitada porque formó parte de la Justicia Penal Militar.

Según Carreño, Lombana no podría estudiar su caso porque, cuando ella fue miembro activo del Ejército Nacional, en el mandato del expresidente Álvaro Uribe, el exguerrillero seguía perteneciendo a las filas de las Farc.

Carreño también reclama porque, según él, varias de las pruebas que se habrían practicado en su contra, entre ellas una auditoría forense a su correo electrónico, se habrían realizado cuando él ya había presentado la primera recusación contra Lombana, por lo que, argumenta, esas pruebas no podrían ser incluidas en el expediente.

Carreño reclamó que supuestamente el hecho de que la magistrada haya pertenecido al Ejército Nacional pondría en duda su imparcialidad. Incluso, pone de precedente una investigación que adelantó en su momento Lombana en la que ella buscaba entrevistar a un miembro de las Farc por un caso de la exsenadora Piedad Córdoba.

Contra las cuerdas

Más allá de la recusación que deberá resolver Reyes para determinar si Lombana puede seguir con el caso o no, en la información conocida por esta revista también se detallan varias de las pruebas que se han recopilado en este caso.

Una de las más contundentes es la declaración de Irene Amado, exsecretaria de Carreño, quien, según le contó a la Corte, era la encargada de centralizar todos los pagos de los demás extrabajadores y supuestamente entregarlos al congresista. Ella tuvo que exiliarse en Estados Unidos por esta denuncia, según dijo, porque recibió amenazas de Carreño.

Noticias Caracol reveló en su momento el testimonio de Amado, en el que contó que Carreño le pedía que le hiciera la lista de los funcionarios que no querían entregar parte de su salario y amenazaba con sacarlos del cargo, pues se trata de cargos de libre nombramiento y remoción.

“Era una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que…’. No, eso fue así. Tanto así que las personas que no aportaban tenían diferencias con el representante, tenían un llamado de atención”, relató Amado.

Según se ha conocido en medio de la investigación, esos dineros habrían estado destinados al partido Comunes. El problema es que esa práctica no estaría regulada, pues los funcionarios no pueden hacer aportes de dinero a campañas políticas.

Precisamente, uno de los hechos más llamativos en medio de toda la investigación es que Carreño reconoce que, efectivamente, los pagos habrían existido; sin embargo, argumenta que se hicieron de manera voluntaria.

Carreño asegura, a través de sus apoderados, que efectivamente Amado recibía los pagos; sin embargo, aclara que en 2022 fue relevada de esas funciones y se encargó desde entonces a Diego Camilo Méndez Quintero. Él reconoció ante la Corte que en su caso hacía los pagos de forma “natural” como parte de su militancia en Comunes.

SEMANA contactó a Reyes para conocer por qué hasta el momento no se ha resuelto en más de dos meses la recusación en contra de Lombana; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.