Política
La FLIP le envía carta a la Presidencia tras la obstrucción al trabajo de un periodista de SEMANA que cubría la visita de Verónica Alcocer a La Picota
Los hechos se registraron el pasado 4 de septiembre. Al reportero Javier Barragán se le retuvieron los documentos de acreditación por cerca de una hora.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le envió una carta a la Presidencia de la República, en la que alertó la obstrucción al trabajo que estaba desarrollando el periodista Javier Barragán, de SEMANA. Los hechos se presentaron el pasado 4 de septiembre, cuando el reportero estaba cubriendo la visita de la primera dama Verónica Alcocer a la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá.
El periodista, tras grabar el hecho noticioso en el espacio público (en los alrededores del centro penitenciario), fue abordado por un integrante de la Policía, quien le advirtió que no podía hacer ese registro.
Un funcionario de seguridad de la Presidencia, adscrito al esquema de Verónica Alcocer, requirió el carné de prensa al reportero y le solicitó sus datos personales para verificar qué se encontraba haciendo en el lugar. El periodista se sintió intimidado por desarrollar su labor profesional. Pero una hora después, tras revisar la identidad del periodista, quien exigía respeto por su oficio y la libertad de prensa en Colombia, le fueron devueltos sus documentos.
En la misiva, la FLIP expresó: “En esta ocasión, acudimos a ustedes con el propósito de señalar que este tipo de procedimientos, cuando presentan irregularidades, vulneran tanto el derecho al debido proceso como las garantías especiales que protegen la libertad de expresión y de prensa”.
“Recordamos que dichos derechos deben ser respetados en todos los procedimientos adelantados por miembros de la fuerza pública y por el personal de seguridad de la Casa de Nariño, ya que la falta de observancia de estos puede derivar en hechos de obstrucción al trabajo periodístico, como ocurrió en el presente caso”, dice la carta de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Además, agrega: “La negativa de acceso, el desalojo de periodistas de espacios públicos o cualquier otra medida que limite su labor informativa debe responder a criterios previamente definidos y debe estar sustentada en principios de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad, de modo que no constituya una forma de censura indirecta ni genere un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.
La FLIP insistió: “Además, las autoridades tienen el deber de explicar y comunicar las razones de la restricción, garantizando que no se trate de una represalia por el contenido de las preguntas o de la información que se pretende publicar”.
Finalmente, hizo una solicitud expresa a la Casa de Nariño: “Respetuosamente, solicitamos se sirvan indicar el nombre del policía que abordó al periodista en primera instancia, así como el del funcionario de la Casa de Nariño que lo abordó posteriormente; para dicha identificación, aportamos videos grabados por el periodista, con el fin de facilitar la verificación”.
