La cooperación de Estados Unidos con Colombia está en jaque. Organizaciones no tienen cómo pagar nóminas y continuar proyectos

Colombia enfrenta un boquete en la recepción de recursos de cooperación internacional por cuenta de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar esos giros durante tres meses hasta que su administración estudie qué proyectos quiere financiar en el mundo y que se alineen con los objetivos de la Casa Blanca.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) le entrega a Colombia alrededor de 1.880 millones de dólares anuales para programas de ayuda en asuntos como seguridad alimentaria, educación, género, salud, democracia, derechos humanos y cambio climático. Esos recursos están congelados hasta que la administración republicana defina cuáles serán los países que seguirá respaldando y en qué cuestiones.

Ese problema afecta a un amplio grupo de naciones de América Latina que reciben recursos de cooperación, también de Medio Oriente o ubicados en el Caribe. En el caso de Colombia, tiene un especial problema porque Estados Unidos es el mayor socio bilateral en términos de cooperación, por encima de actores como la Unión Europea, Alemania, Suecia, Noruega, el BID, el Banco Mundial y otros que también giran multimillonarios cheques para los intereses del país. Estados Unidos no es el único cooperante, pero sí el principal y de su financiación depende que centenares de instituciones puedan mantenerse a flote.

“Hay organizaciones paralizadas porque más de la mitad de su financiación depende de los fondos gringos. La incertidumbre es muy grande porque no sabemos qué decisión pueda tomar el presidente. Podemos estar esperando el peor escenario porque hay cambios drásticos en Estados Unidos”, advirtió el director de la Fundación Pares, León Valencia. Esa organización no depende enteramente de la cooperación norteamericana, pero sí vio comprometidos sus programas en Tumaco, Quibdó y Cúcuta, que solo podrán continuar si se consiguen fondos desde otros proyectos.

No todo el dinero que gira Usaid está congelado. El secretario de Estado, Marco Rubio, aplicó una excepción a la directiva presidencial permitiendo que se mantengan los giros que corresponden a la atención humanitaria, una decisión que sirvió de salvavidas para países en guerra en los que la vida de las personas depende de esos recursos. Sin embargo, hay otras cuestiones que quedaron a la deriva, como la financiación a programas LGTBI, que es probable que la administración republicana cancele por estos cuatro años, pues en lo interno ya ordenó que solo se podrán reconocer los géneros masculino y femenino.

Los recursos de Usaid pagan plazas en el mercado laboral, y lo que hacen quienes son contratados con ese capital está enfocado en las zonas apartadas del país, en donde el dinero del Estado no alcanza y se necesita de aportantes internacionales para brindar atención.

Diki Manuel Urrutia lidera una organización ubicada en el Bajo Cauca que lleva diez años trabajando con los jóvenes que viven en esta zona de conflicto gracias a los recursos de ese país. Promueve la construcción de paz y entornos seguros para la población que está en riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley y de posibles violaciones a los derechos humanos. Esa labor, por ahora, está frenada, pues los fondos para los que estaba licitando quedaron suspendidos.

“Nosotros hemos trabajado con más cooperantes, pero tenemos que ser claros en que la cooperación que entra desde el Departamento de Estado, a través de Usaid, es la más amplia en Colombia y la que más posibilidades nos da a las organizaciones. La carencia de esa financiación está poniendo en riesgo a las personas, porque no podemos generar protocolos para atender a la población en riesgo”, contó Urrutia.

La cuestión de la ayuda para el desarrollo se maneja con diplomacia y por eso no todas las organizaciones y empleados cuyos salarios dependen de la cooperación deciden hablar en micrófonos. SEMANA conoció casos de congelaciones de contratos en el Servicio Jesuita de Refugiados, la OIM, Pastoral Social y también se generaron alertas en Oxfam y Mercy Corps, con programas que están en el territorio nacional o que tienen incidencia en zonas fronterizas con Venezuela.

La decisión de la administración Trump, además, no solo afecta al sector social, pues en el mismo Gobierno nacional y en administraciones locales hay puestos de trabajo que se pagan con recursos de cooperación, y no del Estado colombiano, para tareas como la atención a los migrantes y los desplazados internos.

Sin ir muy lejos, la arquitectura institucional para la atención de los venezolanos depende, en parte, de los aportes de actores internacionales, así como el Programa Comunidades Saludables, que opera en nueve departamentos en alianza con el Gobierno nacional y para el que se estaba buscando una extensión.

Los fondos provenientes de Usaid han disminuido desde 2021 y ese recorte se mantendrá en esa línea. Así lo aseguró Paula Ruiz, docente investigadora de la Universidad Externado. Detalló que hay otros actores que han ocupado esos espacios de forma paulatina, como Turquía, Corea del Sur, China y Emiratos Árabes Unidos.

“Debido a que los fondos de socios tradicionales vienen disminuyendo, el país ya viene trabajando en nuevas estrategias, nuevos socios y diversificando sus fuentes de financiación y de cooperación (más allá de la financiera). Si bien la cooperación estadounidense tiene un rol amplio y proyectos de mayor impacto, no es el único socio con el que el país se ha venido relacionando”, comentó Ruiz.

La llave de recursos de Estados Unidos no se cerrará, pero lo claro es que será redireccionada para abril, cuando debería finalizar el análisis de la Casa Blanca sobre cuáles iniciativas priorizar, en qué países y con cuántos dólares.

La palabra final la tienen el presidente Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, un republicano con ascendencia cubana, quien anticipó que los futuros proyectos tendrán que pasar tres filtros: “¿Hace a Estados Unidos más seguro? ¿Hace a Estados Unidos más fuerte? ¿Hace a Estados Unidos más próspero?”.

SEMANA contactó a Usaid para preguntar sobre el futuro de sus programas, pero la agencia del Gobierno norteamericano respondió que, por lo pronto, no estará disponible para dar declaraciones a medios. Lo cierto es que el futuro de su financiación no depende de los funcionarios en la oficina de Bogotá, sino de lo que se defina en Washington.

¿Hace a Estados Unidos más seguro, fuerte o próspero aportar recursos para los municipios PDET? ¿Lo convierte en un país más seguro, fuerte o próspero girar miles de dólares para las comunidades afros e indígenas? De este tipo de preguntas que se hacen los republicanos, en una administración que quiere mirar hacia adentro y no al mundo, depende que en las próximas semanas Usaid le dé un nuevo cheque al país.

Lo prioritario para Trump, por ejemplo, son las fumigaciones de los cultivos ilícitos para combatir el narcotráfico y la lucha contra los grupos armados ilegales, dos asuntos que no necesariamente son urgentes para la Casa de Nariño, que prefiere erradicaciones manuales y dialogar con los grupos criminales.

La situación de Colombia es particular por las fisuras producidas entre los presidentes Petro y Trump en los 12 días que van de su administración, que dejaron a los colombianos sin el servicio de visas durante casi una semana.

La relación bilateral está herida y de su cicatrización depende el nivel de apoyo que llegue en los próximos cuatro años, pues no está claro si la relación sanará para 2026, cuando Petro deje la presidencia.

“Estados Unidos buscará una cooperación que sea acorde a su agenda política. Los países quieren que la cooperación se traduzca más en sus ideales, y el Gobierno necesita crear estrategias para que su agenda social sea sostenible. La preocupación ahora no es solo de temas económicos, sino también del mensaje político”, comentó el líder de una organización.

En los sectores sociales están preocupados y el jueves hubo una reunión para hablar de qué estrategias podrían poner en marcha para conseguir dineros ante la falta de recursos de Estados Unidos. El problema es que, de cada diez acciones de cooperación internacional que se consolidan en América Latina, siete dependen de ese país.

En Pastoral Social están en riesgo los programas de nueve diócesis que impactan a más de 15.000 personas en distintos municipios, donde laboran cerca de 75 trabajadores cuyos salarios dependen de estos giros.

“No es solo el impacto social en el territorio, sino también los salarios de estas personas que tenemos contratadas, que son la infraestructura por la que funcionan los proyectos. Tenemos dificultades financieras para cubrir los salarios y, si esa situación se mantiene, vamos a perder los procesos que hemos hecho con las comunidades. Estamos en una situación de incertidumbre porque no sabemos qué pasará cuando finalicen los 90 días de análisis. Preferimos saber pronto si tendremos o no financiamiento”, afirmó el presbítero Mauricio Rey Sepúlveda.

Si bien Colombia tiene una relación de dependencia con la cooperación estadounidense, no es el principal financiador mundial. Este actor ocupa el cuarto lugar en la lista de mayores cooperantes globales, con aportes del 9 por ciento de la ayuda al desarrollo, después de Alemania, la Comisión Europea y Holanda, de acuerdo con Financial Tracking Service.

Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) advirtió que “recortar la asistencia extranjera a Colombia va en contra de los intereses de Estados Unidos de abordar la migración, los narcóticos y otras economías ilícitas, el crimen transnacional, la seguridad y la paz”.

La asistencia estadounidense al país ha totalizado alrededor de 14.000 millones de dólares durante este siglo.