Kits para “ahuyentar malos espíritus” y presuntos sobrecostos en compras: el escándalo que sacude a la Unidad para las Víctimas

La Procuraduría y la Contraloría anunciaron investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la Unidad para las Víctimas, denunciadas en la edición impresa de SEMANA de este 20 de septiembre. Una de las aristas más polémicas tiene que ver con posibles ‘contratos corbata’, supuestos costos inflados y cuestionadas compras con comunidades indígenas.

La entidad está en manos de un clan político de Santander y el padrino principal es el senador de En Marcha, Gustavo Moreno, oriundo del municipio de Barrancabermeja y cuyo mérito para controlar la Unidad ha sido votar a favor del Gobierno Petro en el Congreso. Si bien él se ha mantenido en la sombra, este año se renovó al equipo directivo y se nombraron a personas ligadas a su proyecto electoral.

Por ejemplo, la dirección general quedó en manos del exescolta Adith Romero, exsecretario de Gobierno del puerto petrolero; a la subdirección llegó Orlando Quintero, investigado por presuntos nexos con las redes de apoyo al terrorismo del ELN en Norte de Santander y Santander; y Luis Gabriel Taboada, gerente de la campaña al Senado de Moreno, tiene a su cargo la jefatura de planeación y la dirección territorial de Urabá.

Varias fuentes describieron a SEMANA que algunas personas que están aterrizando a esta dependencia serían cuotas políticas de Moreno y no contarían con la experiencia en el sector, por lo que no estarían desarrollando las funciones por las que fueron contratadas, pero sí recibiendo cuantiosos honorarios y viáticos. Esto se ha traducido en un incremento de trabajo de los expertos y estaría generando un posible desfalco en las finanzas del Estado, de acuerdo con las denuncias.

Además de estas alertas conocidas por esta revista, uno de los funcionarios que hace parte el equipo de la adquisición de servicios de la Unidad para las Víctimas denunció que uno de sus superiores le solicitó modificar en las últimas semanas los costos en unas facturas para, presuntamente, sacar provecho personal junto a más empleados públicos.

“Me dio la orden de elevar los precios del transporte para las personas que llegaban a los eventos. Si un transporte llegaba por 70.000 pesos, me dijo que pasara la factura por 300.000 pesos. Todo aquí es al doble, al triple. Luego se pasaba la solicitud para que Financiera hiciera el desembolso. Todo está arreglado. Ellos saben cómo hacen las cosas”, narró la fuente, que pidió omitir su identidad para evitar una persecución dentro de la entidad.

También ha llamado la atención para la opinión pública las compras que está realizando la Unidad para las Víctimas, que ahora tienen la lupa de los entes de control: ollas comunitarias por 19 millones de pesos, plantas aromáticas que le costaron al Estado cuatro millones de pesos y rituales indígenas que fueron cuantificados en más de tres millones de pesos. Son varios los ejemplos: en el Pacífico se entregó un millón de pesos por kits de armonización para “ahuyentar los malos espíritus y atraer la armonía”, y a los “sabedores” se les consignó 1.500.000 pesos.

SEMANA buscó al director de la entidad, Adith Romero, para que diera cuenta de las graves denuncias y no atendió la llamada. El senador Gustavo Moreno tampoco respondió en su momento cuando se le indagó por el fortín político. Lo cierto es que los funcionarios ya deberán rendir cuentas ante la Contraloría y la Procuraduría, que ya empezaron a solicitar información para desenredar este supuesto carrusel con las finanzas públicas.