Política
Iván Cepeda, Deyanira Gómez y sus abogados reclamaron ante la ONU y la CIDH por una supuesta intromisión de EE. UU. en caso Uribe
Las reconocidas víctimas dentro del proceso criticaron que, supuestamente, se estaría buscando “interferir” en las decisiones judiciales del país.

Iván Cepeda, Deyanira Gómez y sus abogados, Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, además de Rafael Barrios y Alejandro Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), presentaron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja por una supuesta injerencia de Estados Unidos en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe.
“Ante las graves presiones nacionales y de autoridades de Estados Unidos contra la independencia del poder judicial colombiano, tras conocerse el sentido del fallo de primera instancia mediante el cual se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, enviamos el día de hoy una comunicación oficial a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comisionada Roberta Clarke, relatora sobre personas defensoras y operadoras de justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, informaron.

Según las reconocidas víctimas en el proceso, en esas comunicaciones advirtieron que se estarían dando intentos de “interferencia” en la función jurisdiccional, lo que para ellos representaría una amenaza a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional.
Además, reclamaron porque supuestamente la jueza del caso, Sandra Heredia, habría recibido “presiones” y así como “ataques y señalamientos”, que consideran que venían de actores nacionales e internacionales, que para ellos ponen en riesgo la vida de la jueza.
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“Tras la lectura del sentido del fallo, se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del Gobierno de los Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”, reclamaron.
Consideran que en un Estado de derecho la justicia debe operar con plena independencia y sin injerencias externas, en la que se den todas las garantías constitucionales.
Por eso, solicitaron a ambas relatorías que intervengan para “salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia” y que garantice la independencia de los jueces y que se evite cualquier injerencia en el juicio en contra del expresidente en segunda instancia en la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá.

De otro lado, el hijo del expresidente, Tomás Uribe Moreno, pidió que entre Colombia y Estados Unidos haya una cooperación para extraditar a los “determinadores políticos del narcotráfico”.
“Es necesario que fiscales y jueces colombianos y estadounidenses cooperen para extraditar a los determinadores políticos del auge en la producción de cocaína. Debemos impedir que el narcorégimen de Gustavo Petro e Iván Cepeda se atornille por 20 años”, dijo.
Además, hizo un llamado a todos los precandidatos presidenciales “anti Petro-Cepeda” para unirse a un “pacto por una Colombia libre de cocaína”.