Investigación contra la campaña de Gustavo Petro en el CNE entró en su recta final: en tres semanas la sala plena tomaría decisión final

Aunque el fantasma de la preclusión parece asomarse, la investigación administrativa contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) entró en su recta final.

SEMANA conoció que los equipos jurídicos de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada trabajan los fines de semana y hasta altas horas de la noche en el análisis y la redacción de la ponencia final que radicarán en la sala plena próximamente. Una fuente de alto nivel del CNE le confirmó a este medio que los togados aspiran a presentar la ponencia definitiva antes del viernes 29 de agosto.

Ortiz y Prada son los ponentes y autores del pliego de cargos que el CNE formuló en 2024 contra la campaña presidencial. Allí concluyeron que Gustavo Petro y los directivos de su campaña violaron los topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta presidencial, en el 2022.

Si eso ocurre, la sala plena tendría que tomar una decisión durante el mes de septiembre.

Se desconoce cuál será el sentido de la ponencia definitiva de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, después de que los abogados de cada uno de los implicados presentaron sus descargos y solicitaron pruebas técnicas.

Lo más probable es que insistan en su tesis jurídica de que la campaña presidencial ganadora, en el 2022, sí violó los topes electorales. Se desconoce si sostendrán las cifras del pliego de cargos o las reducirán.

El presidente Gustavo Petro logró hacerle el quite jurídico al CNE, tras una decisión de la sala plena de la Corte Constitucional, que trazó las líneas rojas sobre el fuero del presidente, a quien solo lo puede investigar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

No obstante, no pudieron librarse del CNE el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial, la auditora, la contadora de la contienda, y los partidos políticos Unión Patriótica, el Polo Democrático y Colombia Humana.

Precisamente, Colombia Humana, el partido político que fundó Petro tras ganar la presidencia, solicitó al CNE, el 15 de julio de 2025, la caducidad de la investigación. Lo hizo a través de su abogado Ulises Durán Porto.

En el oficio se lee que el abogado pidió “que se declare la caducidad de la función sancionatoria del CNE en el proceso, conforme al artículo 52, de la Ley 1437 de 2022, que establece: ‘Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado’”.

SEMANA confirmó que hasta el momento el abogado Ulises Durán Porto no ha recibido respuesta del CNE. No obstante, la recibirá en la resolución que emitan los dos magistrados cuando presenten su ponencia a la sala plena.

Dirán que no ha caducado, porque varios episodios congelaron los tiempos de la investigación, entre ellos, cuando el Consejo de Estado tardó tres meses en pronunciarse sobre las competencias del CNE para investigar al presidente Gustavo Petro en 2024. Durante ese tiempo, el proceso estuvo suspendido y la caducidad pudo correrse.

Como si fuera poco, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, entre otros, fueron objeto de recusaciones y durante esos días la investigación también se congeló.

Más allá de la ponencia de los dos togados, el problema serán los votos en la sala plena.

Se necesitan mayorías absolutas entre los nueve magistrados (6-3 o 7-2) para archivar o confirmar una investigación, pero hoy las cargas en el CNE están 5-4. Por eso, lo más probable es que un conjuez tenga el voto definitivo.