Política
Hueco en cooperación: estos son los proyectos que dependen de ayuda al desarrollo y que quedaron en el limbo
Las entidades del Estado han tenido una alta dependencia a los recursos girados por los aliados internacionales. No se sabe qué pasará con estos fondos en los próximos meses.
El revolcón global en los recursos de cooperación internacional por cuenta de la decisión de la administración de Donald Trump de evaluar a dónde se envían los fondos de ayuda al desarrollo que da ese país, promete dejar una amplio catálogo de vacíos presupuestales en el sector público colombiano, ámbito que históricamente se ha visto beneficiado con esos giros.
La cuestión no solo afecta a Colombia, sino a todos los países de ingresos bajos y medios que han recibido algún tipo de apoyo de la Casa Blanca porque, desde enero, ese gobierno comenzó un meticuloso proceso de revisión de todos sus programas de cooperación y la administración republicana ya confirmó el desmantelamiento de Usaid.
Mientras eso sucede, el Departamento para la Eficiencia del Gobierno (Doge) ha publicado un catálogo de recortes que ya tocaron a Colombia, como los 79 millones de dólares que dejó de girar para los proyectos de justicia inclusiva y los 37 millones de dólares que frenaron para programas dirigidos al empoderamiento de la mujer.
Son varios los frentes en los que el Gobierno nacional o las entidades públicas estaban recibiendo recursos de ese cooperante sobre los que no se sabe qué ocurrirá para este año. Por ejemplo, la Vicepresidencia confirmó que Estados Unidos, como acompañante internacional del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, entregó apoyo técnico a través de Usaid desde 2022, pero ese tipo de respaldos son los que están ahora en el limbo.
Lo más leído
Solo en la Presidencia de la República se reportaron 34 posiciones de consultores cuyos honorarios eran pagados con cooperación internacional para 2024, cifra que disminuyó a 22 en 2025. Los aportes representaban 4.936 millones de pesos en posiciones de consultores individuales y 11.527 millones de pesos en fondos para proyectos.
Esos datos fueron obtenidos por SEMANA a través de un derecho de petición enviado al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), preguntando por las implicaciones del recorte para el erario, un ejercicio que se repitió con los ministerios de Ambiente, Defensa, de la Igualdad y del Interior, además de entidades cruciales para la agenda de paz del país como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la JEP. Las respuestas de todas estas dejan claro que la agenda del país ha tenido una clara conexión con esos fondos.
Un ejemplo es que, para 2023, el Ministerio del Interior tuvo cinco acuerdos con agencias de cooperación y reportó uno más para 2024. Este último consistió en un convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el que esa agencia aportó 6.140 millones de pesos a los proyectos del Estado.
Hueco en Defensa
En el Ministerio de Defensa es amplio el listado de puestos de consultores que son pagados gracias a la cooperación internacional. Seis roles de la dirección de Derechos Humanos y DIH operan gracias a los recursos que entrega la Embajada del Reino de los Países Bajos, dentro de un convenio llamado ‘Gobernanza en derechos humanos para proteger la vida e integridad en los territorios’. Ese sigue activo.
Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública contaba con cuatro posiciones pagadas por Estados Unidos para un proyecto que buscaba consolidar la información estadística de resultados operacionales de interdicción, programa que terminó siendo suspendido de cuenta de la determinación de la Casa Blanca de suspender los giros a todo el mundo.
La Dirección de Seguridad Pública tiene proyectos que han operado gracias a la asistencia técnica o los giros en especie hechos por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el Reino de Noruega y Reino Unido. Que uno de los cooperantes de esa cartera sea una agencia de Naciones Unidas y no directamente un país no exime de tener impactos por la crisis de cooperación porque los recursos que gira Naciones Unidas dependen, en parte, de la disponibilidad presupuestal de la Casa Blanca.
“Los recursos del Departamento de Estado de Estados Unidos al Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios de la Armada Nacional de Colombia se encuentran actualmente suspendidos. La asistencia técnica por parte de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos da cuatro posiciones (personal contratista) para el Ministerio de Defensa Nacional, orientado al fortalecimiento de la metodología de consolidación de la información estadística de resultados operacionales de interdicción. Esta se suspendió a partir del 27 de enero de 2025”, detalló el Ministerio de Defensa en respuesta a un derecho de petición enviado por SEMANA.
De los fondos de Estados Unidos también dependía la financiación de los tiquetes aéreos, seguros médicos y uniformes de la delegación de 21 deportistas colombianos que representaron al país en los Juegos Invictus 2025, en donde compitieron los veteranos de las Fuerzas. Sin embargo, Washington congeló los recursos y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de esa cartera tuvo que buscar los recursos para garantizar la participación de los deportistas.
Todos los giros de Estados Unidos fueron congelados por orden de la Casa Blanca, dejando al Estado solo con la cooperación que recibía de parte de otros actores internacionales que sí mantuvieron su respaldo. Incluso, hubo cargos de consultores externos del Ministerio de la Igualdad y al Ministerio de Ambiente que también se vieron comprometidos, aunque esas dos carteras no detallaron la minucia de las afectaciones en sus respuestas a los derechos de petición enviados por SEMANA.
Paz y cooperación
La decisión de Estados Unidos de congelar los recursos de cooperación generó una crisis global. Y si bien existen decenas de cooperantes más entre otros Estados, agencias y organizaciones internacionales, esto generó que muchos más países tuvieran que buscar a esos actores para intentar conquistar los fondos que quedaron en circulación en el ámbito global.
Unas 49 vinculaciones de apoyo a la JEP dependían de la cooperación, según datos entregados por esa jurisdicción con corte al 31 de enero de 2025. De hecho, entre 2018 y 2024 esos actores auspiciaron 859 vinculaciones. De los 20.349 millones de pesos que ha recibido la JEP en cooperación internacional para vincular a personal, 4.774 millones fueron aportados por Usaid y el resto por el Sistema de Naciones Unidas, OIM y Acnur, tres cooperantes que operan, en parte, gracias a los giros de Estados Unidos.
La cifra es más amplia si se revisa todo el catálogo de proyectos que tiene ese tribunal de paz. “El valor que la JEP estima han destinado el Sistema de Naciones Unidas, OIM, Acnur y Usaid para el apoyo a la entidad, entre el año 2018 y el 31 de enero de 2025, asciende, aproximadamente, 130.870 millones de pesos”, detalló la Jurisdicción.
Finalmente, SEMANA también conoció que el programa Restaurando Nuestro Futuro del Centro Nacional de Memoria Histórica se congeló por el recorte en la financiación de Usaid. Estados Unidos estuvo relacionado con la entrega de 316 millones de pesos para esa entidad durante 2024 y ha sido uno de sus principales cooperantes desde 2015.
Con esos datos sobre la mesa, la institucionalidad colombiana está a la espera de que se confirme si serán las nuevas prioridades en la ayuda al desarrollo una decisión que sale de la Casa Blanca e incide directamente en los recursos que le llegan a los despachos del Estado colombiano. Ese país ha aportado 14 mil millones de dólares en este siglo a Colombia, de acuerdo con un informe publicado por la organización Wola.
