Hernán Cadavid denuncia que la ‘expropiación exprés’ en el Catatumbo será para darles tierras a excombatientes de las Farc

Los decretos que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la crisis en el Catatumbo, siguen dando de qué hablar por cuenta de algunas medidas que contemplan estos documentos que hacen parte de la conmoción interior que se decretó para tales fines.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, fue la primera en generar una alerta por el Decreto 108, expedido por el Ministerio de Agricultura, que tiene como objetivo adoptar “medidas de protección de tierras, territorios y activos, y prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario”.

De acuerdo con el Gobierno, esto es “para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público en la región del Catatumbo”, entre otras en las que el decreto tiene efecto.

Para la congresista, eso significa una expropiación exprés, mismo punto que el Gobierno ha intentado impulsar en el Congreso a través del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma agraria.

Pero después de esa alerta, el representante Hernán Cadavid estudio más a fondo el decreto y reveló que dicha medida está orientada a beneficiar a un grupo de personas.

“Ahora resulta que la opción de expropiar tierras es para garantizar el regreso de “excombatientes”. ¿Hasta cuándo van a seguir destruyendo la propiedad privada para que no “maten”?”, dijo el congresista.

Al publicar el decreto completo, el congresista detalló algunos puntos que para él son peligrosos y que sencillamente buscan beneficiar a los excombatientes de las Farc y a quienes integran grupos criminales en esa zona del país.

“El Decreto 108 permite adjudicación de baldíos a “las personas que se reincorporen a la vida civil”. Es decir, a los grupos armados (Farc y ELN) les han dado todas las ventajas, crecieron y crearon la crisis. Y para el Gobierno @petrogustavo la solución es darles tierra”.

A juicio del congresista, la decisión que tomó el Gobierno Petro en este decreto resultaría ofreciendo soluciones de tierras a quienes han sido los principales promotores del desplazamiento en la región y por eso alertó sobre lo que está pasando.

El punto polémico está en el artículo 4, en el que establecen la “expropiación administrativa”. “Autorizar la expropiación por vía administrativa en los términos del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 para concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público declarada mediante el Decreto 0062 de 2025″, dice el fragmento del decreto.

Todos estos decretos expedidos serán revisados por la Corte Constitucional para definir su viabilidad y seguramente este asunto de tierras será uno de los que más estudio tenga en ese tribunal para definir si es viable o no su aplicación. Integrantes del Pacto Histórico han defendido este tema afirmando que sencillamente se está haciendo un trámite más corto para estos asuntos, pero que están permitidos en la Constitución Política de Colombia.