Gustavo Petro promueve una demanda por las sanciones de EE. UU. contra juez que lideró el juicio a Jair Bolsonaro

Este jueves 30 de julio el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos en contra del juez que llevó a cabo el juicio al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Por medio de su tribuna favorita, el mandatario colombiano, promovió la redacción de una demanda en contra de las medidas que se han conocido desde EE. UU. hacia el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes.

Petro publicó en su cuenta de X: “Las sanciones impuestas al juez Alexandre de Moraes rompen la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva. EE. UU., Colombia y la mayoría de las naciones de las Américas nos comprometimos a firmar la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Quiere el Gobierno de los EE. UU. romperla unilateralmente?”, insistió el jefe de de Estado.

Sobre las sanciones, estas son de índole económico, bajo el argumento de que el funcionario judicial incurrió en “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”, de acuerdo con lo que manifestó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además las mismas, se desprenden en el marco de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, la cual según su naturaleza castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.

A su turno, el secretario del Tesoro Scott Bessent, expresó por medio de un comunicado sobre el juez: “Es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro (acusado de un intento golpista)”.

Pero ahí no paran las medidas del gobierno del presidente Donald Trump, ya que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en su cuenta de X: “Estados Unidos utilizará todos los instrumentos diplomáticos, políticos y legales apropiados y eficaces para proteger la libertad de expresión de los estadounidenses, de actores extranjeros maliciosos que intenten socavarla”.