Petro consuma el ‘decretazo’ de su consulta popular: “No nos puede pasar lo de Venezuela”, advierte expresidente de la Corte Constitucional

Humberto Sierra Porto es un referente imprescindible en el derecho de los últimos tiempos en Colombia. Fue presidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el alto tribunal colombiano fue el ponente de la sentencia que tumbó la segunda reelección de Álvaro Uribe.

El jurista también es conocido por otras decisiones con profundas reflexiones jurídicas, como la que modificó un artículo del Código Civil para que el lenguaje fuera incluyente, pues se obligaba a entender que en la palabra hombre comprendía también la mujer. También la decisión que permitió mantener la tauromaquia como bien cultural en los sitios donde históricamente se daba. Y por ser uno de los abogados que más desarrolló jurisprudencialmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En la Corte fue ponente de varias sentencias y en la CIDH una de sus últimas decisiones fue salvar el voto en el caso ‘Beatriz vs. El Salvador’, que no condenó a ese país por permitir sanciones penales a las mujeres que aborten aún cuando está en peligro su vida y/o el feto es inviable.

En conversación con SEMANA, Sierra Porto, que estuvo alejado de los reflectores por la prudencia que exigía su papel en la CIDH, explica lo que viene para el país con la firma del ‘decretazo’ de la consulta popular del presidente Gustavo Petro, habla de las vías judiciales que se abren contra esta iniciativa, reflexiona sobre el lenguaje y le hace un llamado al país: “No nos puede pasar lo de Venezuela”.

SEMANA: Hay muchos calificativos frente al empeño de Gustavo Petro de sacar su consulta por decreto: golpe de Estado, autoritarismo, dictadura. ¿Usted, ante que cree que estamos?

Humberto Sierra: La decisión de convocar una consulta popular a pesar de la negativa del Congreso es una conducta propia de un constitucionalismo autoritario. El constitucionalismo autoritario consiste en que, si uno analiza una medida de manera aislada o puntual, puede pensar en un principio que no se trata de un exabrupto, que tiene apariencia de validez más, sin embargo, cuando uno lo analiza de manera amplia y general, encuentra que es una conducta que atenta contra los principios fundantes del Estado de derecho.

SEMANA: ¿Cómo sería este análisis en el caso concreto?

H. S.: El presidente podría ordenar mediante decreto una consulta popular solo después que el Consejo de Estado decida la medida cautelar que tiene bajo su estudio. Que el presidente utilice la figura de la excepción de inconstitucionalidad (como anuncio el futuro ministro de Justicia) es una comprensión equivocada y anómica de las competencias de los funcionarios estatales. Solo puede dejar de cumplirse o desconocerse mediante la figura de excepción de inconstitucionalidad la decisión del Senado —expresada y certificada por su secretario general y por su presidente—, cuando así lo ordenen los jueces, bien sea por nulidad o por suspensión provisional. Un escenario en donde el presidente excepcione (no por las vías válidas) e incumpla las decisiones del Senado y las demás autoridades del Estado, como la Registraduría, y, a su vez, excepcionen el decreto del presidente, es muy probable que pase en el contexto político actual.

Al margen de los detalles técnico-jurídicos, el problema de fondo no es la excepción de inconstitucionalidad, como nos lo quieren mostrar, el problema es de respeto a la democracia, y al Estado constitucional de derecho, a los postulados fundantes del sistema político. El presidente no puede desconocer el principio de separación de poderes y autoasignarse las funciones de decidir cuando es válida la actuación del Congreso, y cuando es necesario respetar las decisiones judiciales. El presidente y el Gobierno deben ser los primeros en respetar la separación de poderes y aceptar las decisiones judiciales y parlamentarias. Es peligroso utilizar argumentaciones sofistas para obtener prebendas o beneficios políticos, lo que está detrás es el funcionamiento racional de las instituciones.

SEMANA: ¿Cuál es el impacto en el principio democrático?

H. S.: El presidente de la República ha intentado de varias formas hacer la consulta popular. Esa consulta la ha intentado hasta en tres ocasiones con distintas variantes en el contenido de lo que se quiere someter al pueblo. Es decir, el presidente lo que quiere es hacer la consulta de cualquier manera; no importa el contenido puntual de lo que pregunte, lo esencial es generar el proceso político de movilización de masas en un contexto electoral o preelectoral. Lo que se pretende generar con la convocatoria mediante el decreto que se anuncia es, por una parte, centrar la atención de los colombianos en la mecánica política, en la polarización y radicalización de la opinión pública, y no en los resultados del Gobierno. Pero desde una perspectiva de funcionamiento democrático, se está realizando una especie de abuso del derecho constitucional porque se está instrumentando un mecanismo de participación ciudadana que, en principio, tiene fines loables para que el presidente, el Gobierno y los sectores y partidos políticos que lo apoyan, participen y tengan injerencia en la opinión pública con miras a las elecciones que se realizarán en pocos meses. Impactar a sus bases y a las demás fuerzas políticas de oposición es la verdadera finalidad, y esto generaría un desorden y una seria alteración a nuestro sistema democrático.

SEMANA: ¿De qué manera lo puede alterar?

H.S.: Una consulta popular, en este momento y en estas condiciones de pugnacidad política, propiciaría la interferencia de la rama Ejecutiva en todo el aparato del Estado. Generaría una práctica generalizada de participación en política del presidente y del Gobierno, incluyendo toda la administración pública a su cargo. Esto provocaría que todos los órganos del Estado puedan disponer el presupuesto con propósitos políticos. La utilización de la influencia y de las competencias estatales, en vez de dirigirse a resolver asuntos de interés público, se dirigirían aceitar la maquinaria electoral con miras a las próximas elecciones. El propósito es tener injerencia para incidir en las decisiones sobre candidatos y precandidatos presidenciales y también para apostarle a las elecciones de Congreso. Entonces, el problema de hacer una consulta popular en este contexto jurídico y político es que se está instrumentalizando, con una apariencia de consulta al pueblo para escuchar su voluntad, cuando lo que efectivamente se pretende es incidir en las elecciones y alterar el equilibrio electoral.

SEMANA: ¿Usted coincide con quienes dicen que, hasta la fecha, esto es lo más grave que ha pasado en términos de equilibrio institucional?

H. S.: El impacto que esta decisión puede tener en nuestro sistema de separación de poderes y la democracia, en lo que puede pasar en las próximas elecciones, tiene la mayor de las trascendencias y debe hacer que estemos en un nivel máximo de alerta. Todos los colombianos debemos tomarnos en serio lo que se está decidiendo con este incidente. No es una simple pilatuna jurídica o un divertimento de abogados. Es una carga de profundidad contra el sistema democrático.

SEMANA: Quiero volver a la pregunta inicial. Por ejemplo, un comunicado de los partidos políticos calificó lo que está pasando como un golpe de Estado, ¿es tanto así?

H. S.: El tema es serio por las consecuencias que le he expresado, ahora bien, en un contexto de polarización creciente, hay que tener cuidado con el lenguaje incendiario. Creo que los abusos y las arbitrariedades no pueden ser enfrentadas con abusos y arbitrariedades. Eso es un riesgo que siempre existe en este tipo de situaciones. Creo que el presidente está equivocándose y que es inoportuno, imprudente y carente de visión y responsabilidad de Estado, al utilizar una consulta en etapa preelectoral —es mi opinión—, está actuando de una manera desacertada políticamente con esta conducta en concreto.

SEMANA: ¿Siente que el tono de la discusión es peor que en cualquier otro momento de la historia entre el presidente y los poderes públicos?

H.S.: En alguna ocasión, el presidente de la República dijo que él era el jefe de Estado y que el fiscal (Francisco) Barboza era su empleado, que estaba por debajo de él, que el fiscal que no podía desconocer su autoridad. El fiscal dijo que el presidente estaba dando un golpe de Estado porque estaba desconociendo las competencias de la Constitución y estaba desconociendo las funciones de la Fiscalía. Los términos del debate, en la opinión publica, consistieron en acusaciones de dictador o prevaricador. Es decir, yo creo que en una escalada de adjetivos, hay que tener cuidado con el lenguaje y la calidad del debate político; los riesgos son los de generar intranquilidad, preocupación y miedo en los ciudadanos en la economía y, en general, en la estabilidad de los derechos de los colombianos. Los excesos en el debate sirven, esencialmente, a las personas con pretensiones políticas, y el riesgo siempre latente en Colombia está en que el primer paso para el ejercicio de la violencia fisica es la agresión verbal.

SEMANA: ¿Por qué haría daño decir las cosas como son o como se sienten?

H.S.: Si nosotros permanentemente estamos diciendo que el presidente es un dictador que abusa del derecho, que es una persona que absolutamente desalmada sobre este particular, esos adjetivos van a perder valor. Hay que hacerlo cuando sea efectivamente una conducta muy grave. Pero una conducta puntual, equivocada, ilegal o inconstitucional es una cosa y otra cosa es una persona que desconozca todo el Estado de derecho. Creo que es un riesgo desgastar los conceptos. En este proceso de incremento en la agresión verbal y utilización extrema del lenguaje es el presidente de la República quien tiene la mayor responsabilidad de procurar conciliación y mesura en una sociedad tan sensible como la nuestra.

Hoy estamos en un escenario de polarización cada vez más extrema, en la cual toda opinión es colocada en un extremo. Hay un extremo de oposición y otro de gobierno y eso es preocupante y no genera las condiciones adecuadas para sostener un Estado democrático. Si todo se radicaliza, vamos a tener serias dificultades para construir políticas de Estado.

SEMANA: ¿Estamos ante un autoritarismo?

H.S: Conducta autoritaria no es lo mismo que dictadura ni Estado autoritario. Lo que quiero decir es que este tipo de adjetivos descalificantes —en lo personal— si fueran ciertos, supondrían la ausencia de un Estado constitucional. Que existan conductas carentes de validez jurídica y que puedan generar una mella importante en nuestra democracia y en el principio de separación de poderes, no equivale a afirmar que en Colombia no hay Estado constitucional. Estamos hablando de qué conductas puntuales equivocadas, contrarias a la Constitución, pueden terminar generando una mella en el concepto de Estado de derecho. Creo que hay que ser preciso y no desgastar y generar zozobra con en la manera como se califican este tipo de situaciones.

SEMANA: ¿Ve en Petro, la definición de populismo?

H.S: El presidente de la República está utilizando una técnica antigua que es común en el Estado colombiano. Consiste en contraponer la democracia representativa con la democracia directa. Colombia, históricamente, ha cuestionado la democracia representativa, esto es el papel del Congreso, de los concejos, de las asambleas, corporaciones; que están estigmatizadas por la opinión pública por problemas de ilegitimidad que se derivan de fenómenos como compraventa votos, por clientelismo en detrimento del mérito y por los escándalos de corrupción en los que periódicamente se ven envueltos.

Eso hace que los ciudadanos colombianos tengan una imagen poco favorable de sus instituciones representativas. Históricamente, el presidente cuando ha criticado o ha cuestionado los escándalos que se dan en el Congreso ha salido más fortalecido. Entonces, que el presidente intente cuestionar el Congreso de la República y le contraponga la voluntad popular es una técnica antigua que está siendo repotenciada en este momento. El gran riesgo es que una consulta al pueblo, en las condiciones y el momento equivocado, puede dar lugar a una profunda desestabilización democrática. La historia y las experiencias, al igual que nuestra Constitución, nos enseñan que no siempre que se hace una consulta popular las decisiones resultan en el interés y el bienestar de todos.

SEMANA: ¿Cuál es el camino para frenar esa consulta por decreto?

H.S.: Existen muchos frenos jurídicos, pero yo creo que lo más importante es la concientización del país —academia, justicia, sociedad civil, empresarios y ciudadanos— de que es indispensable que haya un Estado de derecho, una serie de reglas y que el presidente de la República no pueda anteponer sus propósitos políticos —lo que él considera buenas intenciones—, frente a la institucionalidad del país. Es legítimo esperar que las autoridades tengan convicciones en la legitimidad en el derecho, en la separación de poderes. El derecho y la institucionalidad en nuestro país no pueden ser considerados como un instrumento de dominación, egoísta y carente de relación con el bienestar general. El cambio debe hacerse dentro de los cauces constitucionales, no mediante actuación de destrucción interna.

La estabilidad institucional es un legado que todos debemos conservar con el máximo cuidado. Colombia es un país modélico en el concierto internacional, porque ha sostenido su institucionalidad pese a sus conflictos ideológicos y la violencia producto del narcotráfico. Colombia es reconocida porque la gran cantidad de reformas constitucionales que se han hecho, han permitido que haya estabilidad dentro del Estado colombiano. Esa tradición de rescilencia institucional debemos conservarla rechazando las tendencias a la anomia.

SEMANA: ¿Qué piensa del aterrizaje de Montealegre como ministro de Justicia?

H.S.: Entiendo que se ha hecho publica esta designación. Si esto es así, debe comprenderse que se trata de una designación que expresa coherencia entre el ministro y los proyectos del Gobierno del presidente. Coherencia entre la forma de pensar y actuar del ministro con los compromisos ideológicos y políticas del presidente. Si esto no es así, si el nombramiento del ministro se centra exclusivamente en el asesoramiento de éste en la consulta popular y este incidente se decide rápidamente, la inquietud y preocupación será sobre qué hará el Gobierno mas allá de la convocatoria a consulta popular con una personalidad tan caracterizada como la del ministro.

SEMANA: Quiero volver a un punto que usted mencionó que es la ruptura institucional. Si eso sucede, ¿qué pasa?

H.S.: El rompimiento institucional consiste en varias cosas. En primer lugar, en que las decisiones del Congreso de la República no se reconocen como legales. Eso pasa, cuando se presume que lo que hace el Congreso, lo que certifica el secretario, lo que dice el presidente del Senado puede ser desconocido por el presidente de la República, sin mediar una sentencia. Es decir, ahí también se desconoce el principio de las competencias de los jueces y se desconocen las competencias del Congreso. Todo esto produce problemas de estabilidad institucional. Utilizar la figura de la excepción de inconstitucionalidad es, en este caso, es un mecanismo de ruptura institucional.

SEMANA: ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso?

H.S.: La desestabilización institucional es, por ejemplo, también considerar que el presidente de la República puede hacer manifestaciones a lo largo del país en la etapa preelectoral colombiana para influenciar en quienes pueden ser precandidatos o en quienes pueden ser candidatos, tanto de manera activa como de manera pasiva. Desestabilización institucional es fomentar la participación política de los funcionarios del Estado alterando el equilibrio electoral. Eso es desestabilizar institucionalmente al país. También lo es poner los mecanismos de participación a depender de la voluntad política, que se instrumenta a través de la disponibilidad presupuestal.

SEMANA: ¿Qué vendrá ahora judicialmente hablando?

H.S.: En el Estado de derecho existen numerosísimos mecanismos de control y de frenos.

Los órganos que lo ejercen son la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y, el último bastión, las altas cortes. Está la posibilidad de presentar demandas de constitucionalidad, demandas de nulidad, acciones de cumplimiento, acciones populares, van a estar a la orden del día en el debate. Con lo cual, sin duda alguna, la protagonista, será la rama Judicial.

SEMANA: ¿Cómo son los tiempos?

H.S.: El Consejo de Estado debe decidir rápidamente las medidas cautelares que se han pedido a propósito de la decisión del Senado y jurídicamente lo puede hacer. Igualmente, en caso de que se elabore el decreto de convocatoria, este puede ser demandado y solicitarse su inaplicación mediante una suspensión provisional, esto no debería tardar más de dos semanas. La tutela como mecanismo subsidiario es siempre una alternativa. La ciudadanía a través de las acciones populares y los órganos de control también tiene mucho que hacer.

SEMANA: ¿Usted cree, como han dichos otros juristas, por ejemplo, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, que los ministros que firmaron podrían tener responsabilidades penales? El presidente en un trino dijo que el que no firmara tenía que irse.

H.S.: La obligación constitucional de que el decreto de convocatoria de la consulta popular sea firmado por el presidente y sus ministros tiene sentido en el ámbito de la legitimidad y credibilidad del Gobierno y en el de las responsabilidades jurídicas. Que una decisión de esta importancia no sea firmada por todo el Gobierno genera un problema de credibilidad y legitimidad de la decisión de acudir al pueblo. La firma también es un aval sobre la corrección constitucional de la decisión, de manera que los ministros y el presidente son responsables de no actuar arbitrariamente o distanciada de la Constitución. Que los sistemas de ejercicio del derecho sancionador del presidente sean diferentes al de los ministros hace que las consideraciones de adecuada fundamentación jurídica deban ser más cuidadosas por los ministros. No es lo mismo responder ante la Sala Penal de la Corte Suprema y la Procuraduria que ante el Congreso.

SEMANA: Por su cargo como juez de la Corte Interamericana, cuyo periodo finalizó hace unas semanas, usted había evitado dar declaraciones de los temas del país. ¿Por qué sí hablar ahora?

H.S.: Porque no nos puede pasar lo de Venezuela. Todo este tipo de circunstancias tenemos que advertirlas, tenemos que estar atentos, tenemos que estudiarlas, cuestionarlas, criticarlas y posicionarnos. Nosotros, como colombianos, no podemos ser ajenos a la realidad política colombiana. No le podemos dejar la política a las personas que no la utilizan adecuadamente. La política es una actividad que debe ser la más digna, la más elevada de todos los colombianos y la academia tiene que estar presente. Esa es la idea.