“Gran riesgo de que no pueda ser ejecutado”: las graves advertencias que el director de la Uspec ignoró en la adjudicación de más de $ 85.000 millones en contratos

Ludwing Joel Valero Sáenz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), está en el ojo del huracán por haber adjudicado diez contratos en tiempo récord durante el mes de diciembre, que en total corresponden a 85.692.173.152 pesos. Esta feria decembrina de contratos, mientras los colombianos celebraban las festividades, ocurrió pese a las graves advertencias del jefe jurídico de la entidad.

De esos contratos, ocho tenían como fecha límite para ejecutarse el 31 de diciembre, que en el peor de los casos dejaba, en un principio, solo unos cuantos días para cumplir con los requisitos.

A través de un derecho de petición, SEMANA tuvo acceso a las actas del Comité de Contratación, donde quedó evidencia de los reparos y las respuestas del director de la entidad.

Sergio Agón Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec, fue incluido dentro del Comité de Contratación de la entidad, que sesionó 12 veces entre los días 2 y 26 de diciembre.

En la primera acta del mes, con fecha del 2 de diciembre, se puso en consideración un contrato para obtener permisos de vertimientos, ocupación de cauce o concesión de aguas ante las autoridades ambientales para las cárceles a nivel nacional. La suma fue de 2.825.468.412 pesos y por trabajos que se debían realizar hasta el 31 de diciembre.

Agón inició argumentando que no tenía la “competencia funcional” para formar parte del cuerpo que decide sobre los contratos, pero Valero Sáenz no ahondó en el asunto durante la sesión, pidiéndole “realizar las acciones legales pertinentes” en caso de que vea que se está cometiendo una ilegalidad con incluirlo.

Desde ahí, el jurídico de la entidad expresó sus reparos sobre las subsanaciones que se presentaron en el proceso de selección, así como dudas frente al propósito del contrato, que incluiría tantos elementos que sobrepasaría el objeto contractual.

“Nosotros sabemos que los concursos de mérito son especiales, obviamente, pero, a su vez, estamos hablando de un contrato de consultoría, que es lo que me llama la atención. (...) Se está hablando de que esa persona tiene que hacer esos trámites ante las corporaciones. ¿Eso no sobrepasaría el objeto contractual?”, preguntó Agón.

Además, advirtió sobre el poco tiempo que contemplaba el contrato a suscribir: “El plazo contemplado es de más o menos tres o cuatro meses, se estaría vulnerando el principio de planeación y el principio de anualidad”.

El director de la Uspec no se hizo responsable, dado que dijo que, en caso de que la Dirección de Infraestructura, a través de la Subdirección de Mantenimiento, hubiera cometido un error en la estructuración de los tiempos, serán “las autoridades competentes” las que determinen “si violaron o no la norma”.

De existir alguna dificultad, el director dijo que “ya serán los proponentes o los mismos funcionarios” quienes lo den a conocer.

Los cinco miembros del Comité con derecho a voto decidieron, y solo el jefe de la oficina jurídica pidió no dar vía libre a la adjudicación. Pese a los reparos, se adjudicó el cuestionado contrato.

Los siguientes reparos se hicieron en la sesión del 10 de diciembre, a las 10 de la mañana, para aprobar un contrato de consultoría técnica para hacer estudios e instalar sistemas contra incendios, por 2.109.753.469 pesos e igualmente con plazo hasta el 31 de diciembre para cumplir.

“Nos encontramos frente a la ejecución de un contrato de consultoría, que de conformidad con el objeto se puede advertir un gran riesgo de que no pueda ser ejecutado en dicho plazo”, dijo Agón en la sesión. Hizo énfasis en que el trabajo incluía 23 cárceles y penitenciarías en todo el país.

El jurídico de la Uspec también agregó que hacían falta los trámites de formalización y legalización del contrato, como la firma en Secop II, y todos los documentos que llevan a la suscripción del acta de inicio: “Es prácticamente imposible”.

El contrato se terminó revocando por las denuncias de un proponente sobre incumplimiento en requisitos de la concesión elegida, pero en su momento todos, menos el jurídico, votaron favorablemente.

Desde ese punto, pese a que votó en contra de casi todo lo contemplado, no se volvió a evidenciar la postura en contra del jurídico en las actas, en un acto de aparente censura de las mismas.

Pese a eso, la Uspec entregó 10 contratos por más de 85.000 millones de pesos. Frente al alto riesgo de incumplimiento, optó por hacer prórrogas a los contratos en una maratón de otrosíes que se extendió hasta la tarde del 31 de diciembre.

MinJusticia responde

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, aseguró que el asunto se trasladó a la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.

“Tengo entendido claramente que hubo temas presupuestales, que los conocen ustedes a través del tiempo. No soy la persona que maneja los contratos en la Uspec, quien tendrá que rendir cuentas de esto ante las autoridades competentes es la Uspec y las personas que realizaron esta actividad, si es que encuentran alguna falla en el procedimiento”, dijo.

Y aseguró que hay “intereses particulares”, pidiendo a las autoridades investigar en la actividad contractual de la Uspec.