Gobierno Petro desata una tormenta con su decreto para anticipar el cobro de retención en la fuente. Advierten quiebras y demandas

El decreto expedido recientemente por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que anticipa el cobro de la retención en la fuente correspondiente al año fiscal 2026, ha desatado una tormenta jurídica y política.

Se trata de una estrategia, liderada por el Ministerio de Hacienda, que busca recaudar una enorme cantidad de dinero, justo el año inmediatamente anterior a las elecciones presidenciales y a que Gustavo Petro deje el poder. Según Fedesarrollo, el Gobierno podría hacerse con una cifra enorme: al menos 14 billones de pesos.

Pero el efecto en las empresas será devastador, advierten expertos. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham (Cámara de Comercio Colombo Americana), aseguró que se trata de una reforma (tributaria) por decreto que “da pan para hoy… y hambre para mañana”. La dirigente gremial calificó la norma como una “irresponsabilidad fiscal”. Y para explicar el grave impacto que tendría puso un ejemplo: “Como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes... aunque hoy no haya vendido ni uno”.

Desde diversos sectores políticos, ya se anunció una avalancha de demandas. Los accionantes consideran la medida inconstitucional, ilegal y perjudicial para la economía nacional.

Una de las primeras acciones judiciales fue interpuesta ante el Consejo de Estado por el coronel (r) Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

La demanda está dirigida contra el presidente Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El argumento central de Soler apunta a que el decreto compromete recursos que aún no han sido devengados y transgrede competencias exclusivas del Congreso.

El exsenador y precandidato presidencial David Luna también presentó una demanda formal ante el Consejo de Estado. En un pronunciamiento, calificó el decreto como “confiscatorio, inconstitucional e ilegal”.

Según Luna, el Gobierno usurpa funciones del Congreso y utiliza la medida como una herramienta para “financiar buses, tarimas y compra de votos”.

Desde el Congreso, representantes de distintos partidos se han sumado al rechazo. El Centro Democrático, en un comunicado oficial, acusó al Gobierno de “desviar fondos futuros y comprometer la caja del próximo gobierno”, afirmando que la medida rompe con la lógica fiscal y vulnera principios básicos de la tributación.

Por su parte, Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, advirtió sobre las implicaciones que la medida puede tener en el empleo y en la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas del país.

“Obligar a pagar impuestos sobre ingresos que aún no se han recibido pone en riesgo miles de negocios y empleos en Colombia”, afirmó Miranda.

Así mismo, Juan Diego Gómez, dirigente del Partido Conservador, confía en que el Consejo de Estado tumbe el decreto. “Esto es un golpe directo al bolsillo de los colombianos y deja en aprietos al próximo gobierno”, señaló.

Desde el Partido Liberal, el representante Carlos Felipe Quintero calificó la medida como una “reforma tributaria encubierta” y pidió al Gobierno revocar el decreto. “Está asfixiando el flujo de caja de las empresas y afectando seriamente su productividad”, manifestó.

Mientras el Consejo de Estado analiza la legalidad del decreto, la polémica sigue creciendo y el futuro queda ahora en manos de la justicia.