Política
Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
SEMANA revela los millonarios beneficios en protección que el Gobierno les dio al ELN y a las disidencias de las Farc en el marco de la paz total, mientras líderes sociales y alcaldes claman por seguridad.
La Casa de Nariño le dio el visto bueno a una multimillonaria inversión para proteger las vidas de los líderes de los grupos criminales más temidos del país, mientras algunos mandatarios locales claman por medidas de protección ante la ola de violencia que azota a sus regiones, y el Ejecutivo les responde que no hay recursos suficientes para ellos.
SEMANA accedió a documentos oficiales que prueban que los delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, en sus diferentes frentes, han tenido en su poder camionetas de alta gama para transportarse libremente por los territorios donde delinquen bajo la financiación del Estado.
El dinero no solo se ha invertido en la adquisición temporal de automotores, también en el suministro de un bono de combustible mensual y en los escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP). La mayoría de la plata ha salido del Fondo de Programas Especiales para la Paz, direccionado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con la información aportada por el Gobierno Petro, en 2024, mientras duraron las conversaciones con el ELN, se vieron beneficiados seis integrantes de la guerrilla con siete vehículos cuyo arrendamiento mensual se valoró en 106.836.925 pesos, más 7.981.370 pesos que se usaron en gasolina por los mismos periodos y 15 escoltas.
A alias Antonio, uno de los elenos que aterroriza al Catatumbo, le aprobaron dos carros, arrendados por 16.238.113 pesos cada uno, una cuota de combustible por 1.150.000 pesos y dos vigilantes. Mientras que a alias Violeta, acusada del atentado en el centro comercial Andino de Bogotá, se le entregó combustible por 1.050.000 pesos y un guardaespaldas.
Las disidencias de las Farc que se sentaron en las mesas de negociación con el Gobierno Petro durante 2024 también sacaron provecho de la medida con diez camionetas, cuyo arrendamiento mensual sumó 199.448.324 pesos, los bonos por combustible representaron 9.040.158 pesos y tuvieron 25 escoltas.
Alias Andrey, responsable del horror en el Catatumbo, se benefició con dos camionetas arrendadas, las dos por 26.417.357 pesos, combustible por 789.041 pesos y cuatro escoltas. Y alias Calarcá, quien somete al Caquetá y a otras regiones con extorsiones, tuvo en su poder una camioneta por 11.747.280 pesos, gasolina por 416.295 pesos y tres escoltas.
Informes de inteligencia advierten que estas personas, aparentemente, estarían usando los vehículos y recursos del Estado para delinquir.
“Estos vehículos son utilizados para moverse sin ninguna persecución por el país. Mueven armamentos y cocaína”, detalló una fuente de las Fuerzas Militares que les hace frente a estas estructuras criminales.
Para Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, no es viable que la UNP se preste para estos cuidados: “Líderes sociales y alcaldes piden protección para ellos, y se les dice que no hay. No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a los criminales en medio de la paz total”.
El Palacio de Nariño está dispuesto a seguir protegiendo a los voceros de los grupos delincuenciales con los que sostiene conversaciones y procesos de paz. Para ello, dispuso 6.050.000.000 de pesos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, y la UNP se comprometió a aportar 467.762.510 pesos en especie. Seguirán los bonos de gasolina.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz será la encargada de seleccionar a los protegidos y, mes a mes, deberá reportar quién sigue comprometido con las negociaciones para cuidarlo. Según el convenio, hay activas cuatro mesas de diálogos y cinco espacios sociojurídicos de conversación que, por ahora, no muestran resultados clave para los colombianos.
