Gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, habla del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección. Denuncia posibles injerencias de Daniel Ortega

SEMANA: ¿Cómo recibe el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección?

Nicolás Gallardo: Es un fallo bastante preocupante en materia geopolítica, económica y social en el territorio, ya que el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha venido viviendo una situación de inestabilidad política y social, y esto repercute en efectos económicos en los últimos años. Este fallo es adverso a otros que han sido favorables. Nos preocupa mucho esa situación, porque el archipiélago tiene una connotación geopolítica especial. El departamento ha estado tratando de ser desmembrado con los diferentes fallos de La Haya en años anteriores, y nosotros, como isleños y raizales, necesitamos proteger nuestro mar territorial. Nos preocupa que este tipo de decisiones del pueblo, de la comunidad, se vean afectadas.

SEMANA: ¿Por qué se podrían ver impactadas negativamente las comunidades?

N.G.: A nosotros nos eligieron con más del 70 por ciento de la favorabilidad, que es particular porque aquí en el departamento no se vota únicamente con cédula de ciudadanía, sino con la tarjeta Occre (Oficina de Control, Circulación y Residencia), que es única y habilita a la persona para poder vivir en nuestro territorio. Con preocupación vemos cómo se vulneran los derechos de elegir y ser elegido. Además, en todas estas situaciones judiciales nunca nos tienen en cuenta en nuestra lengua materna.

SEMANA: ¿La decisión impacta el crecimiento que venía registrando San Andrés tras la crisis que ha vivido en los últimos años por la disminución del turismo?

N.G.: Este es un remezón en materia económica y social del territorio insular. Venimos en una recuperación paulatina, dándoles confianza tanto a las aerolíneas como a los diferentes empresarios e inversionistas, con un crecimiento del año pasado a este de más del 15 por ciento en materia turística. Superamos nuevamente el millón de turistas e hicimos las promociones de destinos pertinentes para poder posicionar al departamento con la nueva marca de destino Vas A Mar San Andrés. Al generarse este remezón en materia política y social, también afecta a una serie de programas, proyectos, y hoy, desafortunadamente, han estado contactándonos para hablar sobre el futuro de estos. Buscamos mantener la tranquilidad y darles la confianza, pero sabemos que esta situación va a generar afectaciones y dificultades.

SEMANA: ¿Por qué demandaron su elección?

N.G.: Sentimos que por ser una persona joven, por ser una persona diferente, pero se está afectando a toda una comunidad y al territorio. El Gobierno colombiano ya tiene algunos pactos de convencionalidad en los cuales se tiene que valorar una doble instancia. Esto es un fallo de única instancia que no respeta precisamente esa convencionalidad. Y, adicional a eso, la pregunta es: ante esta situación, ¿el Gobierno nacional cómo va a acatar este fallo sin la convencionalidad necesaria? ¿Cómo una autoridad administrativa piensa retirar del cargo a una persona popularmente electa, cuando inclusive en el fallo del presidente (Gustavo Petro) es claro que una autoridad administrativa no puede separar del cargo a una persona que es electa en democracia, sino una autoridad penal?

SEMANA: Pero el Consejo de Estado encontró una doble militancia.

N.G.: Desde ya la defensa jurídica va a tomar todas las medidas del caso. Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar. La demanda solo se podía reformar una única vez y, además, las supuestas pruebas con las que a nosotros nos hacen el juicio o la valoración no contaban con la cadena de custodia y había alteraciones y manipulaciones de estas.

SEMANA: ¿A qué inconsistencias se refiere?

N.G.: Se lo dejo a mi equipo jurídico. Cuando se dé la aclaración y todas las otras instancias que tengan lugar, ya nos pronunciaremos de fondo en eso. El proceso sigue en curso y, hasta que no haya alguna situación de fondo que esclarezca esta situación, preferiría no opinar al respecto, dado que sigo ostentando mi calidad de gobernador y sigo trabajando desde la administración departamental.

SEMANA: ¿Qué estrategias van a implementar junto con su equipo jurídico?

N.G.: Vamos a estar tomando todas las medidas que tengan del caso y, desde la aclaración, hacer caer en cuenta de una serie de situaciones. Vamos a seguir con todos los mecanismos posibles, vamos acudir a la tutela y, por esta connotación particular de nuestro departamento, de nuestra etnia y de lo que representamos, vamos a pedir unas medidas cautelares ante la CIDH, ya que se están vulnerando todos los derechos políticos de una comunidad que eligió de forma contundente, un territorio étnico que socialmente debe tener una diferenciación especial.

SEMANA: ¿Desde el centro del país se toman decisiones que terminan afectándolos?

N.G.: El departamento tradicionalmente ha tenido unas situaciones geopolíticas especiales y en este momento de la historia han generado precisamente que las personas no crean de facto en muchas situaciones centralistas. Ese mismo centralismo ha sido el que ha generado las diferentes dificultades en materia de salud, economía e inversión. Nosotros somos el departamento más grande de todo el país en materia de extensión cuando uno habla del territorio y el maritorio. Tenemos una situación de abandono importante y esa misma situación repercute en la vida y en el día a día de los habitantes del territorio insular.

SEMANA: ¿No se sienten respaldados por el Gobierno nacional?

N.G.: No estoy hablando particularmente del Gobierno que está actualmente en el poder. En la historia del país y de nuestro departamento, se ha sentido un abandono estatal en el que desafortunadamente se ha desencadenado una serie de crisis, sumado a lo decidido en las diferentes instancias a nivel internacional, como el fallo de La Haya que nos quiso desmembrar. Cuando uno ve las inversiones que el Gobierno realiza en el territorio, son bastante bajas. Por ejemplo, el tema de salud, en proyectos estratégicos, el cuidado de la biósfera y el mejoramiento en torno a los corales. Nuestro departamento es la reserva de biósfera Seaflower, la tercera barrera coralina más grande de todo el mundo. Los diferentes proyectos en torno a ellos, de la protección y del cuidado, generalmente no se han venido materializando. Hay una situación social de antaño que, si se le adiciona esta inestabilidad política y jurídica, que repercute de manera social, trae grandes afectaciones.

SEMANA: Han salido algunas informaciones de que supuestamente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se habría pronunciado favorablemente por su salida. ¿Es así?

N.G.: San Andrés corre serios riesgos en materia geopolítica. Definitivamente, es preocupante cualquier tipo de manifestación o de comentario que se genere en torno a nuestra situación geopolítica, que seguramente afecte en lo social. A nosotros nos preocupa esta inestabilidad política que ha venido viviendo el territorio, no solamente ahora, sino en el pasado, que lo único que hace es tener la posibilidad de que otros actores puedan estar revisando cosas diferentes a los intereses nacionales y a los de nuestra comunidad. Estos fallos adversos que van en contra de la voluntad del pueblo y la voluntad popular lo único que hacen es exponernos, así como fue una defensa débil en algún momento, ya hablando de bastantes años atrás, cuando comenzó el proceso con Nicaragua y no se tuvo en cuenta una defensa férrea de las cartas de navegación.