Funcionarios piden a la Procuraduría acompañar proceso sobre retiro forzoso de Augusto Rodríguez de la UNP

Funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) radicaron una carta ante la Procuraduría General de la Nación en la que le piden al procurador, Gregorio Eljach, hacer un proceso de vigilancia especial al proceso que se desarrolla dentro de Función Pública para expedir una aclaración del concepto sobre la edad de retiro forzoso en el servicio público.

Esta solicitud resulta por cuenta del caso del director de esa entidad, Augusto Rodríguez, quien ya cumplió la edad límite que permite la ley para trabajar en el servicio público, y sobre el que sindicatos como Asep vienen reclamando que sea retirado del cargo.

Ese despacho ya emitió una evaluación sobre el tema. No obstante, el pasado 2 de abril Rodríguez presentó un oficio en el que le solicita a esa oficina aclarar el concepto que emitió el pasado 26 de marzo, en el que se detalla que la edad de retiro forzoso para los directores de unidades administrativas especiales aplica a partir de los 70 años.

“Una vez cumplida la edad deberán ser retirados del servicio por encontrarse inhabilitados para desempeñar cargos públicos”, se lee en el concepto expedido por Función Pública sobre el caso de Rodríguez.

Con ese contexto, los funcionarios sindicalizados de la UNP le pidieron a la Procuraduría ordenar “acompañamiento y vigilancia especial ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el objetivo de vigilar que la aclaración que deba expedir con ocasión a la solicitud elevada por el señor Rodríguez Ballesteros se efectúe con total garantía y respeto por la Constitución y la Ley, puesto que es de público conocimiento que el director de la UNP es uno de los funcionarios más influyentes del actual Gobierno”.

El sindicato de funcionarios de la UNP presentó también un oficio ante la Casa de Nariño en el que le pidieron a la Presidencia una respuesta en relación con el retiro de Rodríguez de la UNP, solicitud a la que la Secretaría Jurídica de la Presidencia respondió señalando que es potestad del Ministerio del Interior analizar el caso y determinar si este continúa o no en el cargo.