Política
Funcionarios de la UTL de Iván Name fueron desvinculados del Congreso dos meses después de la captura del senador
Los nueve integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista recibieron salarios durante este lapso.
Dos meses después de la captura del expresidente del Senado, Iván Name, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes integraban su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso fueron retirados de sus cargos.
Los exfuncionarios y el mismo Name estuvieron recibiendo honorarios del poder legislativo durante este lapso y una resolución de la directora general del Senado, que se emitió el pasado jueves 10 de julio, notificó sobre el fin de esas contrataciones.
Se trata de nueve integrantes de su UTL, quienes a partir de esta semana ya no figuran como funcionarios del Congreso debido a que la curul de Name fue suspendida sin que exista lugar a su reemplazo.
“Teniendo en cuenta la normatividad citada, resulta procedente declarar la insubsistencia del nombramiento ordinario de los empleos que a continuación se relacionan, dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador”, se lee en la resolución que detalla los nombres y documentos de identidad de estas personas.
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Ocho de los funcionarios enunciados en la decisión del Congreso ejercían labores de asistente y solo uno tenía la tarea de asesorar al senador, quien presidió el Congreso durante el segundo periodo legislativo.
La Dirección General del Senado declaró como insubsistente el nombramiento de los integrantes del equipo de trabajo de Name, decisión con la que estas personas ya no hacen parte de la planta de personal del Congreso de la República.
Name fue capturado por la Corte Suprema de Justicia el 7 de mayo de 2025, en medio de la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD, en el que se le señala de haber recibido sobornos del Gobierno nacional a cambio de incidir en la agenda del Congreso para facilitar el debate de la reforma pensional promovida por el presidente Gustavo Petro.
El excongresista de la Alianza Verde está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, y desde ahí siguió recibiendo honorarios equivalentes a casi 50 millones de pesos mensuales, monto que es el rango salarial que les asigna el Estado a los senadores y representantes a la Cámara.
La demora en el trámite entre el poder judicial y el poder legislativo para desvincular a su equipo de trabajo se debió a que la Corte Suprema de Justicia debía certificar la decisión ante la Comisión de Ética del Senado, instancia que debía proceder a efectuar el acto administrativo para confirmar su suspensión.
