¿Fracasará la paz total? SEMANA analiza los escenarios de las negociaciones con los grupos armados que tendrán que adelantarse a contrarreloj

Desde que llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro dijo que una de sus principales políticas sería la de la paz total, una apuesta para buscar salidas negociadas al conflicto y acabar con la guerra en Colombia. Incluso, el 4 de noviembre de ese año, Petro sancionó la Ley de la Paz Total, una prórroga de la Ley 418 donde quedó claro que estos asuntos serían una política de Estado. Esa normativa facultó al Gobierno, entre otras cosas, para adelantar las negociaciones con grupos criminales y lograr acuerdos en poco tiempo.

Sin embargo, nada se ha cumplido por la falta de voluntad de los grupos criminales. La concepción de la paz total incluyó ceses al fuego bilaterales, por ejemplo, con el ELN y las disidencias de las Farc, pero estos grupos los aprovecharon para fortalecerse militar y económicamente.

Por esa razón, uno de los principales retos del Ejecutivo en 2025 será dar un giro de 180 grados a esta política e implementar una metodología clara para destrabar las negociaciones.

La falta de experiencia o el afán de lograr acuerdos en corto tiempo, llevó al Gobierno a cometer errores que los grupos armados detectaron y han aprovechado para prolongar las mesas, mientras que se expanden por todo el país y avanzan en el negocio del narcotráfico.

Además, ese continuo cambio en las dinámicas de las negociaciones ha sido interpretado por la contraparte como debilidad del Ejecutivo.

Petro tiene menos de dos años para redireccionar su política de Estado e intentar lograr acuerdos con los criminales. Pero ese es otro riesgo porque varios grupos han dicho que quieren avanzar lo máximo posible para que el siguiente huésped de la Casa de Nariño siga con lo acordado. ¿Quién garantiza que el siguiente presidente quiera seguir negociando? ¿El Gobierno Petro firmará acuerdos que tenga que cumplir otro presidente? ¿El próximo presidente estaría obligado a cumplir los acuerdos parciales que se logren? Esas son algunas preguntas que se hacen en palacio.

2025 empieza con la expectativa en las mesas con el ELN y con el Frente Comuneros del Sur de Nariño. Sobre la primera, se espera que antes de acabar este mes, se defina el camino a seguir y se determine si es viable seguir negociando. Aunque pueda haber avances, Petro no podrá cumplir la promesa que hizo: “En mayo de 2025 cesa la guerra de décadas entre el ELN y el Estado”.

Sobre el otro grupo, una disidencia de esa guerrilla, el camino es más fácil para lograr acuerdos porque se trata de un centenar de hombres. Pero si se logra un acuerdo sería simbólico por ser una facción criminal pequeña y con una operación reducida en el sur del país.

Con las disidencias de Farc las mesas seguirán activas. Por un lado, está el denominado Estado Mayor bajo el mando de Calarcá Córdoba, grupo con el que está activo un cese al fuego bilateral hasta el 15 de abril. Sin embargo, se han metido en una guerra a muerte con Iván Mordisco. Por el otro, está la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que surgió tras la pelea de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Allí el panorama es poco alentador: llevan más de seis meses dialogando y no se ha logrado nada, excepto amenazas del cabecilla Walter Mendoza, quien considera que las Fuerzas Militares los están persiguiendo sin razón. El Gobierno Petro no ha cerrado la puerta al diálogo con Márquez y se podría abrir una nueva mesa.

En este 2025 también podrían darse diálogos con el Clan del Golfo y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no hay un marco jurídico claro para someterlos a la justicia, aunque ellos están pidiendo un reconocimiento político.

Si el Gobierno no ajusta su actuar, estos grupos seguirán mandando en las regiones y atemorizando a la ciudadanía.