28 expresidentes envían carta a la ONU, OEA y CIDH advirtiendo “graves afectaciones a los derechos humanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez”

Este primero de agosto, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá definirá el monto de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y determinará si dicha pena la cumplirá en una prisión o en su domicilio.

Con motivo de este caso, expresidentes de varios países de la región enviaron una carta a organismos internacionales advirtiendo múltiples “anomalías” en el proceso que cursa contra el exjefe de Estado.

“A pesar de todas las vulneraciones e irregularidades, Álvaro Uribe Vélez, colombiano ejemplar y expresidente de Colombia, se ha sometido a la justicia, ha comparecido personalmente, ha colaborado en cada instancia y cada paso de este tortuoso procedimiento. Hoy enfrenta un anuncio de condena en primera instancia que se ha construido sobre una cadena de irregularidades. Esta comunicación no busca generar presión institucional o personal sobre la justicia colombiana. Por el contrario, se presenta para denunciar un patrón histórico estructural previo, cuyas consecuencias jurídicas hoy se han materializado con un anuncio de condena que exige una atención oportuna desde los órganos internacionales", se lee en la misiva.

La lectura del fallo se da después de que el pasado lunes 28 de julio la jueza concluyera que el expresidente es responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, todo esto en calidad de determinador. En su lectura del sentido de fallo, la jueza absolvió al expresidente por el delito de soborno a testigos.

“Con nuestra convicción democrática y compromiso con el Estado de derecho, pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial de primera instancia. Las anomalías de dicho proceso constituyen afectaciones sistemáticas a sus derechos amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en la misiva.

La carta está firmada por 28 expresidentes y se hizo pública momentos antes de que se conozca el monto de la condena y cómo la pagará.

Esta es la misiva publicada por los expresidentes:

1º de agosto de 2025

Señores

VOLKER TÜRK

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

MARGARET SATTERTHWAITE

Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas

ALBERT R. RANDIM

Secretario General de la Organización de Estados Americanos

COMISIONADOS

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Asunto: Solicitud de atención y actuación frente a graves afectaciones a los derechos humanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Muy respetados señores:

Los firmantes, exjefes de Estado y de Gobierno miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas y/o miembros del grupo Libertad y Democracia, de conjunto acudimos ante ustedes para que, dentro de la órbita de sus competencias, asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de Derecho en Colombia, a la vez que evitar que se consolide una terrible injusticia que da paso a un precedente nefasto en contra del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos interamericanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Se trata del caso del expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez.

Es necesario que: (i) se ampare el derecho fundamental, interamericano y humano al debido proceso y a la debida defensa; (ii) se active el monitoreo internacional del proceso pertinente; (iii) se emitan recomendaciones urgentes; (iv) se impongan medidas de protección, de conformidad con los mandatos internacionales en materia de derechos humanos; y (v) se solicite al Estado colombiano información detallada, inmediata y completa sobre los estándares procesales aplicados y los correctivos implementados para garantizar un juicio justo, en conformidad con la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Durante su mandato, el expresidente Uribe extraditó a más de 1.400 criminales a los Estados Unidos. Entre ellos cuentan los 14 principales capos paramilitares, quienes cumplieron condenas el doble de largas que las que habrían cumplido en Colombia. Ya es evidente, en el proceso y la opinión pública, que el caso penal en su contra ha sido impulsado por algunos de los extraditados.

Con nuestra convicción democrática y compromiso con el Estado de derecho, pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial de primera instancia. Las anomalías de dicho proceso constituyen afectaciones sistemáticas a sus derechos amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proceso penal contra el expresidente Uribe comenzó en 2012, cuando este presentó una denuncia por presunta manipulación de reclusos para vincularlo falsamente con grupos paramilitares. Seis años después, se desestimó la denuncia y se abrió una investigación penal contra el expresidente Uribe, quien ahora ha sido condenado.

El proceso contra el expresidente Uribe se ha caracterizado entre otras por estas anomalías:

1. Interceptación ilegal de comunicaciones privadas

Contrario a la garantía del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, durante la etapa preliminar del proceso, las autoridades interceptaron más de 21.000 registros de comunicaciones privadas del expresidente sin autorización judicial. Esto solo habría debido bastar para hacer nulo el proceso y las pruebas. Sin embargo, se aduce que la interceptación se dio por “error” al confundir su número telefónico con el de otra persona. En todo caso, la información se ha seguido utilizando dentro del proceso sin que exista registro alguno que constituya evidencia de culpabilidad, en contra de los derechos a la intimidad, al debido proceso, entre otros.

2. Filtraciones selectivas a medios de comunicación

A lo largo del proceso, múltiples piezas procesales fueron filtradas a la prensa de forma irregular, muchas de ellas sujetas a reserva judicial. Estas filtraciones han generado una condena mediática que afectó el juicio de los decisores. Con ese comportamiento se han afectado de manera irreparable el derecho al buen nombre, a la honra y a un juicio justo, todo en contravía del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, ha afectado de forma grave su seguridad personal y familiar. Prueba de ello son las incontables amenazas personales y virtuales que ha recibido.

3. Sustento en testimonios no confiables

El principal testigo del caso, Juan Guillermo Monsalve, fue condenado durante la presidencia del expresidente Uribe a 40 años de prisión por secuestro y concierto para delinquir.Otros de los principales testigos en contra del expresidente no merecen ninguna credibilidad. Han sido objeto de investigaciones por falso testimonio, entre otros.

4. Anomalías procesales

En violación del debido proceso, de defensa, de contradicción y de los estándares del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en el proceso contra el expresidente Uribe: (i) se homologó un llamado a indagatoria a una imputación; (ii) se intentó vincular al expresidente a nuevas investigaciones sin permitirle ejercer su derecho de defensa y (iii) se dictó una detención (medida de aseguramiento) sin pruebas en su contra limitando su derecho a la defensa.

5. Cambio intempestivo en la postura de la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación solicitó consistentemente en dos ocasiones la preclusión del proceso por inexistencia de delito y ausencia de dolo. E intempestivamente cambió su postura y decidió acusar al expresidente Uribe, rompiendo con una aproximación procesal que fue sostenida por más de dos años. Este cambio coincidió con el cambio de administración en la Fiscalía General de la Nación durante el actual gobierno, del cual el expresidente Uribe es opositor.

6. Pese a la solicitud de Exoneración por parte de la Procuraduría General de la Nación, se anunció una sentencia condenatoria de primera instancia

No se ha demostrado, en todo el expediente, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya cometido delito alguno. Cabe destacar que la Procuraduría General de la Nación, en su calidad de cabeza del Ministerio Público, solicitó formalmente la absolución del expresidente el día 27 de junio de 2025, mediante un pronunciamiento fundado en derecho que señaló: (i) la falta de pruebas contundentes, (ii) la credibilidad gravemente cuestionada del testigo clave, y (iii) las debilidades estructurales del caso legal.

A pesar de ello, se anunció un fallo condenatorio, desconociendo incluso la postura del órgano constitucionalmente encargado de velar por las garantías procesales.

Nuestra lectura angustiosa y la solicitud de actuación a las instituciones que Uds. representan se sustenta en que, a pesar de todas las vulneraciones e irregularidades, Álvaro Uribe Vélez, colombiano ejemplar y expresidente de Colombia, se ha sometido a la justicia, ha comparecido personalmente, ha colaborado en cada instancia y cada paso de este tortuoso procedimiento. Hoy enfrenta un anuncio de condena en primera instancia que se ha construido sobre una cadena de irregularidades.

Esta comunicación no busca generar presión institucional o personal sobre la Justicia colombiana. Por el contrario, se presenta para denunciar un patrón histórico estructural previo, cuyas consecuencias jurídicas hoy se han materializado con un anuncio de condena que exige una atención oportuna desde los órganos internacionales.

Como lo concluirán ustedes, esta solicitud se fundamenta en una cadena documentada de anomalías procesales y por sus incidencias posibles sobre el cuadro institucional y democrático de Colombia.

Por estas razones, solicitamos respetuosamente que se le dé al presente caso la total prioridad que amerita en sus instancias de defensa de los derechos humanos y de la democracia, y que se activen los mecanismos adecuados de monitoreo, protección o pronunciamiento, conforme a sus competencias, a fin de prevenir, además, la consolidación de un precedente que socave los pilares de los sistemas Universal e Interamericano de derechos humanos.

Con sentimientos de alta consideración y estima,

Mauricio Macri, Expresidente de Argentina

Carlos Mesa G., Expresidente de Bolivia

Jorge Tuto Quiroga, Expresidente de Bolivia

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Expresidente de Chile

Iván Duque, Expresidente de Colombia

Óscar Arias, Expresidente de Costa Rica

Rafael Ángel Calderón, Expresidente de Costa Rica

Miguel Ángel Rodríguez E., Expresidente de Costa Rica

Osvaldo Hurtado Larrea, Expresidente de Ecuador

Guillermo Lasso Mendoza, Expresidente de Ecuador

Jamil Mahuad, Expresidente de Ecuador

Lenin Moreno, Expresidente de Ecuador

Alfredo Cristiani, Expresidente de El Salvador

Vicente Fox, Expresidente de México

Felipe Calderón, Expresidente de México

José María Aznar, Expresidente del Gobierno de España

Mariano Rajoy, Expresidente del Gobierno de España

Nicolás Ardito Barletta, Expresidente de Panamá

Mireya Moscoso, Expresidenta de Panamá

Ernesto Pérez Balladares, Expresidente de Panamá

Mario Abdo Benítez, Expresidente de Paraguay

Federico Franco, Expresidente de Paraguay

Juan Carlos Wasmosy, Expresidente de Paraguay

Hipólito Mejía, Expresidente de República Dominicana

Luis Alberto Lacalle H., Expresidente de Uruguay

Julio María Sanguinetti, Expresidente de Uruguay

Juan Guaidó, Expresidente (E) de Venezuela

Luis Fortuño, Exgobernador de Puerto Rico

Es auténtica,

Asdrúbal Aguiar A.Secretario General del Grupo IDEA