Exclusivo: la fiesta de 4-72. Esa entidad se convirtió en un operador logístico del Gobierno Petro. Así logra millonarios contratos con entidades

El servicio de correo y postales del Gobierno, 4-72, habría pasado de vivir una fuerte crisis financiera hace un par de años a ser una boyante empresa de contratación de logística con varias entidades gubernamentales. Quienes están al frente del operador postal del Estado estarían aprovechando su figura de constitución mixta, en la que puede contratar bajo el régimen privado, para hacer concesiones de forma directa sin ningún tipo de control y adquirir millonarios recursos del Gobierno y de todos los colombianos.

SEMANA revela lo que estaría ocurriendo en la entidad y las decenas de contratos que se han hecho con varios ministerios o dependencias del Gobierno, entre los que se encuentran el Ministerio del Interior, del Deporte, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Minas, la UNGRD y la Unidad para las Víctimas.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, ha venido revelando varios de estos contratos que generan profundos interrogantes y podrían configurarse en presuntas irregularidades. “Me parece extraño que la empresa de correos del Estado se haya convertido en una empresa o en un operador logístico de eventos”, denunció.

El concejal reveló una licitación por más de 14.000 millones de pesos, en la que llamó la atención que uno de los documentos con los que se sustentó fue suscrito el pasado 8 de septiembre de 2025 por el exministro de las TIC Mauricio Lizcano, hoy precandidato presidencial, en el que certifica como “presidente de la junta directiva de 4-72”, cargo que tuvo antes de salir del Gobierno, que se puede adelantar el contrato con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Briceño le pidió intervenir a la Personería de Bogotá.

4-72 está adscrito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Cuando Lizcano estaba al frente de esa cartera fue que se tomó la decisión de prorrogar por diez años la concesión y reestructurar la compañía, pues venía de una fuerte crisis financiera que en su momento también fue denunciada por esta revista.

En octubre de 2023, Lizcano nombró a Juan Alberto García Estrada como presidente de 4-72 y desde entonces se ha mantenido en el cargo. La decisión de ser operador logístico la tomó García junto a Lizcano luego de una consultoría especializada.

Ese enfoque hoy generaría dudas, pues se estaría utilizando para obtener millonarios contratos del Gobierno para operar logísticamente eventos y otras necesidades sin la mayor transparencia, aprovechando el régimen de contratación privada que tiene la empresa del Estado.

Uno de los contratos se firmó en pleno año nuevo de 2024, a medianoche, por 30.592.773.204 pesos con el Ministerio del Deporte y con una duración de 12 días. Tenía el propósito de organizar el programa Jornada Deportiva Escolar Complementaria en la Región Caribe, unos juegos intercolegiados en esa región y que, según la exministra Astrid Cáceres, impactaría a más de 4.000 menores de 98 instituciones educativas de Magdalena, Atlántico y Cesar.

Varios de los contratos de 4-72 como operador logístico han sido suscritos con la Unidad para las Víctimas, que, según reveló esta revista en su pasada edición, se ha convertido en un fortín burocrático en el que estarían involucrados varios políticos cercanos al Gobierno Petro. De hecho, Briceño alertó que con la empresa de mensajería postal podría estar pasando una situación similar.

En 2024, dicha entidad contrató 74.825.451.684 pesos con 4-72. Los contratos de 2024 entre la Unidad para las Víctimas y el MinDeporte suman 105.418.224.888 pesos. Solo con la Unidad para las Víctimas se registran cinco contratos en los últimos dos años que suman 202.542.382.677 pesos.

Sobre los contratos de la Unidad para las Víctimas, aunque algunos mantienen el propósito de servir como operador logístico, otros solicitan apoyo en transporte y suministro de alimentos no perecederos en todos los departamentos que se necesiten para llegar a las víctimas del conflicto armado.

Uno de los contratos fue suscrito el 18 de febrero de 2025 por un valor de 68.739.340.586 pesos; otro fue por 58.977.590.407 pesos el 31 de enero de este año; otro por 54.834.002.933 pesos del 7 de febrero de 2024; uno más por 8.036.943.854 del 23 de abril de 2024; y otro por 11.954.504.897 pesos, firmado el 5 de julio de 2024.

En 2025 entraron otras entidades a contratar con 4-72 con el mismo propósito. Ese año, los contratos sumaron 296.953.512.566 pesos. Es decir, que solo entre 2024 y 2025, 4-72 ha logrado recaudar 402.371.737.454 pesos en contratos de logística con los ministerios.

Uno de los contratos fue firmado con el Dapre, a cargo de Angie Rodríguez, en junio de 2025, con el objetivo de prestar servicios de organización y logística para la Presidencia. El contrato tiene un valor de 11.756.716.624 pesos y contempla la contratación de servicios por medio de un tercero, contratado de manera directa, para brindar desayunos, refrigerios, snacks, cenas, computadores, impresoras, internet, sonido, televisores, tarimas, entre otros. Según la oferta que presentó el vicepresidente de 4-72, Guillermo Palacio, un desayuno que consta de jugo, un plato de fruta, huevos, panes, mantequilla o mermelada y café tiene un valor de 31.100 pesos. Un almuerzo en empaque biodegradable vale 35.900 pesos y emplatado 54.300 pesos. Y un refrigerio de una bebida, un sólido y una fruta vale 17.800 pesos.

Otro llamativo contrato fue firmado con el Ministerio del Interior, a cargo de Armando Benedetti, por 88.964.440.069 pesos para llevar a cabo toda la logística que requiera esa cartera. Allí se contempla que se deben atender las necesidades de varios grupos de poblaciones como asuntos religiosos, de comunidades negras, indígenas, diálogo social, entre otros. También se detallan los precios de amenidades correspondientes a temas logísticos y de eventos.

Con la UNGRD, la entidad envuelta en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno, también se firmó un contrato para “realizar la adquisición y distribución de asistencia humanitaria de emergencia, alimentaria y no alimentaria a nivel nacional” por 50.000 millones de pesos.

Se hizo a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene a cargo la Fiduprevisora, que también ha estado envuelta en escándalos en el Gobierno de Gustavo Petro.

Allí se especifica que están contemplados productos como aceite vegetal, arroz, azúcar, café, chocolate, fríjol, harina de maíz, harina de trigo, leche, entre otros. Adicionalmente, hay otro contrato con el Ministerio de Minas y Energía por 18.515.424.880 pesos, firmado el 15 de mayo de 2025, que también tiene como propósito prestar servicios logísticos para eventos de la entidad.

Es conocido que 4-72 forma parte del fortín político que tiene el Partido de la U, en medio de la repartija de carteras que hizo el Gobierno al comienzo de su mandato y que se ha mantenido. Se trata de una colectividad en la que varios de sus miembros han acompañado las reformas del Gobierno y no se descarta que pueda haber involucrados de esa colectividad en este entramado.

Juan Alberto García contestó que la operación logística no está alejada de las funciones de 4-72 y que la ley permitiría que presten este tipo de servicios. Además, que operar bajo el régimen contractual propio no equivale a falta de control u opacidad. “Nuestra obligación es custodiar los recursos públicos y operar con los más altos estándares de transparencia”, dijo. Y que están sometidos a la fiscalización y a los órganos de control competentes. “Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia”, dijo.

García ha aspirado a la Alcaldía de Barranquilla, a la Gobernación del Atlántico y a la Cámara de Representantes. En su campaña a la Alcaldía en 2002 tuvo el apoyo de Máximo Noriega, otro político de esa región que terminó salpicado en el escándalo de Nicolás Petro.

La empresa 4-72 no ha tenido mucho protagonismo en el país; sin embargo, estos hechos podrían abrir una caja de Pandora de la política que toca al Gobierno nacional y a sus aliados en el Congreso de cara a las elecciones de 2026.