Exclusivo: el Gobierno Petro perdió el control de la frontera con Ecuador, hoy en manos de una peligrosa red criminal que amenaza la soberanía. SEMANA se internó en ese territorio sin ley

Colombia no solo perdió el control de la frontera que comparte con Venezuela, ahora se alista para una confrontación política y judicial con Perú por el dominio de la isla Santa Rosa. El Gobierno Petro también descuidó la segunda zona limítrofe más importante para el país, la ecuatoriana, que ahora está en manos de una macabra alianza criminal que amenaza la soberanía nacional.

En los últimos dos años, narcotraficantes y guerrilleros se adueñaron de 586 kilómetros y tienen las llaves de la puerta de ingreso y salida a Ecuador, según una docena de informes de inteligencia e investigaciones judiciales de ambas naciones que revela SEMANA.

Las Fuerzas Militares le reconocieron a esta revista, desde Quito y Bogotá, que sus soldados no tienen el mando en la región, y un equipo periodístico que se internó en el territorio durante varios días constató que los ejércitos fueron reemplazados por una poderosa mafia que les puso precio a los Estados. “Ellos han comprado todo lo que han querido. Tienen para pagar fiscales, jueces, uniformados y políticos. Se pasean allá y acá, pero no tenemos la capacidad de dominarlos”, detalló un alto oficial ecuatoriano, que le hace contrapeso al avance de los delincuentes al otro lado del lindero internacional.

La plata les ha alcanzado para construir puentes y carreteras en la selva con el fin de mover la cocaína que se cosecha en las montañas de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo, unas de las principales despensas de las sustancias ilícitas que inhalan miles de personas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Las autoridades han detectado 185 pasos clandestinos que custodian hombres con fusiles y escopetas, cuyas rutas también son utilizadas para ingresar la mayoría de las armas que mantienen viva la guerra en Colombia. Asimismo, por allí entran cientos de explosivos que perforan la tierra y permiten extraer metales preciosos de manera ilegal, que son el músculo financiero del Clan del Golfo.

Mientras los grupos ilegales tienen disponibles millones de dólares para delinquir y máquinas para producir centenares de billetes falsos que ingresan al mercado nacional, las autoridades no tienen recursos suficientes para enfrentarlos.

La XXIII Brigada del Ejército, que enfrenta la misión de sostener la soberanía en la jurisdicción de Nariño, tiene una reducción en el presupuesto de 2025 cercana al 21 por ciento (cuenta con apenas 77 millones de pesos) y la XXVII Brigada, que cumple con la misma tarea en Putumayo, no recibió recursos en 2024 y este año le consignaron 46 millones de pesos, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa. SEMANA indagó con la institución para conocer las razones de este drástico recorte y no hubo respuesta.

La Policía pasa por el mismo drama. Un alto oficial de la región reveló que, aunque hay un incremento en el número de uniformados y las diferentes especialidades hacen hasta lo imposible para cumplir con sus objetivos, el rezago operacional los tiene en desventaja frente a los enemigos: “No tenemos las capacidades para ponerles control a los pasos ilegales. Hay pocos recursos en tecnología, investigación e inteligencia. Por ejemplo, a la hora de estudiar un caso, no encontramos cámaras de seguridad. A eso se suma la difícil tarea con la comunidad, que no denuncia ni da información por el temor infundido por los criminales”.

Una paz fallida

Las autoridades ecuatorianas son conscientes de que la seguridad en Colombia ha estado condicionada por los diálogos de paz que sostiene la Casa de Nariño con los grupos criminales, y los coletazos se han sentido en su país. “Nosotros llamábamos a nuestros compañeros colombianos y nos decían que no podían operar por las restricciones de fuego, no podíamos hacer operaciones espejo, el Gobierno en Bogotá no los dejaba”, manifestó con asombro un coronel del Ejército ecuatoriano, quien resaltó que después de la serie de rupturas en esas conversaciones de paz volvieron a retomar las maniobras ofensivas y han podido propinar varios golpes en la frontera.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha tenido acercamientos con todos los criminales que delinquen en la zona limítrofe con Ecuador y con ninguno ha sido exitoso, según la evidencia recopilada por las unidades de inteligencia ecuatorianas y colombianas.

Por un lado, fracasaron las conversaciones con el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por alias Iván Mordisco, que opera en Tumaco y Barbacoas a través del frente Oliver Sinisterra. Este grupo mantiene vínculos con carteles de México, Albania y Ecuador para la venta de cocaína, cuyos pagos reciben en efectivo, en productos de contrabando para dar apariencia de legalidad a sus operaciones, y en armas o drones que luego utilizan para atacar comunidades enteras, así como a policías y militares.

Por el otro, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con la facción de Iván Ríos, disidencia de la Segunda Marquetalia, sigue empuñando las armas y controlando territorios en los dos países para multiplicar sus ingresos, de la mano de capos europeos y mexicanos, principalmente en Ricaurte. “Se encargan de producir la cocaína y tienen suficientes conexiones para enviarla a los puertos ecuatorianos, que luego zarpan en submarinos”, describió un oficial colombiano a SEMANA.

A su vez, los Comandos de Frontera, que también se desmarcaron de alias Iván Márquez, no paran de asesinar y producir cocaína desde Putumayo e Ipiales. “Utilizan a las comunidades indígenas para sembrar la coca y para transportarla a través de sus resguardos hasta la frontera, donde reciben el cargamento los carteles ecuatorianos. Eso nos limita las operaciones y dicen que es algo ancestral, cuando es todo lo contrario. Nos protestan y hacen bloqueos cuando los afectamos, y estas comunidades les piden a las guerrillas que, como les cobran extorsiones, las defiendan, entonces, de las autoridades”, detalló la misma fuente bajo reserva.

Los Comuneros del Sur, disidencia del ELN, cuyo proceso de paz avanza con la entrega de armamentos y hasta hoy es calificado como un “éxito”, estaría siendo una farsa, según los hallazgos de las tropas en Cumbal, Mallama y Santa Cruz, del lado colombiano.

Interceptaciones telefónicas, testimonios y allanamientos en ambos países ponen en evidencia que los Comuneros del Sur habrían instalado un grupo delincuencial paralelo para poder seguir sosteniendo las economías ilícitas mientras negocian con el Gobierno Petro.

“Se cambiaron de nombre y uniformes. Ahora se presentan como las Autodefensas Unidas de Nariño y visten de negro. No se les ha querido reconocer como un grupo armado organizado, pero cumple con todas las características para serlo”, narró bajo reserva un alto mando de las Fuerzas Militares en Colombia. Ecuador tiene la misma información y en sus documentos de inteligencia ya les modificó la identidad. “Ahora son las Autodefensas y los estamos combatiendo porque cometen muchos delitos en la zona”, detalló un mando de ese país a SEMANA.

Sin la marca de los Comuneros, los criminales reclutan bajo engaños a hombres y mujeres a cambio de un salario mensual de 500 dólares (unos 2 millones de pesos). Uno de ellos reconoció el plan frente a las autoridades tras ser detenido: “Lo que se dice es que hay que erradicar a los viciosos, a los ladrones, a otros grupos de la zona, cobrar vacunas y más cosas. A mí me pagaron el primer mes y no me volvieron a dar nada. Me escapé y ahora tengo miedo”. Las unidades de inteligencia han detectado que este grupo estaría integrado por más de 180 personas que se mueven entre Colombia y Ecuador, cuya fundación ocurrió hace menos de seis meses, cuando despegó el proceso con el Gobierno Petro.

Una autopsia criminal

El general Fausto Salinas, excomandante general de la Policía ecuatoriana, dijo a SEMANA que, hasta 2024, la institución que dirigía estimaba que, de las 1.500 toneladas de cocaína que Colombia podía producir cada año, cerca de 900 habrían pasado por Ecuador para ser enviadas a distintos destinos del mundo desde los puertos de sus provincias costeras.

“Sin duda, la frontera es uno de los puntos más críticos del Ecuador debido a que en Colombia existe una producción de cocaína que trata de llegar a los mercados internacionales y el Ecuador se convierte en centro de tránsito. La frontera es extensa y sumamente compleja, lo que hace difícil lograr una cobertura total”.

Salinas manifestó que Nariño es el departamento de Colombia que más producción de cocaína transporta a su país, tras los estudios de inteligencia que direccionó en su momento. Al analizar los resultados de la política antidrogas del Gobierno Petro en ese territorio, esta revista estableció que el Ministerio de Defensa, por medio de sus fuerzas, no ha erradicado una sola hectárea de cultivos ilícitos en 2025 por una orden judicial, y en 2024 fueron 23 hectáreas, cuando la ONU proyecta la existencia de 30.000 hectáreas repletas de hoja de coca.

En esa zona también ha caído la destrucción de infraestructuras para la producción de drogas ilícitas en un 35 por ciento. La incautación de hoja de coca disminuyó en 11 por ciento y la de base de coca se contrajo 9 por ciento, según datos del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, el Ejército ecuatoriano le respondió a SEMANA que los grupos guerrilleros colombianos están controlando la extracción ilícita de yacimientos mineros en su país, generando una crisis ambiental histórica y poniendo en riesgo cientos de vidas de indígenas y campesinos: “Por un kilo de oro que ponen en el mercado, tienen 100.000 dólares (más de 400 millones de pesos), y la extracción es todo el tiempo”.

La lupa está puesta sobre los Comuneros del Sur, que ahora se presentan como las Autodefensas Unidas de Nariño, y las fracciones de la Segunda Marquetalia, que se repartieron los terrenos para operar bajo tregua con los Choneros y los Lobos, las principales estructuras delincuenciales ecuatorianas.

Un informe de inteligencia de Ecuador al que accedió esta revista ilustra que las guerrillas colombianas se encargan de perforar la tierra en ese país, extraen el material aurífero y lo trasladan en poleas, vía aérea, hasta el suelo colombiano para continuar su producción.

“El oro lo materializan en Colombia porque saben que en Ecuador las Fuerzas Armadas tenemos la posibilidad de arrebatarles todos los elementos y destruirles la maquinaria sin contemplaciones. Ellos saben que en Colombia hay menos limitaciones para operar y son conscientes de eso”, dijo un oficial de ese Estado. Esta versión fue confirmada por las Fuerzas Militares colombianas: “Se les escucha decir que aquí sí respetamos los derechos humanos, entonces vienen a producir el oro ilegal”.

La evidencia muestra que estas actividades están concentradas en municipios de Nariño. Los resultados operacionales en la lucha contra la minería ilegal contrastan contra la complejidad de las pruebas y encienden las alarmas. En lo que va corrido del año, apenas se han materializado ocho capturas en la frontera por este fenómeno, la misma cifra que se tuvo en 2024; y tan solo se han incautado 17 unidades de producción de minería ilegal en 2025, mientras que el año pasado fueron diez, de acuerdo con las cifras remitidas por el Ministerio de Defensa, donde se cuantifican las operaciones de todas las fuerzas colombianas. Los resultados, evidentemente, son pobres.

Para el expresidente Iván Duque, en ese rincón del país se ha incrementado notablemente la presencia de actores ilegales y mafias extranjeras si se compara con como lo entregó en agosto de 2022, y aseguró que el Estado ha perdido su fuerza por las decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro.

“Se ha debilitado estructuralmente toda la capacidad ofensiva, y recuperar la que se tenía antes es muy difícil. A eso se suma la permisividad que ha habido con los cultivos ilícitos. Y la paz total, que es una paz fatal, que lo que hace es debilitar la estructura del Estado al servicio de los intereses de la criminalidad”, dijo.

Diego Molano, exministro de Defensa, indicó que estos delitos están acompañados de un constreñimiento a poblaciones vulnerables bajo la mirada del Estado, cuyo panorama se agudizó en los últimos dos años, según el exfuncionario. “Los grupos armados se apropiaron de territorios indígenas, donde no se puede hacer ninguna actividad. Han venido ganando espacio las organizaciones colombianas en la frontera y se han enfrentado por el poder. No solo hay estructuras colombianas, también hay mexicanas”, afirmó.

El poder de Rumichaca

Además del cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, que coordinan las relaciones internacionales de las guerrillas colombianas y las estructuras ecuatorianas, SEMANA estableció que también hay presencia del Tren de Aragua, cuyos tentáculos se direccionan desde Venezuela. Una investigación de las Fuerzas Militares colombianas probó que esta organización criminal tomó el control del puente Rumichaca, el paso legal por donde circulan cientos de personas diariamente bajo la aparente vigilancia de los Estados.

Con base en las pruebas, se conoció que el Tren de Aragua “asumió el narcotráfico en esa zona, el cobro de vacunas a todos los sectores de la economía, el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, los homicidios y el cambio de las monedas”.

Para ello, logró penetrar a la fuerza pública: “A los policías colombianos les ofrecen beneficios económicos, puede ser una cuota fija o esporádica. El dinero se los dan para que los alerten de los movimientos de la fuerza, para que omitan sus funciones o para que afecten a sus bandos contrarios con operativos”, reconoció una fuente de la institución. Frente a esto, hay varias investigaciones internas en curso y varios uniformados han sido privados de la libertad.

Este puente también es testigo de una práctica que tiene preocupada a la región: “el cambiazo”. Del Ecuador salen cajas de ketaminas hasta la frontera y las entregan a receptores que las ingresan a Colombia a cambio de cargas de cocaína. “Intercambian coca por ketaminas, que son las que sirven para hacer las drogas sintéticas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Ese es el cambiazo y se da en la frontera”, manifestó la Policía colombiana.

A pocos metros de allí, se han identificado fábricas de dólares que son propiedad de las guerrillas y que ponen al servicio de los carteles ecuatorianos para infiltrar la economía de esa nación, y las mezclan con las ganancias de la cocaína, el oro, el contrabando y las extorsiones.

Sumado a estas prácticas, las intimidaciones a la población civil son diarias. Las guerrillas atormentan a colombianos y ecuatorianos para que se desprendan de su dinero y trabajen para ellos. La situación es dramática.

“A cada litro de leche le imponen un impuesto de 200 pesos. A los mineros les cobran 300 dólares por trabajar en bocaminas. A los mandatarios locales los amenazan. A los indígenas los obligan a ejercer el control y a imponer sus reglas, si no lo hacen, los asesinan, como ha ocurrido en el territorio”, contó a SEMANA, bajo reserva, uno de los líderes de la región, con el temor de ser identificado por las estructuras ilegales.

¿Qué hay detrás?

De acuerdo con las investigaciones de la Justicia colombiana, los principales responsables del descontrol que hay en la frontera son Duverney Valencia Forero, alias Gerson (Estado Mayor Central); Wilson de Jesús Londoño Cano, alias Uriel (Segunda Marquetalia); Giovanni Andrés Rojas, alias Araña (Comandos de Frontera), y Gabriel Yepes Mejía, alias H. H. (Comuneros del Sur/Autodefensas Unidas de Nariño).

El exfiscal Néstor Humberto Martínez explicó que no es la primera vez que los grupos criminales colombianos tienen injerencia en el Ecuador, y la motivación es que les resulta más rentable enviar la cocaína a través de ese país que a través del territorio colombiano: “La salida de las lanchas rápidas es mucho más beneficiosa desde Ecuador que desde la costa Pacífica colombiana por dos razones. La primera, por la vigilancia estatal. La segunda, porque en Ecuador hay un subsidio a la gasolina para la pesca artesanal, y eso hace que, insólitamente, la gasolina sea utilizada para llevar la pasta base de coca. Eso ha requerido una regulación”.

Para él, “desde el nuevo Gobierno, del Pacto Histórico, no se han hecho operativos en esa zona como en las épocas de Uribe, Santos y Duque. Eso quedó entregado a la ley del delito y de la criminalidad”. Y planteó la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa, por medio de recursos internacionales, pueda acceder a los computadores que se le incautaron a Raúl Reyes en 2008, excomandante de las Farc abatido en ese país, para conocer las verdades pendientes y poder hacer justicia.

Para el general Salinas, excomandante de la Policía del Ecuador, las ventajas logísticas que hay en su país también son el argumento de los criminales para llevar la coca: “Aquí los trayectos son más cortos, si se compara con los colombianos, entonces se han aprovechado de eso. Lo que hay que dejar claro es que en el Ecuador no tenemos sitios vedados, las Fuerzas Armadas llegan a todos los rincones”.

Justo cuando acaba de estallar un conflicto con Perú por la isla Santa Rosa, queda en evidencia que Colombia enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes en sus zonas fronterizas.

Por el lado de Venezuela, la guerrilla del ELN, bajo la complacencia del régimen de Nicolás Maduro, tiene el control absoluto y somete a la población civil; por Panamá, el Clan del Golfo se adueñó de la selva del Darién y actúa como la autoridad para monitorear el flujo de migrantes y la salida de cocaína hacia Centroamérica; en la Amazonía, las disidencias de las Farc de Mordisco asumieron la salida de droga hacia Brasil; con Nicaragua, bandas criminales coordinan la salida de drogas y el paso de migrantes irregulares por San Andrés.

El país, durante los últimos dos años, retrocedió años en el control de sus fronteras, mientras el Gobierno Petro hablaba de paz total. Las bandas transnacionales del crimen actúan a sus anchas sin que nadie se los impida.