“En el fondo sí están tratando de hacer expropiaciones exprés”: exministra Cecilia López detalla los problemas de la jurisdicción agraria

El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria, una idea que el mandatario ha tenido desde el comienzo de su mandato. Sin embargo, la iniciativa generó múltiples críticas.

Una de las voces ha sido la de la de la exministra de Agricultura, Cecilia López, quien, en entrevista con SEMANA, detalló los riesgos que ve en ese articulado que será discutido por el Congreso.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria?

CECILIA LÓPEZ (C. L.): El acto legislativo que ya fue aprobado yo lo presenté, o sea que comparto totalmente la necesidad de que haya jueces especializados en temas agrarios. Este es el de la reglamentación, que es donde me surgen muchas dudas. Primero porque hay una historia muy clara de cómo quiere realmente hacer el Gobierno la reforma agraria. Y segundo, porque hay sombras en esta presentación que le generan a uno la duda de que quieran volver a hacer algo con lo que, personalmente, y creo que muchas personas en el país, no están de acuerdo, que es una expropiación no por la vía judicial, como prevé la norma actualmente, sino por la vía administrativa, porque ha habido varios intentos para hacerlo así.

SEMANA: ¿Cuál es la alerta con la expropiación exprés?

C. L.: La ley sí prevé que haya expropiación por razones de utilidad pública, pero como la ley lo prevé hoy es un proceso judicial, o sea, son los jueces los que deciden si el Gobierno puede hacer eso. Puede decirle a una persona “esta tierra se la vamos a expropiar, se la pagamos a este precio porque creemos que es de utilidad pública”. Lo que el Gobierno quiere hacer, desde que yo estaba y fue una de las razones por las cuales yo renuncié en su momento –antes de que me echaran– es porque el Gobierno cree que a pesar de que va a haber jueces especializados, que va a ser más ágil el proceso, quieren hacerlo más rápido por la vía administrativa, que es darle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el poder para que escoja qué tierras va a expropiar y fijar el precio. Y la persona, como es por la vida administrativa, solamente puede acudir al juez a solucionar o a plantear sus dudas cuando ya es un hecho cumplido. Me parece que eso es una una cosa muy negativa que puede crear una situación muy seria en el país, porque hay otras maneras de hacer la reforma agraria.

SEMANA: ¿Una persona que tenga un terreno que el Gobierno considere improductivo, la ANT podría expropiarlo y luego esa persona tendría que llegar posteriormente a donde un juez?

C. L.: Ese es el riesgo, porque hoy no puede hacerlo así. La norma actual exige que sea un juez el que dirime, o sea, si le señalan esa tierra, la agencia, la persona víctima o sujeta a esta demanda, puede ir donde un juez él dirime; acá no, cuando ya se cumpla el hecho es que la persona afectada podría ir donde el juez cuando ya el proceso suceda y quién sabe cuánto se demore.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro defendió la idea de la expropiación exprés diciendo que, por ejemplo, este recurso se ha utilizado en obras como el metro de Bogotá o las troncales de TransMilenio, ¿es distinto a lo que se propone en esta jurisdicción agraria?

C. L.: Ahí hay una confusión muy complicada que hace, con todo respeto, el señor presidente. Una cosa es que usted en Bogotá expropie una serie de apartamentos y de casas porque usted va a construir el metro, o va a ampliar una vía; el beneficio ahí sí es una utilidad pública para millones de personas. Cuando usted va a una finca y le dice: “no señor, yo necesito esa tierra porque se le va a entregar a unos campesinos”, esos campesinos van a tener propiedad sobre la tierra, puede hacer un negocio, eso es un beneficio privado.

Eso por un lado. Por el otro, el presidente está desconociendo que una cosa es la tierra urbana y otra cosa es la tierra rural. En la tierra urbana no hay los problemas tan graves que hay en la tierra rural, extinción, baldíos, ilegalidad en la propiedad. Está confundiendo utilidad pública, que son millones de personas beneficiándose, con el hecho de que si el campesino produce 20 bultos de papa, eso fue utilidad pública porque eso contribuye a la alimentación del país... perdón, eso es un beneficio privado.

SEMANA: ¿Qué le decía el presidente Gustavo Petro cuando estaba en el Gobierno sobre la idea de una jurisdicción agraria?

C. L.: Mire, uno para hacer reforma agraria tiene dos posibilidades: o compra la tierra con una negociación con la persona, o la expropia. O la compra por las buenas o la compra por las malas. Aquí esto empezó con las buenas, con un instrumento que existe, que es el catastro. Nosotros alcanzamos a presentarle al presidente los mapas donde estaban las tierras subutilizadas para desde allí dirigirlas al catastro. Una vez que el catastro multipropósito llegara, le iba a disparar el precio porque la tierra rural sí está subvaluada, por eso una persona puede tener una cabeza de ganado cada hora, porque no tiene que pagar impuestos; con el catastro se le disparan los impuestos y ahí entonces la persona tenía que tomar una decisión que era: o la pongo a producir para pagar el impuesto, o se la vendo al Gobierno. Eso fue lo que para lo cual yo creí que llegaba, esa es la forma. Eso es lo paralizaron y no están movilizando el catastro, no están identificando cuáles son las tierras, lo que quieren hacerlo es esforzado. La ministra lo dice, que no va a ser expropiación administrativa, sino que va a ser una compra forzada por utilidad pública del bien. Ahí hay muchas cosas muy raras, quién define la utilidad, pero ella sí habla de expropiación de compra forzada, o sea, el Gobierno abandonó la compra no forzada.

SEMANA: No quieren ir por la vía de una concertación...

C. L.: No, a la fuerza y rápido. Y además, sin que se defienda la gente. Por eso es la pelea. Yo no entiendo por qué, si ya va a haber unos jueces, que no había antes. Yo creo que eso es muy importante que haya jueces dedicados y conocedores de lo rural, por qué en ese proyecto de ley que regula, organiza cómo se va a desarrollar esa ley, que es muy importante, le meten un refuerzo a la Agencia, le asignan a la ANT la posibilidad de tomar decisiones sobre procesos administrativos que tienen que ver con el campo. Entonces le dicen a uno “pero eso ya existe”, entonces para qué lo meten en una ley. Yo creo que la sombra es que en el fondo sí están tratando de hacer expropiaciones exprés, expropiación por la vía administrativa y no por la vía judicial y han abandonado la negociación en la compra de tierras.

SEMANA: ¿Cómo se escogerían esos jueces?

C. L.: Eso sí no sé cómo sería el proceso, porque es que aquí ya parece que los jueces no son importantes. O sea, lo contradictorio de la ley, es que después de que se hace esto tan importante de crear estos jueces que son gente que conoce, que se va a especializar en el tema y que se van a dedicar a eso, refuerzan la agencia, o sea, por qué debilitan los jueces, por qué les quitan a los jueces funciones, si se trata de aprovechar nuevas personas que tenemos dedicadas a resolver conflictos rurales, por qué le entregan a la agencia ese poder, que eso es una decisión de un funcionario público.

SEMANA: ¿Cómo ha visto el papel de la ministra de Agricultura Martha Carvajalino?

C. L.: Ella dice que no va a hacer expropiación administrativa, sino compra forzada, basada en la utilidad. Obviamente, ella no está por el sistema de una compra negociada con los dueños, no, lo van a hacer forzada, lo dicen, son palabras textuales de ella. Creo que está comprometida con eso, y en el fondo, muchas personas, no solamente yo personalmente como exministra, mucha gente ha dicho que detrás de todo esto puede haber la intención de volver a meter, como han tratado de meterlo varias veces, la expropiación por la vida administrativa, dejarle a la Agencia ese poder.

SEMANA: ¿Cómo está viendo el papel del presidente Gustavo Petro para reformar el agro colombiano?

C. L.: Está demasiado dedicado solamente a tierras con el empeño de hacerlo a la fuerza y rápido, y yo lo veo muy dedicado. Es válido fortalecer a los indígenas, a los afros y a la pequeña agricultura, eso yo lo apoyo. Lo que no entiendo es cómo no están integrando esto con la gran producción, que espero que no se la clasifiquen entre los ricos, corruptos, etcétera, la gran producción agrícola es muy importante. ¿Hoy que está creciendo en el sector agropecuario? La gran producción, dentro de ellas el café, al que el Gobierno le ha dado tan duro.

Me parece que hay cosas positivas en lo que está haciendo el Gobierno, pero se está olvidando de que el agro es mucho más que la pequeña agricultura, es muy bueno que trabajen con la agricultura familiar, hay que encontrarle soluciones a los indígenas y a los afros que están en tierras que tienen un gran valor ambiental, pero no se puede descuidar la agricultura comercial, ni siquiera el mediano y menos grande hay que integrarlo, en eso eso veo el Gobierno muy parcializado en una parte del problema rural.

SEMANA: Hay congresistas que han advertido que actores del agro se verían perjudicados con este proyecto, ¿es así?

C. L.: Lo importante es integrar al gran productor con el pequeño, obligar al gran productor al pequeño, que fue algo que yo traté con el maíz, que no fuera solamente para sustituir importaciones a los grandes, sino que asociaran a los pequeños para que hubiera una cadena. Si usted no los asocia, quién va a invertir en la infraestructura que necesita el pequeño campesino para poder tener la producción que toca, pero, en este proyecto hay una cosa que puede que generar un gran problema y que lo denunció la senadora Valencia, hay un artículo que dice que si hay personas de que necesitan producir alimentos invaden una finca y se considera que esas personas son vulnerables, no se pueden sacar de la finca. Eso es incentivar la invasión. A mí me pasó siendo ministra que empezaron a invadir porque anunciamos la reforma agraria. Yo salí muy claramente y afortunadamente el Gobierno en este momento me apoyó a decirles a los campesinos: “Entiendo la urgencia, la necesidad, pero así matan la reforma agraria”. Si crean este problema de que empiezan a invadir tierras, ahí sí la reforma agraria muere porque crea una inestabilidad muy grande en el sector rural.

SEMANA: ¿La jurisdicción agraria abriría la puerta a más invasiones?

C. L.: No, la jurisdicción agraria, yo creo que si se usara como toca, si se usara la vía judicial, que va a ser mucho más ágil, porque va a tener jueces especializados, no tendría por qué generar eso. El problema es lo que se incluye dentro del proyecto, el problema es que se vaya a hacer una reforma agraria por la vía administrativa, eso me parece grave, incentivar que pueda haber invasiones, eso le quita el espíritu a lo que es impostergable, el país si necesita una reforma agraria.

Yo le preguntaría a la ministra y al Gobierno por qué abandonaron la forma de negociar con instrumentos como el catastro que está listo, pero ese catastro necesita una ANT con un equipo jurídico de primera. En este momento eso no ha pasado y mire cuántas demandas tiene la ANT en los entes de control. Y segundo, necesita una Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) muy clara para decir qué se puede producir. Yo no veo la Upra, no ahora si no desde siempre muy débil para cumplir ese rol. O sea, no se ha preparado el esquema para hacerlo por la vida como se inició que era una manera de negociación. Ahora estamos simplemente por la vía forzada.

SEMANA: Si es aprobado este proyecto, ¿la expropiación exprés la podría volver a tumbar la Corte Constitucional como sucedió con el Plan Nacional de Desarrollo?

C. L.: Yo creo que por lo menos aclaren. Los ministros, en vez de oír y de estar cuidadosos de explicar, hasta que el Congreso les acepte este proyecto de ley, lo que están haciendo es descalificándonos; entonces Cristo sale a decir “es que ella no es abogada”, sale inclusive el hijo de Samper a descalificarnos, no, perdón, aquí tenemos que pensar en el país. Claro que se necesita una reforma, pero no cree en un clima que la imposibilite. Y ahora, para el debate en el Congreso, tienen que escuchar dónde están las dudas, por eso yo hablo de sombras y de historia que no quieren reconocer.

SEMANA: ¿Van por los grandes terratenientes del país cuando hablan de concentración de tierras?

C. L.: Y tienen razón. Yo le digo una cosa, yo que soy costeña, estas tierras tan valiosas no se pueden dejar ahí que simplemente están esperando que crezca Montería, que crezca Sincelejo y las ventas por metro cuadrado. No, eso no hay derecho. Y eso pasa porque el valor de la tierra está en el piso y se necesita que se actualice el valor y que paguen los impuestos. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma agraria, con que hay que poner a producir esas tierras, sí, eso es cierto, pero el problema no es ese, es cómo se hace.

SEMANA: ¿Le ve buen ambiente a este proyecto en el Congreso?

C. L.: Si estos ministros siguen con esta actitud tan agresiva de descalificar y de subestimar la inteligencia colombiana, cree que somos brutos; perdón, así no es. Si siguen con esa actitud van a tener un ambiente muy negativo, pero si abren el debate y ven dónde hay que hacer claridad, puede pasar el proyecto, pero que no nos metan por debajo de cuerda, usando palabritas en normas que ya existen y diciendo que todo existe, cuando lo están cambiando; que no traten de disimular eso porque no les va a pasar. Yo creo que el debate está abierto.