Política
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, fue denunciado por el polémico viaje a un exclusivo hotel en Palomino, La Guajira
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, fue denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el polémico viaje que realizó la magistratura a Palomino, La Guajira, revelado por SEMANA.
La expedición tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de abril en esa zona del Caribe y estuvo minada de múltiples polémicas por las exclusividades que la rodearon. La plata no salió del bolsillo de la JEP, fue apalancado con recursos de cooperación internacional.
En respuesta a un derecho de petición, la Jurisdicción le indicó a SEMANA que el evento se desarrolló en el marco de un proyecto apoyado por el Instituto de Paz de los Estados Unidos, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dam y Humanity United.
En un documento radicado en las últimas horas en la Comisión de Acusación, se pidió la apertura de una investigación penal y disciplinaria en contra del togado por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en estos acontecimientos.
Una ciudadana cuestionó que Ramelli impulsara el viaje “sin vínculo funcional con actuaciones judiciales específicas ni aprobación del órgano de gobierno. (…). Se realizaron actividades calificadas como talleres y espacios de reflexión institucional, en un entorno turístico y en condiciones de ostentación”.
Ella también se quejó de que “el evento se realizó mientras se encontraban pendientes decisiones judiciales de fondo en macrocasos de graves violaciones a los derechos humanos, contrariando así la misión de la JEP y su visión institucional centrada en la austeridad, el enfoque restaurativo y el respeto al mandato constitucional”.
En el documento, la denunciante también alertó de la expedición de más de 30 comisiones de servicio sin aparente justificación judicial: “Estas comisiones no tenían relación con audiencias ni actos procesales urgentes y fueron utilizadas para justificar un retiro masivo de magistrados del ejercicio jurisdiccional, supusieron una pérdida de días laborales institucionales y una paralización sustancial de la actividad judicial ordinaria”. A su juicio, “el uso de estas comisiones para actividades no judiciales representa una posible simulación de necesidad institucional, desviación de poder y violación del principio de eficiencia en la función pública”.
Igualmente, ‘la guerra de cartas’ tiene protagonismo en la denuncia. SEMANA informó en su momento que la magistrada Claudia López Díaz le advirtió en una comunicación escrita a Alejandro Ramelli de la inconveniencia del encuentro en Palomino, justo cuando el país cuestiona a la JEP por la falta de resultados, con copia a Steve Hege, director del Instituto de Paz de Estados Unidos, y a Ángela Ramírez, directora ejecutiva de Barómetro en Colombia y del Instituto Kroc.
La polémica se armó por la respuesta de Ramelli a la funcionaria: “El reglamento de la JEP establece que la vocería oficial recae exclusivamente en la Presidencia. Así las cosas, respetuosamente, debo solicitarle que, en adelante, se abstenga de dirigir comunicaciones a actores internacionales en relación con los apoyos dirigidos a la entidad. La invito, asimismo, a que toda observación sobre los procesos en curso la comunique directamente a la Presidencia o al representante de su sección ante el órgano de gobierno para valorar desde allí la forma más adecuada de darles trámite”.
Para la denunciante, esta expresión pondría en evidencia una gravedad institucional: “Constituye una forma de coartamiento (sic) de la libertad de expresión judicial; desconoce la autonomía funcional de las magistraturas, pretendiendo imponer una forma de silencio administrativo no prevista por el reglamento interno; implica una usurpación de autoridad jerárquica, ya que la Presidencia de la JEP no detenta superioridad jerárquica sobre los magistrados de las salas y secciones”.
