El polémico acuerdo de confidencialidad con el que el Gobierno Petro y la gerencia de la Imprenta Nacional quieren ocultar el proceso de los pasaportes

Siguen apareciendo irregularidades alrededor de la firma del nuevo acuerdo con Portugal para la expedición de los pasaportes, luego de que el próximo primero de septiembre se acabe el contrato con la multinacional Thomas Greg & Sons.

La cruzada que ha librado el Gobierno Petro para que sea la Imprenta Nacional la que se quede con esa responsabilidad, respaldada por el Gobierno de Portugal, ha dejado minado un camino de secretismos y encontrones entre funcionarios que dicen que tal acuerdo no existe y que la Imprenta no está lista para asumir semejante responsabilidad, y aquellos que defienden el proyecto a capa y espada.

Tras las controversias de las últimas semanas —que ya cobraron la cabeza de la excanciller Laura Sarabia; que pusieron al jefe de despacho, Alfredo Saade, en la palestra pública por aventarse a dar fechas para la firma de un acuerdo que sigue en veremos, y que destaparon varias irregularidades dentro de la Imprenta Nacional, que no tendría las capacidades para cumplir— apareció un nuevo elemento en medio del ya complicado proceso de los pasaportes.

Miembros de la junta directiva denunciaron en SEMANA que desde la gerencia de la Imprenta Nacional, a través del departamento jurídico, se les estaba presionando para firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto ocurrió antes de la reunión de la junta directiva que se iba a realizar en la tarde del pasado lunes.

Lo extraño de la cancelación de la reunión, aseguran los denunciantes, es que el acuerdo de confidencialidad fue el requisito que desde la gerencia les impusieron a los directivos para remitirles la información necesaria del proceso de pasaportes que se iba a discutir en el encuentro. Dicha asamblea fue aplazada debido a la negativa de algunos miembros de la junta de no firmar el documento.

En la reunión cancelada y pospuesta para este martes, sin un horario definido, se tratarán temas tan importantes como el acuerdo que la Imprenta Nacional va a firmar con la Cancillería para los pasaportes del país, el informe que debe entregar la gerente general, que se denomina ‘Acuerdo internacional’, y la aprobación de las vigencias futuras para el proyecto.

“Solicitamos como miembros de la junta la información necesaria para poder preparar la reunión que tiene que ver con el tema de los pasaportes. Con sorpresa, nos dimos cuenta de que enviaron un acuerdo de confidencialidad que debía firmarse y, hasta el momento, algunos de los miembros de la junta directiva no hemos recibido la información y tampoco vamos a firmar ese documento”, aseguraron.

Según conoció esta revista, la reunión extraordinaria de la junta directiva no fue convocada por el viceministro del Interior, Jaime Berdugo —quien actúa como presidente de ese órgano colegiado y quien debe llamar a asamblea—, sino por la secretaría técnica, que es ostentada por la subgerente administrativa y financiera de la Imprenta Nacional.

Pese a que Berdugo no fue el que llamó a reunión, sí solicitó expresamente que se hiciera el reparto correspondiente de los documentos necesarios sobre el proceso de pasaportes a todos los miembros de la junta. Sin embargo, aseguran algunos de ellos que “dos horas después” recibieron un mensaje del director jurídico de la Imprenta Nacional (que no hace parte de la junta directiva) en el que les decía que para poder acceder a la información, debían firmar un acuerdo de confidencialidad.

SEMANA se comunicó con el viceministro del Interior para preguntar por los motivos del aplazamiento de la reunión e indagar si él tenía conocimiento del documento que desde la Imprenta Nacional estaban haciendo firmar a los miembros de la junta. Berdugo aseguró que él no había convocado a la junta y que, por instrucción del ministro Armando Benedetti, cualquier aspecto relacionado con la Imprenta Nacional sería abordado por el jefe de despacho, Alfredo Saade.

Esta revista se contactó con Saade, pero no recibió respuesta alguna.

El documento mencionado por los miembros de la junta directiva y que conoció esta publicación se denomina ‘Acuerdo de confidencialidad para miembro de la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, proyecto impresión en seguridad - pasaportes’.

En el texto de cuatro páginas aparecen clausulados tales como que los miembros de la junta directiva deberán someterse a auditorías espontáneas de todos sus medios electrónicos, realizadas por personal que la gerencia designe para comprobar el cumplimiento del acuerdo.

También, que deberán solicitar autorización de la gerencia para poder discutir los temas que se traten en la junta directiva, y que tendrán un periodo de 24 horas, en caso de violar el acuerdo, para confesarlo ante la gerencia general de la Imprenta Nacional.

Sin embargo, el clausulado no es claro sobre las sanciones que dicho incumplimiento podría generar, pero sí explícito cuando se refiere a que las sanciones serán discrecionales de la gerente general de esa entidad.

“Esto quiere decir que nos pueden revisar los computadores cuando quieran, que nos pueden sacar de la junta directiva como sea, incluso violando el debido proceso. El hecho de que tenemos que suscribirnos a este acuerdo de por vida. Todo eso se sale de la realidad legal. También nos prohíben denunciar irregularidades sin el permiso de la gerente (...), nos quieren poner una mordaza”, aseguraron desde la junta directiva.