El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le pedirá al registrador que realice la consulta popular el 7 de agosto: “O corre el riesgo de un prevaricato”

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dirigirá una carta al registrador, Hernán Penagos, donde le pedirá que realice la consulta popular este 7 de agosto.

De lo contrario, le advertirá que “corre el riesgo de un prevaricado por omisión”.

El punto de partida de Montealegre es que el control constitucional del decreto presidencial es posterior, como lo dijo la misma Corte Constitucional y quedó consignado en la página 25 del Decreto 639 que convoca a la consulta popular.

Según el ministro, “es imperativo el cumplimiento de sus funciones constitucionales, de lo contrario, sí habría ruptura institucional”.

En la misiva, Montealegre dirá que hay razones jurídicas que se encuentran en la motivación del decreto presidencial, que son suficientes y constituyen un título jurídico para actuar sin temor o dudas de incurrir en una actuación ilegal.

“Lo ilegal es no actuar, eso sí es anarquía constitucional”, enfatizará el ministro de Justicia.

A juicio del exfiscal general, “no es un tema que se pueda someter a actuaciones administrativas que pretenden establecer posturas de diferentes organismos; posturas que no aportan más que opiniones y máximos conceptos no vinculantes, como los de la sala de consulta del Consejo de Estado”.

Montealegre también le dirá a Penagos que “el nutrido debate jurídico en diferentes instituciones, no es razón para detener su actuación; tampoco es una catástrofe institucional, o un hecho inédito; es un signo de una democracia sana que canaliza sus desacuerdos a través de vías institucionales que permiten diferentes puntos de vista”.

El registrador Hernán Penagos argumentó, entre otras razones, el alto costo de la consulta popular que, según sus estimativos, podría superar los 750.000 millones de pesos.

“El costo no puede ser razón para no implementar un procedimiento. El registrador Hernán Penagos dice que esta consulta cuesta 750.000 millones, la anticorrupción de Claudia López costó más de 310 mil millones y no prosperó; pero eso no indica que no debiera seguirse el trámite”, expresará.

Y rematará: “La supuesta insuficiencia de tiempo tampoco puede ser razón admisible, pues los términos concuerdan con lo previsto en la ley y siempre pueden adoptarse planes de contingencia; eso es ya de competencia del registrador”.

Hernán Penagos dijo que menos de 55 días es poco tiempo para convocar a una consulta popular porque ese mecanismo democrático se realiza como una elección normal y requiere más de tres meses para su planeación.

Eduardo Montealegre enviará su carta a Hernán Penagos en lo que resta de este martes 17 de junio.

Y es que el registrador le informó al país que no acatará, al menos de momento, el decreto presidencial con el que Gustavo Petro y sus ministros le solicitan que convoque a votaciones este 7 de agosto para adelantar su consulta popular.

El jefe de la entidad electoral informó que prefiere esperar a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado decidan la suerte jurídica de varias demandas contra el decretazo para poder, eventualmente, poner en marcha la consulta popular.