El CNE le lanzará un salvavidas a Petro para las elecciones del 2026 y permitirá que se consolide el partido único de la izquierda. Esta es la historia

El presidente Gustavo Petro demostró esta semana que no tiene los ojos puestos en el proyecto de sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña de 2022, en el que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada confirmaron en más de 500 páginas, y tras revisar facturas de la Dian, documentos y pruebas testimoniales, que su campaña violó los topes electorales por encima de los 3.000 millones de pesos en primera y segunda vuelta.

Más allá de que Petro tenga el sol en la espalda y esté preocupado por rematar los 11 meses de Gobierno que le quedan, el presidente tiene hoy otras prioridades que, a juicio de sus más cercanos colaboradores, pueden ser decisivas para su futuro político: la conformación de un solo partido que surja de la fusión de las personerías jurídicas de la Colombia Humana –la colectividad que él fundó–; la Unión Patriótica; el Polo Democrático; el Partido Comunista; Progresistas, si se le reconoce la personería jurídica, y la Minga Política y Social.

El objetivo es que la nueva casa política se llame Movimiento Político Pacto Histórico, pero su consolidación está en manos del Consejo Nacional Electoral, una corporación administrativa que se convirtió en la diana de ataques de Petro en medio de la investigación por la presunta superación de topes y financiación irregular de la campaña.

Petro sabe que solo el CNE, a quien señaló en su momento de estar detrás de un “golpe de Estado” y del “golpe blando” contra su Gobierno, puede autorizar la fusión de esos partidos políticos y permitir conformar un gran bloque de izquierda, ya que no podrá constituir una coalición por prohibición expresa del Artículo 262 de la Constitución, al haber superado el límite de 15 por ciento de votos en las elecciones pasadas. Con este nuevo partido busca sostener el número de curules en el Congreso. O, incluso, obtener 55 senadores y 86 representantes, como dice el congresista Alirio Uribe, del Polo Democrático.

Por eso, esta semana, cuando los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ante la sala plena del CNE el expediente con cerca de 8.000 folios y casi 600 páginas en las que aparecen las 150 pruebas contra la campaña presidencial, Petro guardó un suspicaz silencio. Esta vez no se pronunció en redes sociales, su principal tribuna de comunicación.

Lo hizo, escuetamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, estoy seguro de que jamás los excedió”, dijo. Y precisó que él desempeñó un papel más político al lado del candidato y no estuvo en la recolección de recursos para la campaña, pese a que su voz se escuchó en una conversación con la excanciller Laura Sarabia hablando de 15.000 millones de pesos conseguidos en el Caribe.

En otras épocas, Gustavo Petro habría arremetido contra el CNE y especialmente contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes, del Centro Democrático, el partido político que lidera Álvaro Uribe, su principal contrincante político.

En los mentideros de la Casa de Nariño coinciden en que Petro dejó solo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el hombre que gerenció su campaña.

A finales de mayo de 2025, el jefe de Estado le pidió a Roa, delante de algunos integrantes de la junta directiva de Ecopetrol, que diera un paso al costado, que su salida no fuera traumática y que le cediera el espacio al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Como el enroque no se logró, porque el ungido por el presidente no cumplía los requisitos, Roa siguió al frente. Como si fuera poco, la Procuraduría la emprendió con decisiones disciplinarias contra el presidente de Ecopetrol y su pareja, Julián Caicedo; y el mandatario, nuevamente, guardó silencio.

Más allá de un posible distanciamiento entre Petro y Roa –quien sería el más afectado si el CNE aprueba la ponencia de Ortiz y Prada, porque le compulsarían copias a la Fiscalía–, está el interés del presidente en la conformación de un solo partido político de izquierda que juegue a su favor en 2026. Por eso, “la prudencia del mandatario con el Consejo Nacional Electoral ronda en los pasillos del palacio presidencial”, le dijo una fuente a SEMANA.

Si el CNE no fusiona las personerías jurídicas, el suicidio político de la izquierda estaría a tiro de piedra. El Polo Democrático, la UP, la Colombia Humana, entre otros, tendrían que sacar sus propias listas al Senado y la Cámara, y varios de ellos perderían curules e incluso desaparecerían como partido porque no alcanzarían el umbral, pronosticó Gustavo Bolívar. Como los partidos que hoy integran el Pacto Histórico superaron el 15 por ciento de los votos, establecido en la Constitución para las elecciones de Congreso en 2022, no podrán aliarse nuevamente.

Varios congresistas y miembros del Gobierno han hecho lobby ante magistrados del CNE, entre ellos, el ministro Benedetti y otros funcionarios. El objetivo es que los magistrados den vía libre a la fusión y constitución del nuevo partido en cuestión de semanas, porque el 26 de octubre, el petrismo hará una consulta interna para determinar los puestos de la lista cerrada al Senado. Una barrera legal se opone hoy al propósito de Petro y está establecida en el Artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que dice textualmente: “No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado el proceso sancionatorio”.

Cuatro de los partidos que firmaron la fusión del Pacto Histórico tienen procesos administrativos en el CNE.

La Colombia Humana cuenta con 27 investigaciones, de las cuales 13 tienen acto administrativo y otras 14 están por averiguar. Uno de los procesos es por la relación de candidatos que no presentaron informes de ingresos y gastos de la campaña al Congreso en las elecciones de 2022. Otra es una solicitud de sanción al partido por no realizar la elección del Consejo Nacional de Control Ético.

Por su parte, el Partido Comunista tiene cuatro investigaciones por resolver. Mientras que el Polo Democrático se defiende de 20 investigaciones en el CNE, de las cuales 14 ya tienen acto administrativo y las otras seis están en averiguación. Una de ellas, quizás la más sonada, es por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La Unión Patriótica tiene otra investigación porque, al parecer, no presentó los informes de gastos de la campaña en las elecciones territoriales de 2023.

SEMANA conoció que hay ambiente favorable en la sala plena para reconocer el derecho que tiene Petro a la fusión de las personerías jurídicas.

No obstante, antes de que se produzca esa decisión, deberá superarse la talanquera jurídica establecida por la Ley 1475 de 2011. Es decir, ningún partido deberá tener investigaciones administrativas activas para lograr la fusión.

Si nada extraordinario ocurre, en las próximas semanas los magistrados estudiarán una avalancha de investigaciones contra estos partidos para lanzarle un salvavidas al presidente. Algunas investigaciones serán archivadas y las colectividades serían sancionadas con multas económicas que, seguramente, pagarán sin poner obstáculos para limpiarse de los procesos en contra y con ello abrir la puerta a la consolidación de un partido único.

Hoy la unificación del partido político del presidente tiene los votos. La respaldarán Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, cercanos al Gobierno. También Altus Baquero e incluso los cinco magistrados del grupo mayoritario del CNE que, casi siempre, han votado contra el Gobierno: Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Alfonso Campo, Benjamín Ortiz y Cristian Quiroz.